El informe detalla el calvario de cada una de las detenidas en Venezuela
Por Sebastiana Barráez @SebastianaB
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos (ONDDHH) acaba de presentar el Informe de Mujeres Presas Políticas en Venezuela, que relata las 19 historias de cada una de esas detenidas. Como las refleja el documento, algunas son esposas, otras compañeras, muchas madres y separadas cruelmente de sus hijos. “Hoy por ellas alzamos la voz, las queremos visibles y libres, queremos darle el apoyo colectivo que a gritos reclaman, procurando el cese de sus detenciones, y el reconocimiento de los derechos que como mujeres le asisten”, se lee.
A continuación, los 19 casos que el Observatorio analiza:
Emirlendris Carolina Benítez Rosales
Es la esposa de Yolmer Escalona, vinculado al caso de los drones que sobrevolaron la Av. Bolívar de Caracas en el acto militar del 4 de agosto de 2018, en un intento de magnicidio. Fue detenida el 5 de agosto en el estado Portuguesa junto a su esposo. Fue desparecida hasta que 10 días después su familia supo que se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Sus familiares la buscaron en todas las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la DGCIM, pero negaban que se encontrara ahí, aún cuando el 8 de agosto de 2018 se realizó la audiencia de presentación de Emirlendris sin su abogado de confianza. Le imputaron los delitos de Homicidio Calificado Frustrado, Terrorismo, Traición a la Patria, entre otros.
Emirlendris estaba embarazada para el momento de su detención y sufrió un aborto. Fue sometida a brutales torturas que han dejado secuelas en su organismo y requiere ser tratada urgentemente. Tiene 2 hijos a los cuales no ha vuelto a ver.
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo
Nacida en Venezuela con nacionalidad española, es bióloga, egresada de la Universidad Simón Bolívar, dedicada al área de la investigación para proyectos de conservación de faunas. Era directora de la ONG Fundanimal.
Fue detenida el 22 de septiembre de 2018 por funcionarios del SEBIN, señalada de encubrir a uno de los vinculados al caso de los drones. Aún cuando no participó, fue imputada por los delitos de Asociación para Delinquir, Financiamiento al Terrorismo y Encubrimiento.
Su casa fue allanada sin orden judicial e incautadas todas sus pertenencias, incluyendo enseres del hogar (televisor, ventiladores, guitarra, etc.), objetos personales, su vehículo y hasta sus mascotas.
Durante su arresto y en el curso del proceso, “Ángela fue víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios que practicaron su detención y que tenían a su cargo la custodia”, destaca el ONDDHH.
Está recluida en el SEBIN, sometida a un juicio violatorio del debido proceso.
Yanín Fabiana Pernía Coronel
Tiene 24 años de edad, oriunda del Táchira. Fue detenida el 5 de agosto por funcionarios del SEBIN en el estado Barinas y vinculada al caso de los drones. Ha sido víctima de brutales torturas por parte funcionarios, tales como: aislamiento, descargas eléctricas en todo el cuerpo, diferentes tipos de asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño.
Sólo hasta el 14 de agosto 2018, y fuera del lapso correspondiente, fue presentada ante el Tribunal 1° de Control con Competencia en Terrorismo, con visibles rastros de tortura. Le imputaron los delitos de Terrorismo, Homicidio en grado de Frustración, entre otros.
Su causa está en fase de juicio y durante todo el proceso se le han violado sus derechos humanos. Yanin ha presentado problemas de salud producto de las torturas a las que fue sometida. “Si se respetara el debido proceso Yanin Fabiana estaría en libertad”, asegura el Observatorio.
María Auxiliadora Delgado Tabosky
El único elemento por el que fue detenida y está presa es por ser familia de un militar retirado. El 19 de marzo 2019, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron su vivienda, y la detuvieron junto a su esposo Juan Carlos Marrufo Capozzi: luego de presentarla ante el tribunal, fue imputada por el delito de Financiamiento al Terrorismo y le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad.
