(04-10-2024) Los venezolanos en el exterior están obligados a presentar su pasaporte venezolano vigente para abordar un vuelo.
En caso de pérdida o vencimiento del pasaporte, deben tramitar un «Documento de Viaje» ante la representación consular de Venezuela en su país de residencia y notificar a la aerolínea con -al menos- 72 horas de anticipación.
La cédula de identidad venezolana, por sí sola, no es suficiente para viajar. Esta norma aplica también a los ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad, quienes deben utilizar su pasaporte venezolano, incluso si el de su otra nacionalidad está vigente.
Esta situación se complica aún más, tomando en cuenta que en muchos de los países donde se encuentran la mayoría de migrantes venezolanos, el gobierno de Venezuela rompió relaciones diplomáticas tras las elecciones del 28 de julio; lo que obliga a que los venezolanos deban trasladarse a otros países para realizar cualquier trámite ante una representación diplomática nacional.
Con estas medidas, el gobierno viola lo establecido en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual establece que:
“Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas».
Los venezolanos siguen viviendo una ficción; el gobierno de Nicolás Maduro se aferra a la retórica de que es un gobierno democrático, pero cada medida política contradice su discurso.
La situación de los venezolanos en el exterior es cada vez más compleja y preocupante. Las políticas migratorias implementadas por el gobierno venezolano generan un clima de incertidumbre y vulnerabilidad, representando una clara violación de los derechos humanos de los más de 7.5 millones de venezolanos que, producto de la Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, han sido forzados a abandonar el país en busca de la calidad de vida y el respeto a sus derechos que -en Venezuela- el gobierno les ha negado.
