CSW. 70 GARANTIZAR Y FORTALECER EL ACCESO A LA JUSTICIA, PARA TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS, INCLUSO MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SISTEMAS JURÍDICOS INCLUSIVOS Y EQUITATIVOS, LA ELIMINACIÓN DE LEYES, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS Y LA SUPERACIÓN DE LAS BARRERAS ESTRUCTURALES
Fuente: NGO América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo, con un modelo de desarrollo incompatible con la sostenibilidad de la vida y del ambiente, con patrones racistas y patriarcales discriminatorios y violentos. Las injusticias de género, socioeconómica, reproductiva, y climática forman parte del curso de la vida de las mujeres, las adultas mayores, las juventudes y las niñas en toda su diversidad y de las disidencias de género. El acceso a la justicia para todas ellas sigue siendo un desafío crucial, ya que la violencia persiste, las barreras legales y una administración de justicia inequitativa, excluyente y poco permeada por la perspectiva de género, derechos humanos, intercultural, interseccional, integral y antirracista socavan la igualdad de género y el empoderamiento. Aun en la celebración del Beijing+30, las organizaciones de mujeres y niñeces feministas y de las disidencias de género, urbanas y rurales, adultas mayores, de Pueblos Indígenas, trabajadoras, con VIH, en situación de calle, migrantes y refugiadas, Afrodescendientes, de base, con discapacidad y periodistas de la región se movilizan para demandar la urgente necesidad de reformas legales integrales y la construcción de sistemas judiciales inclusivos para abordar las múltiples violencias contra mujeres y niñas en toda su diversidad y garantizar que se respeten sus derechos.
En la región se vive un tiempo de retrocesos de los logros que, aunque insuficientes, se habían alcanzado. La democracia en la región enfrenta riesgos sistémicos debido a la reiterada desobediencia a los marcos constitucionales y a las leyes garantistas de derechos, acompañada de un preocupante aumento de la militarización y el progresivo desmantelamiento de los mecanismos nacionales e institucionales para el adelanto de las mujeres. Este deterioro de la institucionalidad pública se ve agravado por la corrupción, la falta de transparencia y el avance del crimen organizado, que en conjunto erosionan los cimientos de los sistemas democráticos. Una manifestación crítica de esta crisis es la cooptación institucional de la administración de justicia, la cual perpetúa la impunidad tanto para los delitos de corrupción y narcotráfico como para las violaciones de derechos humanos. Esta realidad se refleja en los datos de Latinobarómetro (2024), que indican que solo el 50% de la ciudadanía en 15 países confía en el sistema judicial— una cifra que desciende a menos del 20% en algunos casos—, evidenciando una percepción generalizada de falta de acceso a la justicia y la existencia de sistemas discriminatorios basados en la condición socioeconómica.
Observamos con grave preocupación la imposición de regímenes de excepción en países como El Salvador y Ecuador. En este último, se documentan medidas regresivas específicas que afectan directamente los derechos de las mujeres, incluyendo el debilitamiento deliberado de las estructuras de género, la suspensión de la implementación del Plan Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, el retiro de fondos para servicios de asistencia, y la criminalización de la protesta pacífica mediante la suspensión de cuentas bancarias y la judicialización con cargos de terrorismo y sublevación contra mujeres movilizadas. Asimismo, en Bolivia, Argentina y Perú, la democracia se ve amenazada por una nula o limitada rendición de cuentas y un marcado debilitamiento de la independencia judicial, contextos que frecuentemente conllevan la marginalización o desarticulación de las políticas de igualdad sustantiva. En el Caribe Sur, aumentó la presencia de activos militares de USA, cerca de Trinidad y Tobago, se realizan ataques letales a embarcaciones en el Mar Caribe, sus habitantes son asesinados extrajudicial e impunemente. El apoyo a estas acciones por parte de algunos líderes amenaza a el estatus de la región como «zona de paz»—reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA)—, socavando décadas de estabilidad y poniendo en riesgo desproporcionado la seguridad y los derechos de las mujeres y las niñas, a la vez que desvían recursos y prioridades políticas lejos de las agendas de igualdad de género.
