(02-04-2022) Una representación de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados y periodistas jóvenes se movilizó a la sede del Ministerio Publico y posteriormente a la Fiscalia con competencia de Derechos Humanos para exigir información sobre el avance de las investigaciones en torno a los crímenes de lesa humanidad registrados en el años 2017.
La petición coincide con los cinco años de las movilizaciones de 2017, cuando a través de la implementación del Plan Zamora se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el estado Carabobo y en diversos estados de Venezuela.
También ocurre en el marco de la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al país y a 15 días de que se venza el plazo que la CPI dio a las autoridades del chavismo para presentar su defensa a las acusaciones del conjunto de delitos en el territorio.
Varias solicitudes
Al respecto, Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, explicó que realizaron varias solicitudes formales. La primera, conocer cómo se encuentra el estatus de la investigación solicitada el 7 de abril del 2017 sobre el allanamiento a la Universidad de Carabobo, hecho ocurrido dos días antes, el 5 de abril de 2017, donde más de 30 estudiantes terminaron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Aún no se ha identificado a los culpables.
En segundo lugar, reiteraron la solicitud ante la fiscalía 35 con competencia en Derechos Humanos de acceso al expediente del activista y defensor de derechos Humanos Moisés Cordero, víctima de la represión del 23 de febrero de 2019 en el Fuerte Paramacay, donde perdió el ojo derecho a causa de disparos provenientes de la base militar.
Se ha reportado retraso procesal en el caso y no se han dado a conocer los involucrados ni la cadena de mando que dio la orden de disparar.
Todos deben declarar y denunciar
María Alejandra Rotering, recordó que ninguna persona debe quedarse sin declarar y denunciar los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos desde el año 2014 hasta la actualidad.
Comentó que existe una Red de Documentación que agrupa una cantidad de abogados y activistas para prestar asesoría jurídica y recopilar los casos para presentarlos en un informe ante la CPI.
Los jóvenes informaron que a partir de este 1 de abril iniciará una campaña en conmemoración a los hechos ocurridos entre abril y agosto de 2017, donde estudiantes y jóvenes resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante las movilizarán contra la ruptura del hilo constitucional y el orden democrático en Venezuela.
