Durante la crisis sanitaria, el desempleo femenino, la violencia de género, la inequidad en la salud y en el salario, entre otros fenómenos, han ensanchado en forma catastrófica la brecha de género en América Latina. Tomará más de un siglo superarla.
Mary Panes trabajaba en Sanmina-SCI Corporation, una maquiladora de tarjetas para intercomunicaciones. Un día, esta mexicana de 49 años se enfermó de cáncer de cérvix y de las cuerdas vocales, aunque la seguridad social le permitió en un principio atender su enfermedad. Sin embargo, llegó la pandemia y la empresa la despidió, sin considerar su estado de salud.
Tres meses después perdió el servicio público de salud que pagó durante sus 16 años en la empresa y por más de seis meses no pudo conseguir empleo. Tras dedicarse al comercio informal por fin pudo entrar a trabajar, pero la despidieron cuando se enteraron de su cáncer, lo que le sucedió en dos oportunidades consecutivas. Cuenta que gracias a esos empleos, que le dieron un mes de seguridad social cada uno, pudo hacerse los estudios médicos que necesitaba. Hoy, tiene una semana de trabajar en un nuevo lugar, donde debe cubrir jornadas de 12 horas, pero está contenta porque espera tener medios para seguir su tratamiento.
El de Mary no es un caso aislado. La pandemia por Covid-19 provocó en todo el mundo una crisis social y laboral que se ensañó con las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que solo en este primer semestre de 2021 reportaron una tasa de contracción del empleo del 5 por ciento frente al 3,9 por ciento de la población masculina.
A nivel global, la crisis provocó que las mujeres perdieran al menos 800.000 millones de dólares en ingresos durante 2020. Esa cifra equivale al Producto Interno Bruto de 98 países, calcula Oxfam International. La entidad informa además que el mundo perdió 64 millones de empleos femeninos, y lo que es peor, sin considerar el sector informal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que esa región en particular presentó un retroceso de más de una década en participación laboral de las mujeres, ya que la tasa se situó en 46 por ciento durante 2020, mientras que en los hombres fue de 69 por ciento.
A este lado del mundo la situación es “bastante más precaria”, afirma Verónica Paz, coordinadora de investigación y políticas de Oxfam Bolivia. La causa, dice, es que existe “una mayor inserción femenina informal y además hay una desprotección absoluta, en los estados americanos, de la provisión de servicios públicos, de cuidado, de calidad y gratuitos”.
Esa circunstancia, por otro lado, se presenta sin mayores variaciones entre las latinoamericanas, “porque hay patrones culturales similares, que han asignado roles muy específicos para las mujeres”. Estas tienen que empatar trabajos domésticos y de cuidado familiar con actividad productiva para llevar ingresos adicionales a la casa, explica Claudia Cárdenas, directora del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de México. En muchos casos los salarios de las mujeres representan todo el ingreso familiar, por lo que ellas “se han convertido en una fuerza laboral importante”.
En el caso de las maquiladoras textiles y electrónicas las mujeres copan el 90 por ciento de la fuerza laboral. Durante el confinamiento, en México a muchas de ellas las mandaron a “disfrutar” de las vacaciones a las que tenían derecho y, a las que no las tenían, ahora les están cobrando el supuesto descanso. El equipo del CEREAL ha detectado casos de mujeres que por esa razón tienen deudas con las empresas. Otro alto porcentaje se quedó sin trabajo.
“La crisis amenaza los avances en materia de igualdad de género, ya que las mujeres han sufrido muchas más pérdidas de empleo, a la vez que ha aumentado su tiempo no remunerado”, apunta la OIT en el informe Tendencias 2021. En este sentido, de acuerdo con la CEPAL, un 56,9 por ciento de las mujeres en América Latina y un 54,3 por ciento en el Caribe trabajan “en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos”. Una de las razones, como informa la OIT, es que para ellas se intensificaron las tareas de cuidado de niños, enfermos y ancianos en el hogar, lo cual ha provocado un aumento del tiempo de trabajo no remunerado “que refuerza los roles de género tradicionales”.
