Los impactos de la emergencia humanitaria compleja y la prolongación del conflicto político han socavado las condiciones de vida de los venezolanos en medio de la desigualdad y políticas económicas que no garantizan los derechos sociales, ha advertido Provea en su Informe Anual 2023: La crisis solo tendrá salida cuando las demandas de justicia e igualdad de derechos puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional
(01-05-2024) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presenta su Informe Anual 2023 número 35, en el que advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país, la ONG denuncia que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
Provea subraya que estos resultados son el producto de un modelo económico y social excluyente y de una gestión gubernamental que ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, una “década oscura” de empobrecimiento y represión en el país.
Frente a estas circunstancias, la organización no gubernamental señala que hay un país que no se cansa de levantarse ni de luchar “un país que aspira caminar hacia un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos políticos, sus derechos económicos y sus derechos sociales”.
Venezuela continúa en Emergencia Humanitaria Compleja (EHC)
La situación social siguió deteriorándose, según los registros. La población trabajadora que mantiene sus ingresos en bolívares presenció la disminución de su poder de compra y sus derechos laborales, los empleadores (en particular en el sector público) retienen el monto de beneficios como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales a un salario mínimo oficial de 4 dólares americanos, afectando también el valor de las pensiones y jubilaciones que permanece anclado a estos 130 Bs, insuficientes para proteger a la población y garantizar las necesidades más básicas.
El deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.
“La escasa capacidad de compra de la población impide que aumente la demanda interna y por ello este panorama de alta desigualdad y pobreza masiva constituye actualmente un límite para las posibilidades de mantener el crecimiento económico bajo el modelo que ha impulsado el gobierno” sostiene la organización.
El resto de la política social se ha basado en los bonos asociados al “Carnet de la Patria” que son excluyentes por ser otorgados bajo discreción del gobierno. El otro componente de la política social fue la ayuda alimentaria, que significó la distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este programa sigue siendo insuficiente, de periodicidad irregular y con poca variedad y calidad de los productos que solo llegan a aportar el 15,5% de los requerimientos calóricos de una persona.
El resultado de este panorama de alta inflación, bajos ingresos y débil protección social es devastador, de acuerdo con diversos indicadores que detalla la ONG: solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6% dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
En materia de acceso a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre severas restricciones para el acceso a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso acceso a servicios de transporte.
Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos
En el marco de la edición 35 de Informe Anual de Provea, se presentó un balance sobre los 10 años de gestión de Nicolás Maduro y el impacto que este ha tenido sobre la garantía y realización de los derechos humanos en Venezuela.
El pasado 19 de abril de 2023, Nicolás Maduro arribó a su décimo año al frente de la primera magistratura nacional. Al asumir la presidencia, Maduro afirmó que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, pero, tras el incumplimiento de sus promesas, se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día: un presidente anti obrero.
Provea denuncia que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
En 10 años de gestión, Maduro impidió un entorno favorable para superar la pobreza y enaltecer el valor de los derechos humanos y la democracia, desconociendo sus obligaciones respecto a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la población.
Entre 2015 y 2022 Venezuela cayó 39 puestos en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al cierre de 2022, el organismo registró un IDH de 0,699 lo que sitúa al país en el puesto 119 de 193 países analizados, entre los más bajos de América Latina.
La organización reitera que en los últimos años, Venezuela ha sufrido una caída de más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial, ocasionando un daño a la capacidad productiva del país.
La gestión de Maduro condujo al país -por primera vez en su historia- a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de miles de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional.
A pesar de las afirmaciones de los voceros oficiales sobre el impacto de las sanciones financieras – impuestas a partir del 2017-, estas fueron posteriores al inicio de la crisis económica que estalló con mayor fuerza desde 2014. La ONG venezolana señala que en paralelo, en comunidades pobres y cárceles del país, la violencia institucional de agentes de seguridad del Estado ha sido empleada como un mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos. La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo a los registros de Provea, entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados. Esta crisis ha significado que desde mediados de 2015 diversos mecanismos de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos, sigan con preocupación la crisis en Venezuela y su impacto en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos.
Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos han revelado la existencia de una política o plan de Estado orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”. Esta advertencia ha sido una de las principales realizadas por la comunidad internacional de los Derechos Humanos.
Provea advierte que, junto a la pobreza, la impunidad estructural sigue siendo la mayor violación de derechos humanos en Venezuela. Subrayan un irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el acaparamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizando impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
La organización con más de 35 años en Venezuela insiste en que la crisis solo tendrá una solución cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.
«El anhelo profundo de una “Venezuela donde vivir plenamente sea grato y decoroso”, tal como señaló el novelista, expresidente de Venezuela y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rómulo Gallegos, está presente en la sociedad venezolana que continúa saliéndole al paso a las dificultades que imponen las condiciones imperantes»
