En una jornada marcada por el uso desproporcionado de la fuerza, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron con gas pimienta y agresiones físicas la movilización de trabajadores, jubilados y estudiantes que exigían ingresos dignos
Emmanuel Rivas / Caleidoscopio Humano – Cobertura especial del NotiDesca
Lo que debió ser un ejercicio legítimo del derecho a la protesta y la libertad de asociación, se convirtió este jueves 9 de enero en una nueva jornada de vulneraciones sistemáticas a los derechos de los venezolanos.
Trabajadores, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y personas mayores —quienes sobreviven con pensiones de miseria— fueron víctimas de una represión desproporcionada por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otros cuerpos policiales como el de Petare, identificado en tre los manifestantes, cuando intentaban llegar a las adyacencias del Palacio de Miraflores.
La movilización, que partió de Plaza Venezuela, fue interceptada por múltiples piquetes antimotines, y tuvo que ser desviada por la Avenida México. Posteriormente, y tras poder pasar varios contingentes policiales, los funcionarios empezaron a agredir a los manifestantes.
En medio de una crisis donde el salario mínimo mensual apenas alcanza los 0,27 dólares y la canasta básica supera los 600 dólares, los manifestantes —en su mayoría personas mayores— se encontraron con una muralla fortalecida con escudos antimotín y gas pimienta.
La utilización de la fuerza física contra los manifestantes no es un hecho aislado, sino una política de Estado que busca silenciar el reclamo de una vida digna.
Ángel Bolívar, dirigente sindical de Ciudad Guayana, denunció que «en el centro de Caracas, sufrimos la represión brutal por parte de los cuerpos de seguridad con gas pimienta y gases lacrimógenos donde muchas personas de la tercera edad salieron lesionadas (…) Queremos denunciar la desaparición del señor Javier Márquez. Él es directivo de UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) se lo llevaron detenido. Pedimos inmediatamente que aparezca».
Por su parte, Eduardo Torres, defensor de DDHH, calificó la convocatoria como exitosa, pues, «los trabajadores rompieron siete cercos policiales y en ese sentido es una victoria, aunque no se trata de romper cercos, sino de ser escuchados».
Torres además se refirió a que, mientras en el centro de Caracas los manifestantes eran reprimidos por funcionarios policiales, en la cárcel de El Rodeo I se agredía a los presos políticos. «Se reportan varios heridos».
Estudiantes de la UCV que acompañaban la marcha también fueron agredidos. Voceros estudiantiles confirmaron que tienen reportes de al menos dos estudiantes que permanecen detenidos tras la movilización y que iniciarán recorridos por los centros de detención para verificar su estatus.
«Declaraciones irresponsables»
Los trabajadores que salieron hoy a las calles de Caracas y en otras regiones del país, calificaron de irresponsables las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez sobre incrementos salariales. Entre las principales exigencias se encuentran: Que los aumentos sean en porcentajes claros, la derogatoria del instructivo ONAPRE y del memorando 2792.
El movimiento estudiantil y sindical convocó a una nueva protesta para el próximo jueves 16 de abril, desde Las Mercedes hasta las adyacencias de la Embajada de EEUU en Venezuela.
Periodismo bajo ataque
La labor informativa también fue blanco de la violencia policial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó agresiones directas contra al menos 10 profesionales de la comunicación.
Entre los casos más graves se encuentra el del periodista Francisco Caseres, de La TV Calle, quien fue golpeado en el rostro por funcionarios que, además, destruyeron sus lentes formulados, limitando su capacidad para realizar su trabajo.
Las agresiones incluyeron: Uso de objetos contundentes (envases de agua congelada lanzados por efectivos), rociamiento directo de gas pimienta a equipos de prensa, robo de pertenencias y equipos de trabajo por parte de la PNB y bloqueo del paso a organizaciones de derechos humanos como Provea y Caleidoscopio Humano, impidiendo el monitoreo y acompañamiento a las víctimas.
Un Estado que se niega a escuchar
A pesar de la retórica oficial de «defensa del pueblo», la realidad en las calles de Caracas demuestra una desconexión absoluta con las necesidades de la población.
La criminalización de la protesta y la represión como respuesta a la crisis económica profundizan la brecha de desigualdad y dejan a la ciudadanía en un estado de indefensión total.
Desde Caleidoscopio Humano, exigimos:
- Cese inmediato de la represión contra las manifestaciones pacíficas.
- Investigación y sanción a los funcionarios responsables de las agresiones físicas y robos a periodistas y ciudadanos.
- Garantía de un salario digno que se ajuste a la realidad inflacionaria, respetando el derecho humano a la alimentación y a la salud de las y los trabajadores.
Además, denunciamos que la respuesta estatal no solo criminaliza la exigencia de derechos DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), sino que ensaña su violencia contra grupos históricamente vulnerables y contra los periodistas y trabajadores de la prensa quienes tienen el deber de informar sin que su integridad corra riesgos físicos ni de hostigamiento.
Exigir derechos no es un delito.
