El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció este miércoles en rueda de prensa que en Venezuela persiste la ola represiva contra quienes piensan distinto
Gabriela Buada Blondell – Caleidoscopio Humano – En las últimas semanas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha contabilizado, al menos 60 personas desaparecidas en Venezuela. Situación que se intensificó luego de las elecciones de julio de 2024.
Andreina Baduel, activista de derechos humanos y representante del CLIPP exigió a las autoridades venezolanas a permitir que trabajadores de las Naciones Unidas hagan una auditoría en las cárceles del país, también a representantes de la Cruz Roja para que constaten las condiciones de salud de todas las personas privadas de su libertad por motivos políticos.
«Alertamos a la comunidad internacional que no nos dejen solos, sigue la persecución política para todos quienes piensan distintos y para todos quienes se atreven a alzar la voz».
Asimismo, puntualizó que su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido en 2020 tras ser acusado de terrorismo, se encuentra incomunicado en la actualidad, aseverando que la última vez que le vio fue rápidamente y era evidente que había bajado de peso.
«Queremos reiterar nuestro llamado a que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que puedan constatar la situación de nuestros seres queridos», manifestó.
Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien en vocería durante la rueda de prensa señaló que habla en representación de sus cuatro hermanos menores afirmó que hasta el momento no ha podido ver a su padre, tampoco saber cómo se encuentra su salud.
«Represento la voz de mis 4 hermanos menores y me sumo lamentablemente a las familias que exigen derechos de sus familiares presos», destacó.
Guanipa, señaló que hasta la fecha desconocen el paradero de su padre, aunque presumen que se encuentra detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez (Caracas).
«Mi padre no es un criminal, así como ninguno de los presos políticos es un criminal, solo están presos por alzar su voz por un cambio, porque defendía la libertad del país. Ellos están pagando un precio por ser valientes».
La madre de Geomer Martínez, Betsaida Natera denunció que el militar condenado por el alzamiento de Cotiza en 2019 se encuentra incomunicado desde el pasado 20 de abril en el Fuerte Guaicaipuro, luego de haber sido trasladado arbitrariamente a ese lugar en febrero desde la cárcel de Ramo Verde.
«La situación de los presos políticos militares es mucho peor porque no se sabe. Que no sigan los maltratos, que no sigan las torturas y que nos dejen ver a nuestros familiares», señaló.
Francis Marcano, esposa de Carlos Julio Rojas, dijo que el periodista sigue castigado en el Sebin Helicoide luego de ser agredido por otros reclusos. En una visita que le permitieron para constatar su estado, Rojas le comentó que tenía problemas con su tensión arterial, pero al momento que tampoco sabe nada de la situación de su esposo. También solicitó una mesa de diálogo para las liberaciones de los periodistas presos.
«Solicitamos una mesa de diálogo donde se tomen en cuenta los 16 periodistas detenidos actualmente en el país».
Por su parte, Emiselys Núñez, esposa de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y miembro del equipo legal de Provea dijo que el miedo no puede paralizar ni detener porque hay que alzar las voces de todos los presos políticos, «porque ellos no son delincuentes».
Mientras que Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, dijo que tiene 265 días sin ver a su ser querido, quien está en El Helicoide. «Hoy quiero pedirle a quienes tienen el poder que se pongan en la posición de nosotros. No es posible que nuestros hijos no puedan ver a sus padres»
Marino Alvarado, defensor de derechos Humanos y parte del equipo de legal de Provea y miembro del Comité de Presos Políticos dijo que Provea acompaña directamente a las familias de dos de los tres economistas detenidos actualmente, entre ellos el exministro y chavista disidente Rodrigo Cabezas.
También, Alvarado informó que la noche del lunes 16 de junio una parte de los fanáticos del Deportivo Táchira, detenidos por cuerpos de seguridad cuando se trasladaban a Caracas, se encuentra en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Maripérez, Caracas.
El defensor de derechos humanos dejó claro que la represión se incrementa y enfatizó en la responsabilidad del Defensor del Pueblo, el MP y el TSJ, quienes hacen caso omiso de los habeas corpus, investigaciones y peticiones de los familiares que están en la Constitución.
Finalmente, los familiares concluyeron en que el silencio no es opción. Seguirán alzando sus voces hasta que la persecución termine y que las torturas y amenazas de prisión política no existan nunca más en el país.
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