En El Rodeo I persisten condiciones inhumanas, con reducción de raciones alimenticias, falta de atención médica y denuncias de agresiones recientes, incluyendo golpizas, uso de gas lacrimógeno y aislamiento, incluso a personas con enfermedades graves o afecciones respiratorias
@GabyBuada / Caleidoscopio Humano .- Cobertura Notidesca
Amnistía Internacional, Cepaz, Justicia Encuentro y Perdon, Acceso a la Justicia, Voces de la Memoria, Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela, Civilis, Foro Penal, Provea, Cofavic, Wola, Laboratorio de Paz, Consorcio Justicia y Caleidoscopio Humano acompañaron al Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) en la exigibilidad de libertad inmediata para las 500 personas presas por motivos políticos en Venezuela, advirtiendo que sus condiciones se agravaron luego de los dos terremotos del 24 de junio.
La libertad también salva vidas fue el lema de la rueda de prensa efectuada en la sede de Amnistía Internacional en Caracas, este 22 de junio.
Sairan Rivas, activista de derechos humanos inició advirtiendo que decenas de presos políticos, incluidas mujeres con graves condiciones de salud, continúan privados de libertad en condiciones críticas, luego de los dos terremotos, denunciando además que quienes han sido excarcelados siguen sometidos a “libertades vigiladas”, enfrentando restricciones que les impiden reconstruir sus vidas.
«Personas excarceladas no pueden obtener un pasaporte, han perdido oportunidades de estudio y trabajo, y deben trasladarse periódicamente a Caracas para cumplir con presentaciones judiciales, pese a las solicitudes para realizarlas en sus estados de origen», afirmó.
Andreina Baduel, miembro del Clippve alertó que más de 40 presos políticos se encuentran en estado crítico de salud y aseguró que de no recibir atención médica inmediata, sus vidas corren peligro.
“Las instituciones del Estado siguen siendo cómplices de la tortura, la opacidad y la violencia. Familiares y presos políticos vivimos una ´´doble emergencia´´, varios familiares han sido presionados por autoridades penitenciarias para retirar las denuncias públicas y dejar de exigir justicia como condición para obtener respuestas institucionales”, alertó.
La activista también resaltó que en centros de reclusión como Yare, Crisalidas y no se reportaron nuevos hechos de violencia, dijo que el peligro para la vida e integridad de los presos políticos sigue siendo inminente, al tiempo que recordó que su hermano, Josnars Baduel, continúa necesitando cuatro intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las torturas que ha sufrido en reclusión.
Baduel también calificó como revictimizantes los encuentros mantenidos con funcionarios, al considerar que buscan imponer silencio frente a la crisis carcelaria.
Hiowanka Ávila, hermana de Ken River Rivas, informó que varios familiares se reunieron el 13 de julio con el ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa, para exponer todos los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivieron las personas privadas de libertad lo sucedido el 5 de julio en El Rodeo I y la conversación terminó en negativas, gritos y malos tratos.
“El ministro nos señala a nosotros como mentirosos y niega, además, que sus funcionarios hayan usado el gas pimienta y perdigonazos, cuando eso sí pasó”, aseveró la también representante del Clippve.
Ávila también afirmó que siguen esperando las liberaciones de sus familiares y denuncia que las condiciones carcelarias son las mismas antes de los terremotos, sin ningún tipo de respeto ni garantía de derechos humanos.
´´Hay personas con condiciones graves de salud dentro del Rodeo I, con cáncer, enfermedades que deben ser atendidas por médicos especializados y que son de carácter urgente´´.
El hermano de Hiowanka fue condenado a 30 años por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.
El coordinador jurídico de Cofavic, Ronnie Boquier, denunció cómo la falta de respuestas institucionales prolonga el sufrimiento de las familias, y rechazó las acciones de intimidación y criminalización contra quienes acompañan a las víctimas y documentan violaciones de derechos humanos, enfatizando que las familias que exigen justicia, derechos, libertad y visibilizan la verdad, son personas defensoras de derechos humanos y están amparadas por Naciones Unidas.
“Le decimos al Estado, una vez más, que defender derechos humanos no es delito, y las organizaciones tenemos toda la legitimidad de acompañar a las víctimas”, indicó.
Boquier manifestó que Cofavic sigue manifestando preocupación ya que las víctimas en el país no han tenido respuesta por ninguna de las instituciones del Estado y se sigue ignorando que cualquier proceso de transición democrática deberá garantizar el libre funcionamiento de las organizaciones sociales y el cese de la persecución contra personas defensoras de derechos humanos.
Oscar Murillo, coordinador genera de Provea, afirmó que la emergencia derivada del terremoto no puede utilizarse para postergar las exigencias de justicia.
“En Venezuela no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos”, dijo Murillo.
El defensor de derechos humanos informó que Provea ha dirigido solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, pero «ninguna ha respondido”.
El llamado de las organizaciones es mantener la atención sobre la situación de los presos políticos en Venezuela y exigir al Estado garantías para su vida e integridad.
Las liberaciones y las visitas de organismos internacionales de derechos humanos deben ser urgentes para verificar las condiciones de los centros penitenciarios son indispensable en medio de la emergencia por los terremotos del 24 de junio.
