Presentación del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela
48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos
Ginebra, 13 de septiembre de 2021
Señora Presidenta, Excelencias,
Me complace presentar mi informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la cooperación entre mi Oficina y la República Bolivariana de Venezuela (HRC/45/45.2).
Tras dos años de la presencia de mi equipo en el país, seguimos ampliando nuestras áreas de cooperación, así como nuestro acceso y presencia. En este espíritu, justo el viernes pasado, acordamos la renovación de la Carta de Entendimiento, doblando el número de oficiales de derechos humanos en el país de 6 a 12. Esa cooperación seguirá centrándose en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas policial y judicial recientemente anunciadas.
A lo largo del último año, hemos prestado asistencia técnica en diversas áreas, entre ellas evaluando el cumplimiento de las instituciones públicas con los protocolos de Minnesota y Estambul. Asimismo, estamos elaborando protocolos adaptados para orientar una mayor rendición de cuentas y la protección de los derechos a la vida y a la integridad física.
Mi Oficina también ha evaluado y formulado recomendaciones destinadas a abordar las preocupaciones relacionadas con los centros de detención preventiva. Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para contribuir a su conformidad con las normas de derechos humanos.
De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y doy la bienvenida a la absolución de Jaulio Bratar.
También continuamos acompañando a las autoridades en su preparación para el próximo Examen Periódico Universal y promoviendo la ratificación de todos los tratados de derechos humanos principales, como la Convención contra las Desapariciones Forzadas.
En los últimos dos años, mi equipo ha realizado 8 misiones a distintos estados del país y ha visitado 24 centros de detención para emitir recomendaciones específicas sobre la situación de los derechos humanos. Algunas están en el informe que les presento hoy. Este informe también ofrece una visión general de la situación de los derechos económicos, sociales y ambientales. En él, también se describe cómo la situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten las sanciones sectoriales.
Reconozco los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19. Sin embargo, como en otros lugares, esto significó desviar los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios, amplificando aún más la escasez en el sector de la salud, dejando a sus profesionales y otros grupos vulnerables particularmente en riesgo. Ante la insuficiencia de las dosis de vacunas disponibles hasta ahora, permítanme recordar a todas y todos los presentes que el acceso a las vacunas es un derecho humano y debe considerarse un bien público mundial.
Excelencias,
A pesar de los programas económicos y sociales puestos en marcha para aliviar la situación, y de algunas mejoras logradas en los últimos años, los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación. Aliento a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación, garantizando la transparencia, la participación y los controles públicos.
Me preocupa la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas. En este contexto, el papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Asimismo, me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Aliento a que se establezcan iniciativas de diálogo para resolver el actual impasse en cuanto a las elecciones para las universidades autónomas.
Confío en que el diálogo político en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. También acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades con mi Oficina, y confío en que seguiremos profundizando en nuestra cooperación.
Muchas gracias.
