Abogados advierten que el poder en Miraflores no tiene incentivos para dejar de negociar con presos políticos
Fuente original: Efecto Cocuyo. – Desde el pasado fin de semana, el país asiste a una nueva ronda de excarcelaciones de presos políticos, entre ellos diez estadounidenses, producto de negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos.
No es la primera vez que Miraflores cede, siempre a cambio de algo. Tampoco será la última, pues a la par, las organizaciones de derechos humanos y políticas, familiares y abogados denuncian nuevas encarcelaciones, un proceso que califican como el uso de ciudadanos que no han cometido delitos como “fichas de cambio”.
Sin dejar de mencionar que casi 1.000 personas siguen recluidas en cárceles y centros de detención de manera indefinida y a la espera de ser “incluidos” en alguna lista de liberados con medidas cautelares; es decir, bajo riesgo de ser detenidos nuevamente.
Antes del “canje” entre 252 migrantes detenidos en EEUU y deportados a El Salvador de manera irregular por 10 estadounidenses, junto a la anunciada excarcelación de 80 presos políticos venezolanos -Foro Penal ha confirmado 57- se han dado otras “oleadas”, en un ciclo que se repite una y otra vez.
“Se ha convertido lamentablemente en un círculo vicioso que desnaturaliza el sistema judicial y convierte a la encarcelación arbitraria en una herramienta política. En la medida en que, por una parte, el gobierno venezolano obtenga beneficios coyunturales de las personas que encarcela indebidamente, especialmente en sus tratos con otras naciones, no tendrá razones ni incentivos para dejar de actuar de esa manera”, advirtió el abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en declaraciones a Efecto Cocuyo.
«Se instrumentaliza la justicia»
En enero de 2025, el enviado especial de EEUU, Richard Grenell logró llevarse a su país a seis presos políticos estadounidenses que estaban presos en Venezuela. La administración de Maduro aceptó vuelos de deportación de migrantes venezolanos expulsados de EEUU que han continuado hasta la fecha como parte de ese intercambio.
Analistas también han atribuido la “cooperación” de Miraflores a su afán de reconocimiento por parte de la administración Trump tras lo ocurrido el 28 de julio y buscar a la par la flexibilización de sanciones petroleras.
El 19 de octubre de 2023, salieron de su confinamiento el exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens; el periodista y miembro de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño (detenido otra vez en agosto de 2024); el estudiante universitario, Marco Garcés Carapaica; la empleada del Ministerio de la Defensa, Eurinel Rincón; y Mariana Barreto, presa por protestar en 2019 por irregularidades en el suministro de gasolina en Trujillo. Las excarcelaciones se dieron como parte del acuerdo de Barbados suscrito unos días antes, entre Miraflores y la oposición mayoritaria, con la mediación de Noruega.
A cambio, Estados Unidos levantó sanciones contra el petróleo, el gas y el oro venezolano, una medid temporal, a la espera de que Miraflores permitiera mayores garantías electorales para los comicios de 2024.
Previo a los comicios parlamentarios de 2020 (31 de agosto), Maduro aprobó indultos para 110 opositores encarcelados o perseguidos, en medio de negociaciones con Henrique Capriles y Stalin González para lograr garantías electorales que no se concretaron. Con la medida resultaron “beneficiados” 23 diputados de la AN de 2015, entre ellos Freddy Guevara y Mariela Magallanes, entonces asilados en las embajadas de Chile e Italia respectivamente, para evitar ser apresados. Igualmente Gilber Caro -quien se exilió en 2021 para evitar una nueva prisión- y Renzo Prieto.
También liberaron a figuras como Roberto Marrero, exjefe de gabinete del gobierno interino de Juan Guaidó y el director de Punto de Corte y exasesor del chavismo, Nicmer Evans.
“La forma como se producen estas nuevas excarcelaciones (a partir del 18 de julio) al igual que otras en el pasado, es la confirmación de la instrumentalización de la libertad e integridad de las personas que por ejercer sus derechos civiles y políticos, terminan siendo reos de sus sistema que persigue a la disidencia para erradicar la pluralidad, bajo un esquema de control y hegemonía”, rechazó el coordinador general de Provea, Oscar Murillo.
¿Qué busca Miraflores?
Con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ONG alertaron sobre el repunte de la represión política debido al denunciado fraude electoral, con la aprehensión de casi 2.000 ciudadanos en el contexto de las protestas, entre ellos más de 100 adolescentes.