El Ministerio Publico, luego de la investigación, no pudo demostrar que los imputados hubieran financiado ningún acto terrorista y menos aún para asociarse en una empresa criminal; es por esa razón que la Fiscalía le solicitó al Tribunal una Medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, por “la inexistencia de elementos de prueba que justificara” las detenciones decretadas. El 6 de mayo 2019, el Tribunal acordó las medidas cautelares de María Auxiliadora y su esposo y libró las boletas de excarcelación.
Los esposos siguieron detenidos, después de una maniobra de la DGCIM. El 30 de septiembre 2019, los fiscales del Misterio Público solicitaron nuevamente orden de captura por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, entre otros delitos.
Las hermanas Alemán
Yolimar y Andreina Alemán Castellano están presas por ser hermanas del teniente Richard Alemán. En la madrugada del jueves 20 de abril de 2020, funcionarios de la DGCIM allanaron su vivienda sin orden judicial, buscando a su hermano por presuntamente estar incurso en un intento de asalto del parque de armas de la Brigada 441, ubicada en Los Teques, pero al no localizarlo se llevaron a las hermanas y a dos familiares más.
Al teniente lo capturaron después, pero Yolimar y Andreína siguen recluídas en la sede principal de la DGCIM en Boleíta, Caracas. A Yolimar la detienen junto a su esposo Ericson Chaya; son los padres de una niña y un niño.
El Observatorio destaca que “la detención de familiares y su procesamiento en el curso de una investigación contra alguna persona que disienta del régimen, es una acción perversa que aplican sistemáticamente los funcionarios policiales que ocasiona muchísimo sufrimiento. Así mismo, constituye detención arbitraria y por ende violación de los derechos humanos de las detenidas”.
Marifrancys Marcano y Ana María Pernía (caso Operación Gedeón)
Juan Rafael Romero, hijo del coronel Oscar Pérez Romero (65), denuncia la detención y desaparición forzada de su padre, su esposa Noraima Laviana, la dueña de la casa Marifrancys del Carmen Marcano Vásquez, la amiga Ana María Pernía y el Sargento Leonardo Carrillo.
Marifrancys y Ana María fueron detenidas el 25 de abril 2020 por funcionarios del SEBIN, cuando se trasladaban hacia su vivienda en Guarenas, estado Miranda. Fueron desaparecidas durante un mes y posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la GNB en Puerta Morocha, Los Teques, Miranda.
En rueda de prensa, el Ministerio Público informó que Marifrancys y Ana María fueron detenidas junto a un grupo el 6 de mayo 2020, pero desde el 25 de abril 2020 la madre de una de ellas reportó la desaparición de ambas. El 15 de mayo fueron presentadas ante el Tribunal Especial Cuarto en Funciones de Terrorismo y le decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de Traición a la Patria, Financiamiento al terrorismo y Terrorismo. Se encuentran detenidas en la DGCIM. Maryfrancis es madre de un niño.
Karen Hernández Rodríguez y Carla Da Silva Marrero (Operación Gedeón)
El Observatorio revela en su informe que Karen Hernández Rodríguez (dueña de la casa) y Carla Da Silva Marrero (amiga) fueron detenidas el 16 de mayo de 2020 y vinculadas a la Operación Gedeón. Llevadas a audiencia de presentación y a la audiencia preliminar en las más oscuras circunstancias, dado que la misma se realizó en el SEBIN, sin permitirles nombrar defensores de confianza.
Fueron acusadas por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. Al no admitir los hechos, la causa pasó a la fase de Juico Oral y Público.
Ivonne Barrios
El 12 de septiembre Ivonne se encontraba en su casa, ubicada en Los Puertos de Altagracia, estado Zulia, con invitados a un almuerzo; repentinamente ingresaron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) procediendo a detenerla junto a otras personas y fueron trasladados al FAES en el Sector Manzanillo de Maracaibo.
El 14 de septiembre de 2020 son presentados ante el Tribunal de Control de Cabimas, Zulia, el cual declina la competencia a los Tribunales con competencia en materia de Terrorismo con sede en Caracas.
