La actualización del Registro Electoral cerró el 16 de abril. Las jornadas estuvieron marcadas por constantes denuncias que vulneraban los derechos civiles y ciudadanos de las personas
(18-04-2024) Después de 28 días, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cerró el lapso establecido para actualizar datos o inscribirse en el Registro Electoral y poder participar en las elecciones pautadas para el próximo 28 de julio.
Durante los días de inscripción, fueron muchas las denuncias que se hicieron sobre el proceso dentro y fuera del país.
En el exterior, el retraso en la instalación y apertura de los puntos de inscripción, fue una constante. Además, muchos venezolanos migrantes denunciaron la exigencia de diferentes requisitos para poder llevar a cabo su actualización de datos o el registro de nuevos votantes.
En Argentina, Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, solicitó al CNE que se conceda una prórroga para la atención de los migrantes y, cientos de venezolanos se apostaron a las afueras de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires y bajo el grito de “queremos votar”, exigieron que se les permita participar en las elecciones presidenciales.
Trotta aseguró que de los más de 220 mil venezolanos que viven en Argentina, apenas, cerca de 500 pudieron inscribirse en el padrón electoral en los 10 días de inscripción en ese país.
Algo similar ocurrió en Lima, Perú, donde los migrantes venezolanos aseguraron que les están negando la posibilidad de votar; pues, las autoridades venezolanas les están solicitando un carnet asociado a una visa permanente, algo que, según los migrantes, solo tiene una minoría.
Sin luz ni internet, la denuncia más recurrente
En Venezuela los obstáculos no fueron menos, y se vincularon de manera directa con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
Por redes sociales, muchos venezolanos manifestaron que en sus municipios no había punto de inscripción del CNE, por lo que tenían que movilizarse a otros municipios, generándoles gastos que no estaban dentro de su presupuesto. Esto ocurrió, sobre todo, en municipios rurales.
Un ejemplo de ello fue los estados Mérida donde, de 23 municipios, 11 no contaron con jornada de Registro Electoral; Táchira que de 29 municipios solo 13 tuvieron punto de inscripción y Trujillo, entidad en la que, de 20 municipios, en 10 fueron instaladas máquinas del CNE; es decir, la población del 53 % de los municipios de la región andina, no tuvieron la oportunidad de inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral, a menos que se movilizaran a otras jurisdicciones.
Carmen Guerrero vive en el municipio Guaraque de Mérida, y uno de los puntos de inscripción del CNE más cercanos, estaba en el municipio Tovar. Para actualizar sus datos tenía que recorrer cerca de 40 kilómetros, trayecto que le iba a quitar mucho tiempo y en su trabajo no le daban permiso. Además, representaría un gasto adicional.
“No era solo el pasaje, era la comida, sin saber cuánto tiempo me iba a demorar porque me dijeron que el proceso era lento (…) ¿se imaginan que yo me eche ese ‘polo’, llegue allá y se vaya la luz?, pierdo el viaje y, además, mi día de trabajo”, señaló.
Carmen optó por motivar a quienes sí podían movilizarse para que acudieran a inscribirse.
La falta de electricidad e internet fue otra de las trabas con que se encontraron muchos venezolanos a la hora de formalizar su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral.
Rubén Vielma fue uno de ellos. Asistió tres veces al punto de inscripción de su municipio y no pudo inscribirse porque el sistema estaba caído, no había electricidad o el proceso era muy lento y tenía que retornar a su lugar de trabajo.
“No sé si lo están haciendo para que nos cansemos y nos vayamos, pero es inaceptable que un evento tan importante como la inscripción para poder ejercer mi derecho al voto, tenga tantos obstáculos. El CNE debería extender sus horarios y, además, garantizar suministro eléctrico e internet para que todos los venezolanos que quieran inscribirse, lo puedan hacer sin problema”, dijo Vielma en su último intento por ingresar al padrón electoral.
En el municipio Cardenal Quintero, también en el estado Mérida, Vanessa Barrios, tuvo que ir más de una vez al punto de registro electoral; pues, por la falta de electricidad, no pudo inscribirse al primer intento. Finalmente, lo logró.
En el estado Carabobo, a menos de 4 horas del cierre del lapso para actualización y registro ante el CNE, el punto del CNE estaba sin servicio eléctrico. A pesar de esto, muchas personas se mantuvieron en cola esperando el restablecimiento del servicio.
Esta realidad se vivió en varios estados del país.
Hostigamiento contra periodistas y activistas
Denunciar vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela es cada vez más arriesgado.
Y muestra de ello, es el hostigamiento del cual fue víctima el periodista Dexcy Guédez, corresponsal de Unión Radio, IVC y La Patilla en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
“Guédez recibió una llamada en la que fue conminado a borrar en Instagram un video en el que un ciudadano denunciaba la caída del servicio eléctrico en el punto del RE de Punta Piedras”, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en su cuenta en X.
El SNTP agregó que quien llamó al comunicador, se identificó como funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.
Se pudo conocer también que la persona que hizo la denuncia, le solicitó al periodista que eliminara la publicación; pues, de no borrar el material, lo dejarían detenido.
A este hostigamiento, en medio de un proceso electoral, se suma la detención del periodista y activista comunitario Carlos Julio Rojas, y el intento de detención contra el periodista Yuiser González, en Barinas.
En medio de un proceso electoral, los derechos civiles y políticos; además de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los venezolanos, están siendo vulnerados de manera sistemática, arreciando la persecución, el hostigamiento y la criminalización de quienes denuncian las arbitrariedades a las que son sometidos.
