Solo en Mérida, al menos 405 víctimas de violaciones de derechos humanos siguen sin recibir la debida reparación del daño por parte del Estado venezolano
(02-06-2022) La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que “toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”. Este es un principio del Derecho Internacional que deben cumplir todas las naciones y que en Venezuela está contemplado en la reciente Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.
La reparación integral de los daños causados a víctimas de violaciones de derechos humanos está reconocida también en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por consenso el 16 de diciembre de 2005 en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó recientemente un informe titulado El derecho a la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, donde documenta casos que evidencian el persistente incumplimiento del Estado venezolano con su obligación de reparar a las víctimas.
Linda Loaiza y al menos 21.723 víctimas más
El caso de Linda Loaiza López Soto, víctima de violencia de género, representa el primero en el que se condena internacionalmente al Estado venezolano por este delito. López estuvo secuestrada por su agresor, Luis Carrera Almoina, durante casi cuatro meses, entre marzo y julio de 2001. En este período fue víctima de múltiples y reiteradas violaciones a sus derechos humanos. No obstante, el sistema de justicia venezolano nunca la reparó.
“A pesar de las investigaciones y la detención de Carrera Almoina, se produjeron varias irregularidades en el proceso penal que condujeron en 2004 a su absolución. Luego, su absolución fue anulada por la Corte de Apelaciones por inmotivación del fallo y se realizó un nuevo proceso penal en el que Carrera Almoina fue condenado solamente a seis años y un mes de prisión por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto del delito de violación sexual. En 2008 se declaró que había cumplido la pena”, precisa el informe del ODH-ULA.
El 11 de noviembre de 2007, más de seis años después de las violaciones que sufrió, Linda Loaiza López presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado venezolano de negarle el derecho a la justicia y la debida reparación. El 26 de septiembre de 2018 la Corte IDH dictó sentencia a favor de López y determinó que fue víctima de violaciones a 11 derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta la publicación de esta nota de prensa, Linda Loaiza López sigue sin recibir justicia ni reparación por parte del Estado venezolano.
El 29 de mayo de 2018 la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ejecutados por el Estado desde 2014 en contra de la población civil. Estos crímenes incluyen asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, persecuciones y desapariciones forzadas.
“Se identifican 131 víctimas de asesinatos en las protestas que tuvieron lugar durante 2014 y 2017; 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; 12.000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013 y 1.300 presos políticos que han sido o aún están detenidos por su oposición al gobierno de Nicolás Maduro”, señala el documento elaborado por el ODH-ULA, en referencia al informe de la OEA.
405 casos de víctimas sin reparar en Mérida
El Departamento Legal del ODH-ULA ha asistido 55 casos de violaciones de derechos humanos desde su creación en 2014. Así mismo, el Foro Penal de Mérida da cuenta de al menos 350 casos. En ninguno de ellos las víctimas de violaciones de derechos humanos han recibido la debida reparación. Solo estas dos organizaciones defensoras de DD. HH. suman 405 casos en los que, al igual que Linda Loaiza López y las 21.723 víctimas que registró la OEA en 2018, el Estado venezolano está en deuda, tanto con las víctimas directas como con las víctimas por extensión en algunos casos.
El 27 de diciembre de 2021 se publicó en Gaceta Oficial la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, aprobada previamente por la Asamblea Nacional elegida ilegítimamente en 2020. Su objeto es “crear la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, a los fines de generar recomendaciones y facilitar mecanismos de estudio, seguimiento y verificación en esta materia”. El artículo 6 establece que dicha Comisión tiene carácter temporal de 2 años, con la posibilidad de prorrogarse.
El ODH-ULA y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que dicha legislación se creó y aprobó al margen de la sociedad civil y de las propias víctimas. Este observatorio exhorta al Estado venezolano, una vez más, a velar por el oportuno cumplimiento de justicia y reparación a las víctimas de delitos contra los derechos humanos. Que la ley aprobada en 2021 no sea solo una respuesta a la presión internacional ejercida sobre el gobierno de Nicolás Maduro a partir de la investigación en curso que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
