La esposa e hijos de Eduardo Torres denuncian sufrir “tortura psicológica” mientras el defensor de DD. HH. permanece detenido e incomunicado desde hace más de cuatro meses en El Helicoide. Desde inicios de este año, al menos 15 activistas y dirigentes han sido víctimas de detenciones arbitrarias y procesos similares.
Fuente original: Crónica Uno. – Caracas. “Silencio” e instrucciones de espera es lo único que ha recibido la familia de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), quien lleva más de cuatro meses detenido e incomunicado.
Emiselys Núñez, esposa del defensor de derechos humanos, manifiesta que la incertidumbre sobre su esposo constituye una forma de tortura psicológica para su familia, que vive en permanente angustia por no poder verlo ni comprobar su estado de salud física y mental.
“No poder verlo, no tener ese apoyo que es él en nuestra familia. Es pasar noches sin poder dormir, sin comer bien, rogando a Dios que se acabe esta pesadilla no solo para Eduardo, sino también para todos los presos políticos”, expresó.
Núñez recalcó que lo más difícil para ella, ha sido no poder darle una respuesta a sus hijos sobre cómo está su papá, del que no tienen noticias de ningún tipo. Lo único que conocen es que se encuentra recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.
“Nuestro hijo mayor siempre fue consciente de los riesgos que corría su papá al defender los derechos de las personas. Pero la niña sí se ha visto más afectadaporque no entiende por qué si su papá no ha cometido ningún delito, está detenido ni del por qué no la dejan verlo o hablar con él”, contó sobre su hija.
El peso de la anormalidad
Agrega que la adolescente, quien el 5 de septiembre cumplió 14 años, no quiso celebrar su cumpleaños al saber que por primera vez no tendría a su padre en casa.
Núñez también ha debido asumir sola la responsabilidad económica del hogar, que antes compartía con Torres, uno de los al menos 15 dirigentes y defensores de derechos humanos que permanecen tras las rejas.
La espera se prolonga también en los tribunales. El reloj de la justicia se ha detenido una y otra vez, como si el tiempo no tuviera el mismo valor para quienes defienden derechos humanos.
Desde el inicio de 2025, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han convertido en prácticas recurrentes. Este esquema de persecusión se han consolidado como un patrón normalizado por el Estado que, en muchos casos, da a conocer las desapariciones a través de cadenas nacionales o en comunicados en sus redes sociales oficiales. Mientras tanto, las familias desconocen el paradero de los suyos.
Demoras del proceso
La segunda audiencia, fijada para el 8 de septiembre pasado, no se realizó. “El juez tercero contra el terrorismo, Argenis Betancourt, fue detenido, lo que va a retrasar la formalidad del proceso judicial”, informó de manera extraoficial un integrante de Provea.
Expuso que esto podría retrasar el proceso hasta dos meses si es “rápido”. La demora se debe a que se debe designar un nuevo juez y unir las causas.
“En la primera (audiencia) no hubo ni traslado ni audiencia virtual porque no hubo. Desde el punto de vista legal tenemos pendiente que haya decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el habeas corpus sobre el cual no hay ninguna actuación desde el 12 de mayo que se presentó. Tenemos más de 120 días sin que se haya pronunciado dicha sala, pese a que la Ley dice que debe decidir en cuatro días un habeas corpus”, señaló.
También esperan respuesta sobre un amparo en “estado de apelación”. Este fue interpuesto porque el tribunal no realizó las gestiones para que Torres designara a sus abogados de confianza. Torres también es miembro de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Afufat).
“Ese amparo nos lo declararon inadmisible, lo apelamos, por lo que le corresponderá a la Sala Constitucional decidirlo. Van a estar en la sala la decisión del habeas y de este amparo. Mientras tanto seguimos informando a los organismos internacionales, grupos de trabajo de detenciones arbitrarias, grupo de trabajo de desaparición forzada, relatoría de jueces y fiscales de Naciones Unidas, que son a las cuales les comunicamos la situación de Eduardo”, dijo.
La desaparición
Torres fue visto por última vez el viernes, 9 de mayo, alrededor de las 4:00 p. m., tras salir de una reunión en Parque Central. Su último contacto fue con su esposa, a quien avisó que se dirigía a casa.
Cuatro días después de su detención arbitraria, el fiscal –designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente– Tarek William Saab confirmó la detención del abogado de la ONG Provea y defensor de derechos humanos.
En un comunicado que se difundió en redes sociales, Saab aseguró que a Torres lo detuvieron por su presunta participación en una “trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo”.
Al defensor de derechos humanos se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
Saab detalló que a Torres lo presentaron conforme a los lapsos procesales establecidos. Sin embargo, sus familiares no recibieron información oficial en los primeros cuatro días, pese a que acudieron a distintos cuerpos de seguridad del Estado.
En la casa de los Torres, la ausencia se mide en noches sin dormir, en una torta que no se picó y en una silla vacía que nadie se atreve a mover. El recuerdo y la preocupación son, hasta ahora, las únicas certezas ante el silencio.