Una vez “controlado” el clima de manifestaciones se produjeron excarcelaciones entre noviembre y diciembre para un aproximado de casi 1.000 medidas, aunque a falta de un listado oficial con nombres, las ONG no lograron verificar todos los casos ni las identidades. Entre quienes salieron no fueron incluidos dirigentes como Freddy Superlano, de VP, ni Biagio Pilieri de Convergencia, capturados en julio y agosto de 2024, respectivamente.
Pero las detenciones continuaron. En diciembre se reportaron 15 nuevos presos políticos y desde enero de 2025, han sido apresados más de 60 personas, entre políticos, activistas de partidos, defensores de DDHH y ciudadanos comunes, entre ellos el excandidato presidencial Enrique Márquez, el abogado de presos políticos, Eduardo Torres y el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, entre otros, que no fueron incluidos en el reciente canje. Tampoco los defensores de DDHH, Rocío San Miguel y Javier Tarazona, al igual que más de 20 periodistas y trabajadores de la prensa, detenidos mayormente después de las presidenciales y a partir de enero de este 2025.
“Pareciera que los liberados (a partir de este 18 de julio) son aquellos que no tienen mucho que ver con María Corina Machado y Edmundo González. El gobierno venezolano estaría aprovechando las grietas para horadar allí esa desconfianza al interior de las fuerzas opositoras, porque pareciera que los favorecidos son aquellos que son más pro Capriles que pro María Corina, su gente clave (de la líder opositora) no están hasta ahora entre los liberados”, apuntó la consultora política, Carmen Beatriz Fernández, sobre las características de los excarcelados y los criterios empleados por el chavismo.
Un canje a tres bandas que beneficia a los negociadores
A juicio de Fernández, consultada por Efecto Cocuyo, el gobierno de Trump “ganó” con el canje al devolver a migrantes que habían sido arbitrariamente enviados a El Salvador y “llevar a casa” a los estadounidenses detenidos en Venezuela bajo cargos de intento de asesinato de Maduro. Bukele igualmente, sostuvo, porque “se quita de encima” a los detenidos al evidenciarse la violación de sus derechos humanos. Otros analistas consideran que Maduro quiso “lavar su imagen” a lo interno al estar a punto de cumplirse un año del denunciado fraude electoral del 28 de julio.
Para Himiob y Murillo, que otros países acepten “negociar” privados de libertad, siguiéndole el juego al gobierno venezolano, no resuelve el problema.
“No terminarán siendo más que colaboradores en un ciclo que, sin darse cuenta o peor, entendiéndolo plenamente, perpetúan”, lamento Himiob.
Murillo coincide en que luego del 28 de julio, la administración de Maduro hace esfuerzos por ganar una “legitimidad hacia afuera” y ahora recurre a las excarcelaciones para aparentar que genera un clima de paz. Recalcó que la paz solo se consigue con verdadera justicia.
“Debe haber una libertad plena para todos, sin condiciones y que debe cesar esta política de encarcelar para luego usar el sufrimiento del prolongado encarcelamiento como una ficha de canje para resolver problemas que tienen que ver con la legitimación o algunos intereses alejados de la búsqueda de justicia y plena garantía de derechos humanos”, reprochó Murillo.
“Puerta giratoria”
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización política fundada por María Corina Machado, denunció la detención arbitraria de al menos 12 personas en las últimas horas, entre ellas el jefe del Comando con Venezuela en Lara, Manuel Enrique Ferreira.
La abogada Tamara Suju igualmente alertó sobre al menos 15 aprehensiones en lo que va del mes de julio, entre ellas el consejero universitario de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar Obregón, el pasado 18 de julio, el mismo día que los migrantes llegaban desde El Salvador.
Este proceder ha sido llamado por defensores humanos como la “puerta giratoria” en alusión a que unos salen de los centros de detención y al mismo tiempo otros entran para ocupar esos espacios y que el poder no se quede sin nada que pueda “intercambiar”.
“Venezuela, en pleno 2025, es uno de los países con mayor cantidad de presos políticos y lo que eso ratifica es que estamos ante el uso sistemático y prolongado de los instrumentos del sistema de justicia para perseguir e intimidar y todo esto se ha venido intensificando en los últimos meses”, señaló Murillo.
Resaltó que cuando una persona es detenida en Venezuela en el contexto político, no hay una investigación previa sino más bien una “cacería y persecución”, dirigida a eliminar la disidencia.
“En Provea decimos que cada preso político por ejercer su derecho a expresarse, representa una herida abierta en el tejido social venezolano y es un paso que nos aleja en necesaria reinstitucionalización del país. La liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos es un requisito imprescindible para cualquier solución duradera en Venezuela. No deben ser fichas de canje pues eso revictimiza y refuerza el patrón de seguir con esta política represiva”, agregó Murillo.