Los gobiernos deben mantenerse unidos y firmes contra cualquier introducción de guerra o posturas bélicas y recurrir a negociaciones pacíficas, con experiencia y eficacia comprobada, para proteger a la región y a sus ciudadanos.
Las violencias extremas de género como la trata con fines de explotación laboral o sexual y la desaparición de mujeres y niñas en contextos de crimen organizado, movilidad humana, minería y otras explotaciones ilegales, que afectan de manera
desproporcionada a niñas, jóvenes y mujeres afrodescendientes, indígenas, especialmente en zonas fronterizas, aumentan en todos los países de la región y sus responsables gozan de impunidad. Asimismo, crecen las amenazas, lesiones y asesinatos de defensoras de derechos humanos —incluyendo una específica persecución contra defensoras de los derechos sexuales y reproductivos—, y las violencias hacia los Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y rurales por el extractivismo de recursos naturales y la ocupación de tierras, las cuales también quedan impunes. En algunos países, observamos con preocupación que las normas antiterroristas son instrumentalizadas para criminalizar el pensamiento crítico y la disidencia legítima. Por todo ello, instamos a los gobiernos a cumplir y aplicar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú, como marco esencial para proteger a las defensoras del ambiente, del territorio, de los derechos sexuales y reproductivos, y a las activistas ecofeministas.
La laicidad del Estado se deterioró más aún frente a la expansión y crecimiento de los fundamentalismos y conservadurismos religiosos, condicionando decisiones de justicia, restringiendo derechos y debilitando la autonomía democrática. Se refuerza el rechazo a la “ideología de género”, la negación de la diversidad e identidad de género de mujeres, niñas y familias. Cada vez más, las mujeres se autocensuran, son apartadas del debate público y sufren el achicamiento del espacio cívico.
Se observa con preocupación la promoción de un discurso que plantea la existencia de una supuesta «industria de denuncias falsas», buscando presentar al movimiento de 2 mujeres, feminista y de las diversidades como promotor de injusticias. En Argentina y Perú, han avanzado iniciativas para penalizar denuncias falsas en casos de violencia contra mujeres y simulación de agresiones. La estigmatización y desacreditación al denunciar afecta también a las mujeres y niñez indígenas incluso en la justicia comunitaria, donde recurren primero. Se refuerza una visión punitiva hacia las denunciantes, se protege, así, a los agresores y se desconocen las deficiencias estructurales del sistema judicial.
Los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera efectiva la violencia de género, adoptando un enfoque sensible al género en todas las etapas del proceso. La adopción de normas que penalicen o amenacen a las víctimas por denunciar constituye una forma de violencia institucional que consolida la impunidad y profundiza la re victimización. 32 países han ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), pero sólo 14 cuentan con leyes integrales contra la violencia hacia las mujeres.
Los feminicidios, trans femicidios, lesbicidios, infanticidios y la violencia vicaria, formas extremas de violencia, continúan creciendo en la región. En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio/ feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. O sea 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región. (Cepal, 2024). La figura del femicidio/feminicidio no ha sido incorporada en todos los países de América Latina y el Caribe, aún menos, el trans feminicidio y las otras formas de violencia mencionadas. Entre los 18 países que hasta 2019 habían incorporado esa figura penal en sus normativas, hay retrocesos; en Perú y Argentina, se plantean reformas legales para eliminarla.
La magnitud de la violencia basada en género en la región es alarmante y tiene implicaciones familiares, sociales, y económicas muy graves. Se exhorta a los gobiernos a que reafirmen su compromiso con la Convención de Belém do Pará,
y las Recomendaciones Generales 39 y 35 de CEDAW y adecuen su legislación.
