La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aseguró que, pese a las «múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad»
(21-04-2025) La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció el sábado 19 de abril la falta de “atención médica adecuada” para más de 80 presos políticos en Venezuela, a pesar de que enfrentan “condiciones de salud críticas”.
A través de la red social X, la organización no gubernamental aseguró que, pese a las “múltiples solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades venezolanas han omitido su responsabilidad”.
ndicó que casos como el de la activista Rocío San Miguel -detenida desde febrero de 2024-, cuya “fractura no (ha sido) atendida desde hace más de siete meses, reflejan el deterioro progresivo de la salud de personas detenidas por razones políticas”.
Este viernes, JEP alertó de la “grave violación a los derechos humanos” de San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien “no ha recibido atención médica especializada, lo cual pone en riesgo su salud física y emocional, y puede ocasionarle secuelas irreversibles”.
Audiencia diferida
El pasado 31 de marzo, la audiencia de juicio de San Miguel, prevista para ese día, fue diferida por cuarta vez, para el 26 de mayo, por “falta de traslado” al juzgado, según dijo a EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
En los últimos meses, familiares de los considerados presos políticos han llevado a cabo numerosas protestas para exigir liberaciones, revisión de casos y una mesa de diálogo, así como para pedir atención médica “oportuna y especializada”.
Sin visitas
Otra de las violaciones constantes que sufren los presos políticos, de acuerdo con ONG, es la suspensión de visitas familiares. El sábado 19 de abril, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que fueron suspendidas “arbitrariamente” las visitas familiares en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, donde hay alrededor de 80 personas detenidas por razones políticas.
A través de X, el comité señaló que funcionarios de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), “alegaron que la medida responde a una supuesta ‘incitación al odio’ tras la manifestación de fe realizada el pasado domingo” en las afueras del centro penitenciario, donde familiares de los considerados presos políticos abogaron por “el bienestar y la libertad plena de sus seres queridos”.
A ese grupo de detenidos “se le impidió recibir el único contacto y visita semanal permitida: ver a sus familiares a través de un vidrio, mientras hablan por un teléfono, durante apenas 15 minutos”, señaló la ONG.
El comité advirtió que esta “decisión irracional dirigida contra quienes participaron” en esa manifestación “se suma al hostigamiento y la persecución desplegada por efectivos encubiertos de organismos policiales del Estado durante la actividad”.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 890 personas arrestadas por motivos políticos, cinco de ellas adolescentes.
