Salieron de Tiraya a Aruba el 17 de marzo de 2020 a bordo de una embarcación con otras 14 personas, y hasta la fecha no hay rastros de ninguno de esos migrantes. Los parientes exigen investigación y justicia
(23-04-2024) La familia Hernández tiene a tres de sus miembros desaparecidos desde el 17 de marzo de 2020, cuando subieron a una lancha desde la población de Tiraya, en el municipio Falcón del estado Falcón, para ingresar ilegalmente a Aruba. Pese a que han pasado más de cuatro años, sus dolientes no pierden la esperanza de que vuelvan a casa.
Hablar de los balseros falconianos con sus familiares, les recuerda el dolor y les revive el momento en que decidieron ingresar a la isla de forma ilegal para tener trabajo, ganar mejor y poder ayudar a sus familias en Venezuela. Tal es el caso de los Hernández, una familia del sector Bobare de Coro que decidió tomar el riesgo, debido a la grave crisis que atravesaban en el país.
Araselys Hernández, hermana y tía de los desaparecidos, contó a Crónicas del Caribe que su hermano Yoel José Hernández, de 49 años, es mecánico e incluso tiene un taller en Coro. Por la situación económica que atravesaba el país, resolvió trasladarse a Curazao, donde trabajó muchos años y se ganó el cariño de la gente, pero quería volver para pasar unos días en Venezuela y visitar a sus seres queridos.
Como su estatus era de ilegal, decidió entregarse a migración para que lo deportaran a su país, situación que se cumplió en 2018. Ese año también deportaron a sus sobrinos, tras ser sacados de sus puestos de trabajo por permanecer ilegalmente en la isla. Sus nombres: Mauricio José Medina Hernández, de 28 años, y Miguel Ángel Hernández, de 25, electricista y mecánico, respectivamente.
Aunque intentaron invertir en sus profesiones el dinero que traían de la isla y en el negocio que tenían en su comunidad, no lograban prosperar, ya que la economía en Venezuela iba en picada. Entonces, hicieron un contacto con un hombre en El Supí que les ofreció el viaje en lancha, por el cual tenían que pagar 400 dólares cada uno.
Yoel José Hernández aún tenía un dinero guardado, pagó su viaje y le hizo un préstamo a su sobrino Miguel Ángel, mientras que Mauricio José vendió su carro para poder pagar el puesto. Una vez concretado el pago, viajaron varias veces a El Supí con la esperanza de salir, pero desde el 12 hasta el 17 de marzo que hicieron el viaje, faltaban pasajeros y sin la cuota completa no podían viajar. “O al menos eso era lo que le decían a mi hermano, que faltaba gente y hasta que no se completara el viaje no podían salir”, dijo Araselys Hernández.
De desaparición a trata
El último contacto que tuvieron con sus familiares fue el 17 de marzo de 2020, cuando les avisaron que ya habían salido desde Tiraya y que pronto estarían en la isla. Las próximas horas fueron de total silencio y no hubo manera de volver a contactarlos.
Según los registros familiares, salieron 17 personas en una embarcación para ingresar a Aruba de forma irregular desde la población de Tiraya. Gracias a las denuncias de los mismos familiares, el caso pasó de ser una averiguación por desaparición, a una investigación por trata de personas.
La investigación ha pasado por siete fiscales del Ministerio Público. Han detenido a ocho personas, de las cuales dos salieron en libertad y una recibió una medida sustitutiva de libertad. Además, cuatro están prófugos de la justicia y con orden de captura.
Familiares: sabemos que están vivos
Dos hombres salieron ilesos de este hecho, uno de Coro y otro de la Península de Paraguaná, que fueron los que narraron que la embarcación se había hundido en medio de la noche y que solo ellos habían sobrevivido.
“Nuestras familias hicieron búsquedas por toda esa orilla, al mismo tiempo que los dimos por desaparecidos. Nadie encontró nada, ni un zapato, ni un pedazo de la embarcación. Los únicos sobrevivientes insisten en que nadaron hasta llegar a la orilla, pero todo es muy raro. En la embarcación iban pescadores que conocen el mar como la palma de su mano y es mucha casualidad que los dos sobrevivientes hayan sido captadores de personas”, dijo.
Araselys recuerda que días después de la desaparición, donde se supone que se hundieron todas las pertenencias, algunos contactos de WhatsApp estaban activos, incluso las redes sociales que tenían en sus celulares, situación por la que las familias comenzaron a escribir desesperadamente a ver si había alguna respuesta. Pero días después, fueron desactivando las cuentas de WhatsApp una por una, cosa que se hace con el teléfono en la mano.
También recuerda que hace aproximadamente un año, recibía llamadas al teléfono de su casa de un número del estado Bolívar. “Yo contestaba, pero del otro lado no tenía respuesta. Eso pasó muchas veces, hasta que guardé el número y decidí llamar, me atendió un señor que dijo haberse equivocado, pero lo volvió a hacer unas dos veces más”.
Esos contactos extraños e inesperados, se los dieron a los fiscales que llevaban el caso en su momento, pero tampoco se tuvo respuesta de esta acción. “Yo sé que ellos están vivos y los deben tener en algún lugar trabajando en contra de su voluntad. Por eso no hemos dejado de luchar, de buscar, de investigar, nosotros hemos sido investigadores en estos casos y las pruebas que hemos hallado las hemos dado a la fiscalía para que siga, pero ahí queda”.
La familia Hernández pide a las autoridades hacer justicia y con esto no se trata solo de enjuiciar a quienes están detenidos por este delito, sino aprovechar que están presos para que digan dónde están sus familiares. “Nadie más que ellos sabe dónde los dejaron, a quiénes se los entregaron. Nosotros queremos saber qué hicieron con nuestra gente y no descansaremos hasta que sepamos la verdad de lo que pasó”.
Araselys cree que es necesario que la justicia venezolana investigue porque no es un solo caso, son múltiples en Venezuela y aunque han ido hasta Caracas en busca de ayuda nacional, no ha pasado a mayores. “Donde vamos no nos dan esperanzas, parece que solo a nosotros nos interesa este caso”.
