20/03/2023. Fuente: Efecto Cocuyo
El pasado 13 de marzo la ONG Provea alertó que más de 2.000 formularios y videos de víctimas de violaciones de derechos humanos fueron enviados a la Corte Penal Internacional (CPI) para la consulta sobre reanudar o no la investigación por crímenes de lesa humanidad, caso Venezuela I.
Dado el volumen de la información, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés) una prórroga hasta el 20 de abril 2023, para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado.
Es la información más reciente que se tiene sobre la investigación contra el Estado venezolano en la CPI por violaciones de derechos fundamentales durante las masivas manifestaciones antigubernamentales de 2017, que inició en 2021, a raíz de que un grupo de países hizo la solicitud a la entonces fiscal de la Corte, Fatou Bensouda en 2018.
A continuación 10 claves del proceso hasta ahora:
El inicio
Tras una visita de tres días al país, el 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan anunció públicamente frente al gobernante Nicolás Maduro, que abriría una investigación contra el Estado venezolano por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto, a raíz de la remisión hecha por un grupo de Estados Parte (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) del Estatuto de Roma, el 27 de septiembre de 2018.
Los Estados remitentes pidieron a la Fiscalía de la CPI que investigara supuestos crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la CPI cometidos por organismos de seguridad del Estado.
Con la llegada de Gustavo Petro, aliado del gobierno de Nicolás Maduro, a la Presidencia de Colombia se habló del retiro de la denuncia por parte del Estado colombiano ante la CPI lo cual, según expertos, no altera jurídicamente la investigación contra Venezuela.
¿Cuáles crímenes?
«Durante el examen preliminar, la Fiscalía de la CPI había concluido que existían motivos razonables para creer que los diversos crímenes cometidos en Venezuela al menos desde el 2017, incluyendo tortura, persecución, detenciones arbitrarias y violencia sexual, eran parte de un ataque generalizado o sistemático cometido por autoridades nacionales y particulares (colectivos) con el apoyo de éstas», reflejó una publicación del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Se hizo énfasis en que tales delitos no han sido investigados por el Estado venezolano a fin de establecer responsabilidades materiales e intelectuales y aplicar sanciones y correctivos.
El 1 de noviembre de 2022, el actual fiscal, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación sobre Venezuela, tras una apelación del Estado venezolano. Khan consideró que no aportó información nueva sobre los casos sobre los cuales se indaga y considera insuficientes las reformas judiciales que adelanta el Ejecutivo.
Registro de víctimas
El 18 de noviembre de 2022, la Sala emitió una orden en la que invitaba a las víctimas y sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía.
La VPRS sería la encargada de recopilar la información de las víctimas y transmitirlas a la Sala a través de un informe que debía ser presentado a más tardar el 21 de marzo de 2023. También se instó al Estado venezolano a presentar observaciones a más tardar el 28 de febrero de 2023.
Víctimas participan
El 23 de febrero, la VPRS reveló que entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 2023 recibieron los testimonios de 441 personas y 47 familias, a través de 80 formularios, 56 de los cuales fueron presentados como denuncias colectivas o grupales.
La CPI considera que las víctimas son personas que han sufrido uno o más daños como resultado de la comisión de crímenes dentro de su jurisdicción. Estos daños pueden incluir lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o la privación sustancial de los derechos fundamentales. Los familiares y personas cercanas de estas víctimas también se consideran víctimas.
Avalancha de testimonios
«Atencion: La VPRS de la CPI recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas. Debido al gran volumen de información que se ha recibido, la Sala le autorizó a la Sección una prórroga hasta el 20 de abril del 2023para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado», alertó igualmente la abogada y defensora de DDHH, Tamara Suju en su cuenta de Twitter, el 13 de marzo.
La activista aclaró que la decisión no implicaba prolongación del período de compilación de observaciones hechas por las víctimas porque dicho lapso sí concluyó el 7 de marzo. En las próximas semanas, la Sección debía emitir constancias de recibido.
Informe para el 20 de abril
El director de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels explicó a Efecto Cocuyo que como el informe es sobre las planillas recibidas y dado que se prorrogó su procesamiento, la presentación del informe sobre las víctimas es el 20 de abril.
«El informe debe limitarse a transmitir lo que hayan dicho las víctimas», acotó.
Confidencialidad
Suju subrayó que la información recibida de las víctimas se trata de manera estrictamente confidencial para protegerlas de represalias y se registra en una base de datos segura, a la que únicamente el personal autorizado de la Secretaría de la CPI tiene acceso.
«El Gobierno de Venezuela no tendrá acceso. La versión pública del informe no contendrá ningún tipo de información con la que se pueda identificar a las víctimas y/o a organizaciones que hayan participado. La seguridad de las víctimas y quienes les asisten es primordial. No deben tomar ningún riesgo y no deben mencionar su interacción con la CPI públicamente, puesto que la confidencialidad y la discreción son las mejores maneras de protegerles en esta etapa del proceso», enfatizó la abogada.
¿Qué sigue?
Posterior a la presentación del informe de las víctimas, Daniels apuntó que es posible que la Fiscalía o el gobierno venezolano soliciten presentar informes adicionales.
Los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma confieren a las autoridades venezolanas el derecho a apelar lo que podría alargar la autorización al Fiscal de la CPI para continuar con la investigación.
Expertos como el especialista en derecho internacional, Simón Gómez Guaimara, han señalado que si el fiscal Khan es autorizado a continuar la investigación podría solicitar órdenes de captura o de presentación ante la Corte, así como cualquier otra solicitud procesal. En el caso de las primeras se considera que son de difícil cumplimiento por cuanto no hay una ley de cooperación en Venezuela que delimite cada una de esas actuaciones y la Corte no cuenta con órgano policial.
Gobierno responde
El 28 de febrero, se conoció que el gobierno de Maduro envió un escrito a la CPI en el que se refirió a las acusaciones por violaciones de derechos humanos como «falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido».
También dudó de la imparcialidad de la Fiscalía de la CPI por tener «vínculos comprobados» con ONG venezolanas a las que voceros del chavismo han señalado de «conspirar» contra el gobierno con apoyo de Estados Unidos y la acusó de «violar el debido proceso». Instó a cesar la investigación.
