Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
El sistema penitenciario en Venezuela no tiene excepciones en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los derechos humanos. La única manera de conseguir “beneficios” o condiciones mínimas de reclusión es pagando sumas en dólares que muy pocos suelen tener.
En comunicación con familiares de privados de libertad del Internado Judicial El Rodeo III, ubicado en la ciudad de Guatire en el estado Miranda, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer las tarifas que se manejan dentro del penal para tener acceso a visitas, paquetería e incluso traslados.
A pesar de ser uno de las pocas cárceles que permite el ingreso de alimentos diariamente y que además pueden llevar comida cruda, el “pranato” coordina la distribución de estos alimentos y en algunos casos el privado de libertad debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares.
La comida debe ser separada en envases transparentes, mientras hay alimentos como el azúcar o jugos que están prohibidos.
Uno de los mayores retos en el tema de la alimentación es que muchos de los privados de libertad están recluidos lejos de su tierra natal, por esto mismo, a sus familiares se les dificulta llevarles comida a diario. La falta de dinero, la escasez de gasolina que se suma a las restricciones de movilidad por la cuarentena obligatoria y la distancia no se los permite.
Muchas veces los alimentos deben ser administrada para una semana entera o hasta 15 días, pero la capacidad del familiar de llevar esa cantidad comida es limitada, ya que viajan en transporte público hasta el penal.
El privado de libertad que no reciba suficientes productos para cubrir sus necesidades diarias hasta la próxima entrega, debe sobrevivir con el “menú” que les brinda el centro penitenciario, que consta de una o dos a comidas al día, basados en agua de avena o pasta sin ningún tipo de proteínas.
Esto ha abierto el negocio entre los reclusos dentro de El Rodeo. Las ventas pueden ir desde unas catalinas o hasta un pequeño menú. La catalina cuesta 3 millones de bolívares y un plato de comida (dependiendo de la disponibilidad) puede tener un costo de hasta tres dólares.
Quien no tenga la manera de conseguir dinero para pagar por comida o no cuente con el apoyo de algún familiar o amigo, queda a su suerte y condenado a sufrir déficit calórico hasta llegar a la desnutrición, poniéndolo en riesgo de muerte.
La cantidad de privados de libertad que no tienen cómo cubrir estas necesidades básicas es cada vez más alta. Las condiciones del país son cada vez más difíciles. Familiares relataron que sufren las de Caín para conseguir dinero y poder trasladarse, así como para comprar alimentos suficientes y pagar por agua potable para su ser querido dentro de la cárcel.
En este centro penitenciario, el detenido o el familiar deben pagar una cuota por cisternas de agua que permitan abastecer el lugar.
Adicional a esto, se debe conseguir dinero para traslados a tribunales, lo cual tiene una tarifa que va desde los $5 hasta los $50. Todo depende del custodio que esté a cargo, quien no tenga para pagar, se le retrasa su proceso judicial hasta conseguir cómo cubrir este gasto.
Todo esta aberrante situación da indicios suficientes para asegurar que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios no asume ninguna responsabilidad económica, ni logística o apoyo al recluso para establecer un sistema que evite que el castigo del que cruza la ley no sea la privativa de libertad, sino el lugar de reclusión.