Se insta a los Estados a continuar reconociendo y garantizando, como figuras penales específicas, la investigación y sanción efectiva de los delitos de feminicidio, transfeminicidio, lesbicidio y de toda violencia letal contra las infancias —incluyendo el infanticidio y la violencia vicaria—, así como sus respectivas ejecuciones en grado de tentativa, como figuras penales.
La legislación sobre matrimonio infantil y uniones tempranas ha tenido avances en Colombia, Perú, Bolivia y Trinidad y Tobago; no obstante, su frecuencia aun es alarmante en la región. En Brasil, decisiones judiciales normalizan o justifican estas uniones perpetuando la impunidad. Es imprescindible reforzar marcos legales que protejan los derechos de niñas y adolescentes, capacitar a operadores del sistema de justicia y garantizar servicios integrales de salud, educación y protección para que las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos.
La protección legal para la diversidad de mujeres y juventudes, frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es insuficiente; sólo 11 países de la región han ratificado el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Las desigualdades y barreras laborales se profundizan para todas ellas a causa de factores estructurales que limitan su acceso a empleos dignos, seguros y con protección social; afectando especialmente a las mujeres y juventudes indígenas, con discapacidad, migrantes y refugiadas. Se Insta a los gobiernos a eliminar barreras estructurales de discriminación y garantizar condiciones laborales justas para todas las mujeres, mejorando la legislación laboral; convertir en trabajo decente el trabajo de todas las mujeres, atendiendo de manera urgente la situación de las cuidadoras- especialmente las mujeres de base- y las trabajadoras domésticas y ratificar y aplicar los Convenios 56, 111, 189 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Los gobiernos deben asegurar que la Agenda de Cuidados sea un eje central en las políticas de sus ministerios de Trabajo y Salud. ”Exigimos la creación de un mecanismo de seguimiento con participación de la sociedad civil para la
implementación del Pacto Bi-regional CELAC – UE sobre Cuidados, con metas claras, plazos y rendición de cuentas periódica, a fin de traducir los compromisos en políticas y presupuestos concretos.»
La criminalización y la restricción del acceso al aborto es el principal motivo de injusticia reproductiva. En Bolivia se obstaculiza el acceso a los abortos previstos en la normativa, en Perú y Brasil, la judicialización de casos, incluso de aquellos aceptados, obstaculiza el derecho al aborto legal, y funciona como mecanismo disciplinador de mujeres, niñas y
profesionales de la salud. Los gobiernos deben revisar su legislación y despenalizar el aborto y exigir el cumplimiento de las normas sancionadas que reconocen el derecho reproductivo.
La violencia digital crece en sus múltiples formas: acoso y abuso sexual en línea (grooming), ciberacoso, persecución y espionaje digitales (ciberstalking), prácticas que impactan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes en toda su diversidad — y que frecuentemente se ven agravadas por un perfilamiento racial algorítmico—, profundizando la polarización, los discursos de odio y las narrativas antidemocráticas en espacios políticos, sociales y mediáticos. Se observan avances insuficientes en la normativa legal para la denuncia, investigación y sanción efectiva de estas prácticas, así como en su implementación y cumplimiento. Por ello, se insta a los gobiernos a garantizar espacios digitales libres de discriminaciones y violencias, mediante la creación, el refuerzo y la aplicación efectiva de leyes, normativas, medidas de control y monitoreo permanente que, sin menoscabar la libertad de expresión, prevengan y sancionen la violencia de género digital y algorítmica en todas sus manifestaciones.
Acceso a la justicia: persisten serias deficiencias para denunciar, acceder a la justicia y recibir protección oportuna sin ser revictimizadas. Las dificultades y la inaccesibilidad se multiplican para las mujeres indígenas por la falta de documentos de identidad, el no contemplar la realidad de los Pueblos Indígenas, la carencia de intérpretes o traductoras, el desconocimiento de los marcos normativos, la corrupción y la impunidad. Es urgente la coordinación entre la justicia del estado y la de los Pueblos Indígenas validando los sistemas jurídicos plurales. Las mujeres y niñas con discapacidad experimentan dificultades por el incumplimiento de brindar apoyo y adaptaciones razonables en los procesos debido a la falta de capacidad de los agentes y el desconocimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo a su capacidad
jurídica.
