Activistas ambientales denuncian que el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental es totalmente deliberado y que el acuerdo de Escazú no está en la mira del Estado venezolano
(24-04-2022) La organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el régimen de Nicolás Maduro no ha suscrito el acuerdo de Escazú para proteger los derechos ambientales del país.
En un foro regional denominado “Acuerdo de Escazú ya”, realizado el 22 de abril, varios defensores de los derechos humanos y ambientales describieron el impacto de este acuerdo y la importancia de que el Estado venezolano se adhiera.
“En Venezuela la crisis ambiental ha ido escalando. La minería está produciendo grandes impactos ambientales en la amazonia. Hay un daño en todos los ríos de la zona que se están contaminando con mercurio”, indicó Alejandro Álvarez, activista ambiental y miembro de Clima 21.
Detalló que en los últimos 10 años han monitoreado la situación ambiental del país y encontraron que hay un deterioro en el ambiente cada vez más grande.
“El primer problema, que afecta entre el 82 % y el 96 % de la población de Venezuela, es que no se recibe agua de forma regular y su calidad no es la adecuada para el consumo. Esta crisis inició en el año 2014, cuando el gobierno hablaba de una seguía”, explicó.
Comentó que otro de los problemas que se vive en la amazonia es la deforestación, que aunque la tasa no es la más alta, sí es la que más rápido avanza.
Los daños ecosistémicos producto de esa situación está produciendo un aumento de la malaria en condiciones que no se habían visto desde hace más de 60 años. A su vez, esos problemas están acompañados de la ausencia total de estrategias para mitigar los efectos de los desastres naturales potenciados por el cambio climático”, subrayó.
¿Qué es el acuerdo de Escazú?
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mayormente conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer convenio regional ambiental de Latinoamérica y el Caribe en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Aunque el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito solo por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.
De acuerdo con Unicef, el acuerdo es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
El Acuerdo de Escazú establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental y ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Problemas que afectan el medio ambiente
Álvarez señaló que en el país hay constantes derrames petroleros a manos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Los ecosistemas marinos están siendo afectados, en diciembre se cumplen 100 años del primer gran derrame.
Durante los últimos años, el monitoreo que realizaron en Clima 21 reveló que las empresas petroleras ocultan información y el incremento continuo de este tipo de desastre ambiental.
Además, sostuvo que otra grave afectación es el daño y destrucción de la diversidad biológica por la incorporación de las redes criminales de tráfico de fauna.
“Todas estas causas se están potenciando por una política gubernamental de opacidad y ocultamiento continuo”, afirmó el biólogo y activista de derechos humanos.
El hostigamiento y la violencia contra activistas tiene un efecto muy grave sobre el tema ambiental en el país. “Muchos defensores de derechos ambientales viven periodos de hostigamientos y se han registrado asesinatos de líderes indígenas”, agregó.
A su juicio, el proceso de destrucción de la institucionalidad ambiental es totalmente deliberado y el acuerdo de Escazú no está en la mira del Estado venezolano.
El Estado venezolano se niega totalmente al Acuerdo de Escazú. Necesitamos seguir exigiendo Escazú y solidaridad”, puntualizó.
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