(08-12-2024) Desde el pasado 28 de julio, las detenciones arbitrarias y la falta de garantías se han puesto a la orden del día. La represión por parte del Estado ha sido brutal en el contexto postelectoral de Venezuela.
De acuerdo con el Foro Penal, desde el 29 de julio —un día después de las elecciones presidenciales— fueron detenidos 136 niños, niñas y adolescentes (NNA), a los cuales los acusaron de cometer delitos tan graves como terrorismo e incitación al odio.
El descontento de los venezolanos por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, generó manifestaciones de calle en varios estados del país. Muchos de los adolescentes detenidos ni siquiera estaban protestando.
Desde el 29 de julio, al menos 2.000 personas fueron detenidas, entre ellas más de 100 adolescentes, de los cuales, hasta comienzos de diciembre, se contabilizan 42 aún privados de libertad.
Las leyes venezolanas establecen que los adolescentes tendrán responsabilidad penal a partir de los 14 años cumplidos; sin embargo, en el contexto postelectoral, fue documentada la detención de -al menos- 3 adolescentes de 13 años.
¿Qué organismos estatales se encargan de establecer la justicia en adolescentes?
María Gracia Morais es especialista en derechos humanos, indicó que, por sobre todos, debe prevalecer la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial cuando hay algún tipo de conflicto con la ley y, además, para establecer responsabilidad penal en los hechos punibles en los que los menores de edad incurran, se deben tener en cuenta diferentes aspectos y organismos que sean especializados en el área.
Algunos de los entes encargados de establecer dicha responsabilidad son:
La Sala de Casación Penal especializada.
El Ministerio Público, a través de fiscalías especializadas.
La Defensoría del Pueblo especializada.
El Tribunal Supremo de Justicia.
¿Con qué fin se aplica la justicia penal en adolescentes?
Los adolescentes en conflicto con la ley penal entran al sistema con el fin de desarrollar hábitos para una vida sin delitos. La finalidad de las funciones que se le aplican debe ser educativa. Así lo establecen las leyes venezolanas, incluyendo la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (LOPNNA).
Desde el primer día que los niños, niñas y adolescentes entran en el sistema penal, se debe buscar desarrollar sus habilidades, crear y reforzar valores. En eso coinciden las leyes venezolanas y los expertos en materia penal.
Garantías procesales para adolescentes:
Los adolescentes tienen las mismas garantías procesales que los adultos: Garantía de presunción de inocencia, inviolabilidad de la defensa, acceso a un intérprete en el caso de los NNA que no dominen el idioma o tengan alguna discapacidad. Pero se agregan variantes, pues es indispensable que los tribunales y juzgados sean especializados en materia penal adolescente.
Bajo ningún concepto, los jueces de adultos pueden juzgar a adolescentes, ni los fiscales de adultos pueden acusar a adolescentes y tampoco los defensores públicos de adultos pueden defender a adolescentes.
En cuanto al delito de terrorismo, no existe un tribunal especializado en terrorismo; en este punto, lo que varía es el órgano judicial especializado en niñas, niños y adolescentes que procesa a los imputados por ese delito.
A la fecha, ninguna de estas garantías se cumple: los NNA no tienen acceso a la defensa privada, no se les garantiza el debido proceso ni se les respeta la presunción de inocencia y, además, al momento de su detención, no fueron separados conforme a su edad ni a su género, como también lo establece la ley.
El Estado venezolano, además de vulnerar sus derechos civiles, políticos y sociales, también les está quitando sus sueños, sus anhelos e, incluso, sus ganas de vivir.
Los familiares, cada día, claman por justicia, mientras sus hijos continúan presos por delitos que no cometieron, alejados de sus escuelas y liceos, de sus familias, de sus amigos, de sus deportes… el Estado les robó más que la libertad.
