Karina, madre de una adolescente de 17 años, forma parte de los familiares que este lunes, 21 de octubre, pidieron la intervención de Unicef con el propósito de garantizar los derechos de los adolescentes detenidos en operativos poselectorales
(23-10-2024) «Ella quería irse a Chile y le dijimos que no. La hubiésemos dejado. Le dijimos que tenía un país por el que luchar, que esto iba a cambiar y que no iba a ser así siempre, y mira donde se quedó», dice Karina*, madre de una adolescente detenida el 4 de agosto pasado.
La madre de Valentina, de 17 años, detenida por formar parte de un grupo de WhatsApp, admite que siente culpa por no haber dejado que su hija se fuera a vivir al exterior. Además de viajar al exterior, Valentina quería estudiar Derecho. Antes de su detención, estaba haciendo todo el papeleo para ingresar a estudiar la carrera en la Universidad Arturo Michelena. Sin embargo, ya no quiere estudiar la carrera. Para la adolescente, su detención es una injusticia:
«Tanta gente en la calle y uno detenido», dice. El cargo que se le imputa es incitación al odio. Por este podría pagar hasta 10 años en la cárcel. La Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, el 8 de octubre de 2017. Una persona a la que le imputen este delito podría ser castigada hasta con 20 años de prisión.
Durante su audiencia preliminar, el pasado 26 de agosto, le advirtieron que si se declaraba culpable, la pena bajaría a seis años y ocho meses. Ella no aceptó, por lo que irá a un juicio en el que espera que se acepte su inocencia. «Todos pensamos que iban a sair porque ellos son inocentes. No hay nada que los acuse.
Ella creyó que iba a salir. Cuando le dicen el tiempo, que si seis años y ocho meses, que si 10, entró en crisis y empezó su angustia, las taquicardias. Ella me llama y me dice: mamá me estoy sofocando, que el corazón se le va a salir por la boca», señala la madre quien intuye que su hija podría presentar algún tipo de consecuencia cardiaca a raíz del estrés en el que se ve sometida por el encierro.
Ella misma se ha visto perjudicada, puesto a que ella misma tiene un reposo psiquiátrico por ansiedad. por esa razón no ha podido retomar su labor como docente. Este lunes, 21 de octubre, Karina asistió a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en Caracas, para exigir junto a otros familiares de presos políticos, la libertad de su hija.
Por usar WhatsApp
Valentina forma parte de los 70 adolescentes detenidos en el marco de operativos ocurridos tras las protestas poselectorales que ocurrieron en distintos estados del país, en rechazo a los resultados que dieron como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro.
Desde el 4 de agosto, Valentina fue detenida tras asistir a una citación que inicialmente era para su papá. Al llegar al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carabobo, los teléfonos de ella y sus padres fueron revisados.
Solo la adolescente fue detenida por estar en el grupo de WhatsApp que tenía aproximadamente 500 personas, en el que por el apojeo electoral, quienes estaban entre los participantes enviaban comentarios e imágenes al respecto.
Por un comentario de uno de los miembros, una persona se sintió ofendida. De acuerdo con el relato de Karina, esto no fue por parte de su hija. Tras el descontento, muchas personas empezaron a salirse del grupo, por lo que Valentina quedó como administradora, lo que terminó perjudicándola.
Pero, las consecuencias también vinieron para quienes se salieron. Ángel fue parte de los que se había salido del grupo en el que había adolescentes entre 14 y 16 años. Por eso, después de una revisión de su teléfono celular, también fue detenido el domingo, 4 de agosto en su casa, ubicada en el estado Carabobo.
«Él se había salido del grupo, pero lo tenía allí. No lo había eliminado. Vieron que estaba allí, que teníamos que acompañarlos. Después de varias horas en la delegación, nos dijeron que tenía que quedarse (su hijo) porque el grupo había sido denunciado», recuerda Angie*, madre del adolescente de 16 años de edad.
Futuro truncado
Ambas madres agradecen a Dios porque sus hijos están bien físicamente, pero, su salud mental se ha visto perjudicada debido a que ambos tuvieron que pausar los planes que tenían.
«Él piensa en sus clases y sus cosas. Todo eso lo afecta. Cuando hicieron la preliminar le pidió a la juez que por favor, que sus clases iban a empezar y ella respondió que se encontraba en un proceso y que, lamentablemente no podía», afirma Angie, madre del adolescente.
El estudiante que estaba próximo a cursar su quinto año de bachillerato había hecho varios cursos con el propósito de surgir y forjar un mejor futuro.
«Yo esa semana de las protestas no lo dejaba ni salir de la casa por miedo. Ese viernes (2 de agosto) me pedía ir a la cancha a jugar y yo le decía que no. Por eso lo llevé al supermercado y él me dijo que estaba más tranquilo porque había visto gente», sostiene sobre su hijo, al que también le gustaba cantar y jugar beisbol.
Por otra parte, Valentina, además de pausar su ingreso a la universidad, dejó de asistir a la graduación de su curso de modelaje, el cual fue el 11 de septiembre. La educación es un derecho que debe garantizar el Estado. En Venezuela, el artículo 102 de la Constitución dicta que es un deber social fundamental.
Intervención de Unicef
El Comité de familiares y amigos por la libertad de los presos políticos entregó un documento en el que describen y denuncian las violaciones de los derechos, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes a las que han sido sometidos los adolescentes encarcelados en distintos estados de Venezuela.
En el documento, solicitan la intervención de Unicef, organización internacional que se rige por la Convención de los Derechos del Niño y que tiene como propósito que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, algunas de las peticiones:
- Garantizar la liberación inmediata de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran detenidos arbitrariamente y en condiciones que vulneran sus derechos humanos.
- Que un equipo de Unicef en Venezuela pueda acceder a los centros de detención y constate de forma independiente y directa el estado físico y salud mental de los encarcelados.
- Garantizar la atención médica y psicológica adecuada por el «evidente deterioro» en su bienestar físico y emocional.
- “Es el momento de actuar para preservar la vida de estos niños y adolescentes en Venezuela, que llevan casi tres meses de injusta prisión. Confiamos en que Unicef debe ser un faro de esperanza en medio de esta adversidad», se manifiesta en el escrito.
(*) Se modificaron los nombres por medidas de seguridad
