Ley de Cooperación Internacional busca centralizar fondos a costa de la ayuda internacional

La ONG Codehciu destaca el riesgo que implica a sus beneficiarios el proyecto de Ley de Cooperación internacional. Para la asociación Unidad y Cambio, solo busca legalizar un fondo centralizado con base en la solidaridad internacional

Crónica Uno

(08-06-2022) Con la Ley de Cooperación Internacional no solo se obliga el registro de las ONG. Su aprobación en la Asamblea Nacional implicaría que estas suministren cualquier información que les soliciten sobre sus integrantes, beneficiarios y fuentes de financiamiento.

El contenido ambiguo las deja en riesgo de suspensión y prohibición, y hasta criminalizarlas solo por su labor social.

La Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanos (Codehciu) entiende los riesgos que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional tiene para la labor de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.

«Cabe destacar que han sido estas organizaciones las que han documentado violaciones de los derechos humanos en el país, y han asistido a víctimas. Esta ley implica otro ataque a la libertad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco establece claridad ni precisión sobre lo que denomina como cooperación internacional”, destaca la ONG.

La organización dijo a Crónica.Uno que esto dificulta entender hasta dónde llegará la intervención del Estado hacia las ONG. Asimismo, existe vaguedad en el lenguaje de las disposiciones del proyecto. En consecuencia conllevaría a restricciones en el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y, por ende, a sus beneficiarios. En el caso de Codehciu, los afectados serían las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. 

«Codehciu no está de acuerdo con esta posible intervención del Estado, que pone en riesgo el trabajo de cientos de ONG que representan luz para las poblaciones vulnerables en la emergencia humanitaria compleja del país. Las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a acceder a financiamiento internacional sin restricciones», sostuvo Codehciu.

Menos beneficiarios

Agregó que poner restricciones al financiamiento de cualquier organización sería igual que limitar su acción. Ello llevaría a que menos personas necesitadas de protección y orientación sean atendidas, y menos vidas se cambiarían. 

«En nuestro caso como ONG, hablamos de que se verían afectados niños, niñas, adolescentes, mujeres y cuidadores que posiblemente no puedan acceder a nuestros servicios como todos los meses. Este proyecto de ley viola el derecho que tiene cada persona o colectivo de solicitar y recibir recursos, que ya de por sí son limitados cuando hablamos de contextos humanitarios, con el objeto de promover y proteger los derechos humanos».

Codehciu contabiliza casos de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y femicidios. Pero además, ofrece asesoría legal y apoyo a las víctimas y sus familiares.

La ONG admite que sus principales beneficiarios no están plenamente informados sobre el contenido de la Ley de Cooperación Internacional, y sus consecuencias a fondo.

Más hegemonía 

La Asociación Civil Unidad y Cambio, con sede en Ciudad Bolívar, también fijó posición en relación con las implicaciones de la eventual aprobación de la Ley de  Cooperación Internacional. 

«El mencionado instrumento jurídico en discusión se inscribe en el contexto político venezolano, caracterizado por la hegemonía de un régimen autoritario y antidemocrático. En efecto, el gobierno de Nicolás Maduro da continuidad y profundiza las políticas de su antecesor. Estas se dirigen a minimizar y cercenar el espacio cívico», expuso la asociación.

Denuncia que esa Ley de Cooperación Internacional limita y anula la organización y participación de la ciudadanía y la sociedad civil de manera autónoma e independiente. Con esto se pretende deslegitimar a las organizaciones no gubernamentales.

Además, el instrumento jurídico pretende vincularlas a supuestos actos desestabilizadores aupados por gobiernos extranjeros. Así criminaliza a las denuncias contra violaciones a los derechos humanos que comprometen al Estado, destacó la asociación Unidad y Cambio.

«Registramos la sistemática práctica oficial orientada a liquidar la libertad de expresión y la libertad de prensa. También se viola el derecho a la información a través de la censura, el cierre a medios de comunicación y el hostigamiento a la prensa», señaló esta ONG.

Denunció a su vez que el proyecto de Ley de Cooperación Internacional es inconstitucional y violatorio de tratados, pactos y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por Venezuela.

«Es absolutamente contrario al artículo 52 constitucional que reza ‘Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la Ley. El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho’. Derecho civil fundamental, propio de una sociedad libre ante un Estado con pretensiones de poder absoluto y de constituir un régimen totalitario», recordó.

Fondo centralizado

Los miembros de Unidad y Cambio consideran que la Ley de Cooperación Internacional solo pretende dar base legal «al despropósito del régimen de Nicolás Maduro de crear un fondo centralizado para recibir, controlar y utilizar en su beneficio los recursos provenientes de la solidaridad internacional para las ONG con proyectos sociales, historial de realizaciones y logros para beneficio de la población». 

Sostuvo que: «La intención es clara: ahogar financieramente a las ONG que atienden a víctimas de violaciones a los derechos humanos,  a las que trabajan por y para la nutrición y alimentación de niños y adultos mayores en circunstancias de vulnerabilidad y a las que prestan servicios educativos. Por esta vía y con estos recursos se dispone a financiar al rígido y controlado aparato que denomina poder popular”.

En Unidad y Cambio exhortan a demás organizaciones de la sociedad civil de Guayana, cualquiera que sea su ámbito de acción, a coordinar esfuerzos en defensa del derecho de asociación. También por los derechos humanos y contra lo que califican como el antidemocrático proyecto de Ley de Cooperación Internacional. 

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