A Ivonne, se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano estadounidense a quien su esposo le hizo una carrera de taxi. Esta recluida en la DGCIM a orden del Tribunal Cuarto Contra el Terrorismo en Caracas, separada de su familia.
Ivonne es madre de un hijo que vive en el Zulia y al cual no ha podido volver a ver.
Yelut Naspe Inistra Villavicencio
Fue detenida el 16 de diciembre de 2015 por presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del estado Aragua en agosto de ese año. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial de la comunidad de San Vicente, estado Aragua, donde murió un joven oficial. Sin embargo, la misma policía indico que fue un ataque por parte de una banda delincuencial.
Bastó que se publicara un audio del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto proceso penal, a pesar de que ella vivía y estaba en Caracas para el momento del hecho ocurrido a más de 100 kilómetros de distancia.
Antes de su detención Yelut Naspe era comerciante servicios funerarios, así como activista del partido Primero Justicia. Se desconoce dónde está recluida actualmente, aunque se cree que está en el Instituto de Orientación Femenina (INOF). “Es la presa política más antigua y también la más olvidada”, sentencia el Observatorio Nacional de DDHH.
Las mujeres militares
Samaira Romero Armario
Es Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) egresada de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero, Táchira; fue detenida por la Operación Gedeón. “Fue sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes para el momento de su captura en el estado Aragua”, revela el ONDDHH.
La Sargento Samaira Romero fue sometida a un juicio plagado de innumerables violaciones al debido proceso. En el expediente no se determinó el hecho, mucho menos su participación en el hecho, pero aun así fue acusada por Traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero. Su audiencia preliminar fue en la sede del SEBIN, sin permitirle designara a su defensor de confianza.
Como muchos de ese caso, presionados, en total estado de indefensión y violación al debido proceso, Samaira admitió los hechos, siendo condenada a 24 años de presidio.
Está recluída en el SEBIN.
Diana Daniela Díaz
Tiene 21 años, es madre soltera y era sostén de familia. Para el momento de su detención estaba en periodo de lactancia de su bebe, de la cual fue separada y no la ha vuelto a ver, pues toda su familia reside en Apure. Su niña está en manos de la madre quien vende café en el Mercado Municipal de Apure para mantenerse.
Diana es Sargento Segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, graduada el 30 de enero de 2018. Es detenida el 18 de noviembre de 2019. Le imputan los delitos de Espionaje, entre otros, luego que un funcionario dijera que otro funcionario desertor le dijo, en una conversación telefónica, que Diana conocía de un supuesto plan, que nunca ocurrió, para sustraer unas armas en el estado Táchira.
Fue detenida en el Comando de Zona 33 del estado Apure, donde residía. Le prohibieron las visitas, le quitaron todos los beneficios laborales. Fue sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Permaneció en una oficina encerrada, esposada a una mesa, durmiendo en el piso, sometida a un inmenso calor. Su causa permanece en Maracay estado Aragua y ella esta recluida en la Cárcel Nacional de Procesamiento Militar, Ramo Verde.
Shaquira Betania Pérez Gudiño
Es Teniente de la Guardia Nacional, con 24 años de edad. Desde agosto de 2017 prestaba servicio en el Destacamento de la GNB en el Palacio Federal Legislativo. Fue detenida junto a otro grupo de militares y civiles en el Distribuidor Altamira, por participar en la Operación Libertad del 30 de abril de 2019.
Fue acusada por los delitos de Rebelión y Asociación para delinquir.
Está recluida en la cárcel militar de Ramo Verde en espera de un juicio justo.
“Fue golpeada, maltratada física y psicológicamente, asfixiada con una bolsa plástica y talco, entre otras torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Su causa penal da cuenta de las violaciones al debido proceso, sin posibilidad de ser escuchada”, resalta el informe del ONDDHH.
