Diego Saltaren/Estudiante de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María
(05-04-2024) El discurso sobre los derechos humanos siempre ha sido un terreno multifacético e intrincado que exige un delicado equilibrio entre defender la justicia, garantizar la seguridad pública y reconocer la dignidad inherente de todos los individuos, independientemente de las acciones pasadas. En este punto final, se puede describir como un lugar baldío en donde existe una convergencia de pensamientos diversos.
Este debate es particularmente conmovedor en países como Ecuador, donde organizaciones criminales y grupos violentos han desafiado el tejido mismo de los derechos humanos y el Estado de derecho.
En ocasiones, surge la afirmación de que dichos perpetradores no tienen derecho a ser tratados con compasión o justicia debido a las acciones condenables que han cometido. Sin embargo, esta perspectiva, aunque comprensible desde un punto de vista emocional, no se sostiene cuando se examinan detenidamente las razones fundamentales para defender los derechos humanos de todos los individuos, incluidos aquellos que han infringido la ley.
En primer lugar, es importante recordar que los derechos humanos son universales e inalienables. Esto significa que están intrínsecamente ligados a la condición humana y no pueden ser revocados o negados bajo ninguna circunstancia. Negar los derechos humanos a los «delincuentes» no solo contradice este principio fundamental, sino que también socava el tejido mismo de una sociedad basada en la justicia y la equidad.
Además, el respeto por los derechos humanos de los «delincuentes» no implica impunidad o falta de responsabilidad por sus acciones. Por el contrario, abogar por el respeto de sus derechos es una parte integral de un sistema de justicia que busca abordar las causas profundas del delito, rehabilitar a los infractores y promover la reconciliación y la cohesión social.
Por consiguiente, es crucial reconocer que negar los derechos humanos a los «delincuentes» perpetúa un ciclo de violencia y marginalización que en última instancia socava la seguridad y la estabilidad de toda la sociedad. Al privar a los delincuentes de sus derechos fundamentales, se les empuja aún más hacia el margen de la sociedad, lo que dificulta su reintegración y aumenta las posibilidades de reincidencia delictiva.
El Caso de El Salvador: Maras y la Lucha por los Derechos Humanos
La batalla de El Salvador contra las Maras, pandillas notorias responsables de una miríada de abusos de derechos humanos, ejemplifica las complejidades de abordar la criminalidad mientras se respeta los derechos fundamentales. Si bien es imperativo responsabilizar a estos individuos por sus crímenes y brindar justicia a las víctimas, también es crucial reconocer su humanidad y derecho a derechos básicos.
Los esfuerzos para combatir la violencia de pandillas en El Salvador han trascendido las “meras” medidas punitivas y no se han adentrado en las causas profundas de la afiliación a las pandillas.
Mediante la adopción de un enfoque integral que combine la aplicación de la ley con programas sociales dirigidos a abordar la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, El Salvador podría defender los derechos humanos mientras combate el flagelo de la violencia pandillera; no obstante, y muy lamentablemente, no ha sido el plan de acción propio de ejecutarse.
Ecuador: Intentos de golpe de Estado y el Estado de derecho
Los recientes intentos de golpe de Estado en Ecuador han subrayado la fragilidad de las instituciones democráticas y el Estado de derecho. Por supuesto, al ser esencial enjuiciar a los involucrados en tales acciones, también es vital asegurar que incluso los presuntos conspiradores de golpes de Estado reciban un debido proceso y un trato justo de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Respetar los derechos de las personas implicadas en intentos de golpe de Estado no es un signo de indulgencia, sino un testimonio del compromiso de Ecuador con la justicia y el Estado de derecho. Al defender los derechos humanos de todos, incluidos los acusados de delitos graves, Ecuador puede demostrar su dedicación inquebrantable a los principios democráticos y la protección de las libertades fundamentales.
Abrazando los Derechos Humanos para Todos: Un Imperativo Moral
Es de necesaria aceptación que los derechos humanos para los delincuentes trascienden las legalidades y se adentra en el ámbito de la moral y la ética. Los individuos podrían haber cometido actos reprensibles y causado daño, pero eso no quita el hecho de reconocer su valor intrínseco y defender sus derechos humanos.
Tratar a los delincuentes con dignidad y respeto por sus derechos no disminuye la gravedad de sus acciones, sino que subraya nuestro compromiso con la justicia, la equidad y la compasión. Al garantizar que incluso aquellos que han transgredido la ley reciban sus derechos fundamentales, no solo afirmamos nuestra brújula moral, sino que también contribuimos a una sociedad más equitativa y humana.
En última instancia, abrazar los derechos humanos para todos, incluso para aquellos que han cometido actos criminales, es un imperativo moral que refleja nuestra humanidad compartida y nuestro compromiso con los principios de justicia, compasión y dignidad humana.
En lugar de negar los derechos fundamentales a ciertos individuos, debemos trabajar hacia un sistema de justicia que reconozca la capacidad de redención y transformación de cada persona, independientemente de sus acciones pasadas.