4 de enero de 2026. Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos este comunicado, ante la actual coyuntura venezolana, consideramos que se abre la posibilidad de avanzar hacia una transición orientada a la redemocratización de Venezuela. En ese marco, afirmamos que el primer paso indispensable de dicho proceso debe ser la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, como condición básica para garantizar el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del Estado democrático.
En Venezuela permanecen más de 1.000 personas privadas de libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. Se trata de ciudadanos y ciudadanas detenidos arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales como opinar, protestar, defender derechos humanos, participar en política, informar, disentir, haber sido tomados como rehenes extranjeros para aumentar presión internacional o incluso solo por su filiación con personas perseguidas. Muchos de ellos llevan años encarcelados, sometidos a procesos judiciales viciados, sin debido proceso ni juez natural, con retardo procesal, condiciones inhumanas de reclusión y graves afectaciones a su integridad física y psicológica. Existen además numerosos casos que necesitan acciones humanitarias urgentes por encontrarse en condiciones de salud que comprometen sus vidas y requieren atención médica y psicológica integral inmediata.
En este contexto, sostenemos que la redemocratización del país debe tener como punto de partida innegociable la liberación inmediata, plena e incondicional de todas las personas presas por motivos políticos. No se trata de un gesto simbólico ni de una concesión política, sino del cumplimiento de obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Las liberaciones deben realizarse sin aumentar el sufrimiento de las víctimas, sin someterlas a nuevos juicios ilegítimos ni a procesos ante tribunales que resultan revictimizantes y profundamente dañinos, por lo cual es fundamental anular tales procesos judiciales ilegítimos, en consonancia con las garantías procesales y el debido proceso.
Hasta ahora, los procesos de excarcelación han sido limitados, selectivos y discrecionales, condicionados a medidas de control – como regímenes de presentacción, prohibición de salida del país u otras – que restringen derechos y mantienen a las personas liberadas bajo amenaza permanente de reencarcelamiento. Este esquema perpetúa la arbitrariedad, condena al resto de los presos políticos y a sus familias a depender de decisiones opacas y excluyentes, y ha permitido que el castigo, la amenaza y la extorsión se extiendan también a los familiares, multiplicando el número de personas afectadas por cada detención arbitraria.
Por ello, tras la liberación de todos los presos políticos, es fundamental desmantelar el aparato represivo que ha sustentado estas prácticas, garantizando que no se repitan las detenciones arbitrarias en ejecución de una política de persecución.
Advertimos que ningún proceso de transición puede construirse sobre una “selección perversa” de libertades, donde algunos recuperan derechos mientras otros permanecen injustamente privados de ellos. La democracia exige igualdad ante la ley, y ello implica una decisión que abarque a todas las personas presas por razones políticas, sin excepciones ni evaluaciones discrecionales, y sin que la vida y la dignidad humana continúen siendo objeto de negociación o mercadeo político.
La liberación de todos los presos políticos debe ser inmediata, plena, incondicional y verificable, con mecanismos de transparencia que incluyan listas públicas de personas liberadas por centros de reclusión, y garantías para que los excarcelados y sus familias puedan dar testimonio libremente, reduciendo el miedo, las amenazas y las cifras ocultas de arbitrariedades no denunciadas. Estas medidas contribuirán a aliviar la presión internacional y, sobre todo, a poner fin a prácticas que han instrumentalizado el sufrimiento humano con fines de control y legitimación política. Este proceso debe abarcar a quienes han sido excarcelados y se mantienen bajo el asedio de un sistema de justicia que les sigue restringiendo su libertad.
Reiteramos que la agenda de redemocratización debe construirse poniendo en el centro el respeto y la garantía de los derechos humanos, que incluya garantías de no repetición, restitución de derechos civiles y políticos, la anulación de los procesos penales arbitrarios, la rehabilitación física y psicológica y la protección efectiva a las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado por la política sistemática de detenciones arbitrarias.
Insistimos en nuestro llamado para las autoridades con responsabilidad institucional y a la comunidad internacional de avanzar hacia una transición que incluya entre una de las primeras medidas la libertad de todos los presos políticos, el cese de la persecución política y una ruta para garantizar justicia y no repetición de los hechos. No hay democracia posible mientras existan presos políticos.
