Steven Ricardo García Sanz fue detenido arbitrariamente el 26 de enero de 2016, acusado sin pruebas del asesinato de una mujer en Mérida durante las protestas sociales de 2014.
Nota de Prensa
(23-03-2022) La audiencia para las conclusiones del juicio del preso político Steven Ricardo García Sanz, fijada para este lunes 14 de marzo, fue suspendida por solicitud de la fiscal Dayana Coromoto González, quien dijo a la jueza que no estaba preparada para dar las conclusiones, pese a que en la audiencia del pasado 9 de marzo el tribunal anunció que hoy debía concluir el juicio. Steven García está privado de libertad injustamente desde el 26 de enero de 2016.
González, quien ejerce como encargada de la Fiscalía N° 3 del Ministerio Público del estado Mérida, dilata con un injustificado alegato un juicio cuyo procesado lleva más de 6 años preso, acusado de un asesinato sobre el que no existe ninguna prueba que lo inculpe. Un total de 14 testigos presentados por la Fiscalía dieron su testimonio en este juicio sobre lo ocurrido el 9 de marzo de 2014, cuando fue asesinada Gisella Victoria Rubilar Figueroa, una docente chilena residenciada en Mérida, en el contexto de las protestas sociales de ese año. Ninguno de los testigos acusó a García de haber matado a Rubilar. Ni siquiera declararon haberlo visto en el lugar de los hechos.
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Dilaciones que violan el derecho a la justicia
Con las constantes e injustificadas dilaciones de juicios realizados a jóvenes detenidos arbitrariamente por hechos ocurridos en el contexto de las protestas sociales de 2014 y 2017, los funcionarios de justicia del Estado venezolano no solo violan la Constitución y las leyes nacionales, sino tratados internacionales. Igualmente incumplen el Memorando de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), suscrito en Caracas el 2 de noviembre de 2021, en el marco de la visita al país del Fiscal de la CPI. Karim Khan decidió entonces avanzar a la siguiente fase la investigación que la CPI hace sobre el Estado venezolano por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”, establece el punto 1 del referido Memorando.