Yusimar Elisneth Montilla Ortega
Está detenida por el Caso Gobernadora de Monagas. Ella es la Sargento Técnico Segundo del Ejército y tiene 24 años de edad. Fue señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi y la detención de la Gobernadora del estado Monagas Yelitza Santaella, en el año 2017.
Estos hechos estaban recogidos en un informe de inteligencia que únicamente manejaban funcionarios de la DGCIM. “El 18 junio de 2019, dos años después del supuesto plan, un grupo de funcionarios de la DGCIM arrestaron a ocho militares, entre estos a Yusimar”.
Ella estaba en su lugar de trabajo y tenía para el momento 7 meses de embarazo, aun cuando el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal establece que no se puede decretar privativa de libertad de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo.
Posteriormente fue presentada en el tribunal donde le fueron imputados los delitos de Rebelión y traición a la patria, siendo trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil).
La detención de Yusimar Montilla se enlaza con la del teniente coronel Durbis Melean, comandante del 322° Batallón de Caribes “Coronel Francisco Carvajal”, quien era el superior de la acusada, y fue privado de libertad el 6 de julio de 2017 por parte de funcionarios de la DGCIM.
Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada, sin elementos de convicción en su contra. Así dio a luz a su segundo hijo, una niña de la cual fue separada al nacer. Está privada de libertad y en condiciones precarias sin recibir alimentación adecuada.
Yurimar Rangel
Otra del Caso Gobernadora de Monagas. Yurimar fue detenida por funcionarios de la DGCIM en el año 2019. Dos años después de un supuesto plan que nunca ocurrió, fue detenida y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del estado Monagas en el que se le decretó Privación de Libertad por los delitos de Rebelión y traición a la patria y trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil). Su causa está en el Tribunal Militar Décimo Quinto de Juicio con sede en Maturín.
“Detrás de esto hay una historia de persecución, mentira y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de la causa. La investigación es violatoria del debido proceso, y así permanecen tras las rejas Yurimar Rengel, Yusimar Montilla y Carla Anton, solo vinculadas a un informe realizado por funcionarios de la DGCIM, sin posibilidades de defenderse, pues están sometidas a un juicio militar en el que impera la obediencia y subordinación”.
Carla Yancelis Antón Farías
Más del Caso Gobernadora de Monagas. La teniente del Ejército Carla Yancelis Anton Farías se desempeñaba como parquera del Fuerte Paramaconi, cuando el dia 17 de junio de 2017, luego de entregar su guardia, fue llamada para una entrevista dentro del mismo Fuerte Paramacay, pero solo fue la excusa para entregarla a funcionarios de la DGCIM.
Sin explicación alguna la encerraron cuatro días en un cuarto, luego fue trasladada a la sede de la DGCIM siendo sometida a tratos crueles e inhumanos, negándole comida y agua, no se le permitió la visita de abogados y mucho menos contacto con sus familiares.
El 26 de junio la trasladaron a la cárcel de Ramo Verde con un grupo de 8 compañeros; ahí permaneció 4 meses y 23 días, hasta que finalmente la trasladan al anexo militar de la cárcel La Pica.
El caso denominado “Gobernadora de Monagas” está plagado de violaciones a los derechos humanos y de decisiones absolutamente politizadas que obstaculizan la buena marcha del proceso, destaca el Informe del Observatorio.
Lisbany Esther nguilar López
Es Sargento 2do de la Armada Nacional Bolivariana. Para el momento de su detención laboraba en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El 14 de mayo de 2019 fue detenida por funcionarios de la DGCIM en Valencia, quienes bajo engaño la trasladaron a la DGCIM Caracas, para someterla a varios interrogatorios relacionados con el supuesto plan de fuga del Mayor General Miguel Rodríguez Torres.
El 22 de mayo de 2019 fue presentada para su imputación y le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y ordenan su detención, estableciendo como sitio de reclusión el Centro de Procesamiento Militar (Cenapromil), pero la llevaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.
Al ingresar a ese recinto carcelario, donde aún permanece, Lisbany fue brutalmente golpeada por las otras mujeres detenidas en el lugar.
