(08-11-2024) El derecho a la libertad de expresión se encuentra gravemente amenazado en Venezuela, aún cuando está garantizado en el artículo 57 de la Constitución venezolana, en el que se establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz (…) sin que pueda establecerse censura.
Diversos tratados y convenciones, ratificados por Venezuela, establecen la obligación de garantizar este derecho fundamental.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este tratado garantiza la libertad de expresión y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos: Conocida como la Convención de San José, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Sin embargo, aún cuando en el artículo 23 de la Constitución se establece que todo tratado o convención en materia de Derechos Humanos adquiere automáticamente un rango constitucional en el orden interno (leyes nacionales), hemos observado cómo la vulneración de este derecho con rango constitucional ha sido sistemática.
A través de detenciones arbitrarias, desaparición forzada y hostigamiento a periodistas y activistas, como una práctica recurrente con el fin de crear más autocensura, pese a que la CIDH se pronunció en un llamado a Venezuela donde le exigía el cese inmediato a las prácticas de terrorismo de Estado.
Los casos de Ana Carolina Guaita y Nelin Escalante son ejemplos claros de cómo el Estado venezolano utiliza los mecanismos de terror en conjunto con el aparato judicial y las fuerzas de seguridad para silenciar las voces de aquellos que disienten.
Caso de Ana Carolina Guaita
Su detención arbitraria y desaparición forzada constituyen una grave violación a sus derechos humanos más fundamentales, la vulneración al derecho a la vida, la libertad personal y el derecho a la libertad de expresión.
A raíz de su detención, la CIDH le ha otorgado medidas cautelares a su favor, reconociendo de esta forma la gravedad de su situación, dejando entrever la vulnerabilidad de los periodistas que ejercen su profesión de manera crítica.
Caso de Nelin Escalante:
Al igual que muchos periodistas que han sido víctimas de persecuciones políticas al alzar su voz, la detención arbitraria de Nelin, aunque de menor duración, sigue reforzando la fragilidad del Estado de derecho en Venezuela, siendo su excarcelación producto de la presión nacional e internacional, y no de un proceso legítimo ante los órganos de justicia.
Ambos casos nos siguen demostrando que la visibilización es fundamental para exigir justicia y garantizar la protección de los derechos humanos en Venezuela.