María Amelia Viteri es investigadora en la Universidad de San Francisco y en la Universidad de Maryland. Reconoce que antes de la emergencia sanitaria ya había una cultura de “feminizar” el empleo de las mujeres hacia roles “históricamente asignados”, como el de ser cuidadoras. Se trata de trabajos precarios, poco legitimados, que al menos se triplicaron en la pandemia, lo que ha traído “consecuencias específicas de salud mental de las mujeres y sus familias”.
Por lo demás, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el personal femenino representa más del 70 por ciento del personal sanitario de América Latina y Caribe y “llevan la peor carga de la respuesta al COVID-19”. Asimismo, reporta que las mujeres ocupan el 73,2 por ciento del sector de la salud y “han tenido que enfrentar condiciones extremas, como extensas jornadas laborales”. Todo ello a pesar de que sus salarios son 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres.
Las mujeres no solo han sufrido a nivel laboral. En una sesión en Washington, Carissa F. Etienne, directora de la OPS, comentó que la continua interrupción de los servicios de salud debido a la Covid-19 “podría borrar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar”. Datos de 24 países revelan que más de 200 mil embarazadas se han enfermado de Covid-19 y mil de ellas han fallecido. “Son más vulnerables a las infecciones respiratorias como al COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves, que muchas veces requieren intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé”, detalla Etienne.
Por otra parte, ONU Mujeres, en el documento “Educación género y COVID-19”, publica cifras según las cuales la violencia de género contra niñas y adolescentes aumentó durante el confinamiento. Por ejemplo, en Colombia, entre el inicio del confinamiento y abril de 2020, se registraron 2.338 casos en niñas menores de 14 años. Estima que, a nivel mundial, por cada tres meses de confinamiento hay 15 millones de casos.
“Hay niñas que estuvieron expuestas 24 horas a sus agresores”, dice Enna Paloma Ayala, directora de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres en México. Afirma que la violencia contra las menores se debe discutir en el contexto de la pandemia, aunque por el momento no existen datos precisos.
Una crisis de tiempo atrás
La pandemia no trajo consigo, sino que acentuó la inseguridad, la precarización del trabajo, la postergación o interrupción de los estudios en mujeres latinoamericanas y migrantes en Estados Unidos. “Las hizo más visibles y las complejizó”, dice María Amelia Viteri.
Enna Paloma Ayala afirma que en crisis de estas dimensiones, la pérdida de derechos de las mujeres conduce a la violencia de género. “La violencia contra las mujeres es una forma extrema de discriminación. Y donde hay discriminación contra una mujer hay contextos de vulnerabilidad y de desigualdad material, social y política”, asegura.
Oxfam International considera que los efectos de esta pandemia se extenderán por años y que, este 2021, 47 millones de mujeres más se sumarán a la pobreza extrema. De acuerdo con un análisis del Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de género a nivel global tomará una generación más, “de los 99,5 años a los 135,6 años”.
Ese organismo sostiene que los gobiernos deben invertir en medidas de recuperación económica justas desde el punto de vista de género. Ellos deben “favorecer el empleo femenino y abordar el trabajo de cuidados no remunerado generando redes de seguridad social e infraestructuras de cuidados eficientes. La recuperación económica tras la pandemia no será posible sin la recuperación de las mujeres”.
Las mujeres en América Latina han luchado por años contra violencias estructurales que la pandemia agravó aún más. Algunos gobiernos han tomado medidas, muchas veces insuficientes, para paliar esa situación y han tratado de poner el tema en la agenda pública con mayor fuerza que antes. Hoy no solo ellos, sino toda la sociedad debe trabajar por revertir esta situación, para que Mary Panes y tantas otras dejen de vivir en carne propia una vulnerabilidad que no merecen.