La irregularidad migratoria coloca a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, exponiéndolas a mayores riesgos de violencia de género y limitando severamente su acceso a la justicia. El miedo a la deportación, la falta de mecanismos de investigación transfronterizos y la ausencia de rutas claras para la regularización las fuerzan a permanecer en situaciones de abuso e impunidad. Urge que los Estados garanticen vías seguras de regularización migratoria y aseguren el acceso a la justicia sin temor a represalias. La implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular es escasa, sólo 9 países han asumido compromisos efectivos con ella.
Para las mujeres que viven con VIH las barreras a la justicia se multiplican por las violencias de género y una profunda discriminación institucional en lo laboral, sanitario y productivo. Hay una negación de la autonomía corporal, la obstaculización del derecho al placer y a la reproducción y una revictimización constante en el sistema judicial
afectando su salud integral y una vida libre de violencia Pese a que la capacitación obligatoria de funcionarios policiales y judiciales en materia de violencia de género, derechos humanos y perspectiva de género está normada en varios países de la región, esta formación no logra revertir prácticas institucionales discriminatorias, racistas, revictimizantes, ciegas a las desigualdades estructurales de género y excesivamente lentas en la investigación y sanción, lo que constituye una violencia institucional sistemática. Esta situación se agrava debido a restricciones crecientes en la asignación de presupuestos públicos destinados a sostener, ampliar y reformar el sistema de administración de justicia, incluyendo las fases de recepción de denuncias, trámite procesal, y atención y reparación integral a las víctimas y sus familias.
Dichas restricciones acentúan la desigual distribución territorial del acceso a la justicia, perjudicando esproporcionadamente a mujeres y niñas rurales y de Pueblos Indígenas, y se suman a la insuficiente dotación de personal especializado, la capacitación inadecuada del mismo, y la escasa disponibilidad de servicios de patrocinio y acompañamiento jurídico. Frente a esta carencia, son las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos las que suplen la ausencia estatal de estos servicios esenciales. Asimismo, la cooperación internacional ha sido fundamental para financiar la representación legal gratuita y especializada, así como la provisión de servicios de salud, por lo que su disminución o interrupción incrementa la desprotección de mujeres y niñas.
Un ejemplo regresivo de esta tendencia es la norma sancionada en Perú que prohíbe el uso de fondos de cooperación internacional para acciones judiciales, administrativas o de otra índole —tanto en instancias nacionales como internacionales— que se consideren “en contra” del Estado, medida que afecta directamente los procesos en curso y el acceso a la justicia.
Urgimos a los Estados a garantizar sistemas de justicia con enfoque interseccional y antirracista que eliminen las barreras estructurales que enfrentan las mujeres y niñas afrodescendientes. Exigimos el reconocimiento de la violencia racial y patriarcal como crimen. La justicia debe ser reparadora, territorial y libre de racismo.
Se demanda a los gobiernos a: i) revisar y adecuar el sistema de administración de justicia atendiendo a la Recomendación General 33 de CEDAW, ii) incrementar los presupuestos públicos incluyendo programas educación en derechos y acceso a
la justicia iii) de poner en funcionamiento mecanismos de monitoreo del accionar del sistema judicial para garantizar la adecuación de éste a los requisitos de una justicia eficiente, equitativa, inclusiva, que actúe con celeridad y respeto por el
marco de derechos humanos de la diversidad de mujeres y niñas y disidencias de género, iv) reconocer, apoyar y no obstaculizar el trabajo de las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos que garantizan el acceso a la justicia de la diversidad interseccional de mujeres, y niñas de la región.
Las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe en toda su diversidad demandan hacer realidad su derecho a vivir sin violencias, con un sistema de justicia justo y accesible que proteja, ¡sancione y repare con celeridad!
