Cuerpos de seguridad no aplican medidas de prevención en calabozos

Familiares aseguran que no hay medidas de bioseguridad en los centros de contagio y temen contagio pese a la vacunación

19.12.2021. – Pola Del Giudice l UVL l Miranda .- 21 meses han transcurrido desde que se dictó la medida de cuarentena en el país, producto de la llegada del virus pandémico COVID-19, desde entonces, los más de 400 detenidos que están en los ocho calabozos de los cuerpos de seguridad en la región de Altos Mirandinos en el estado Miranda, conviven sin medidas de bioseguridad y en hacinamiento. La mayor parte de la población detenida fue vacunada durante la campaña a las elecciones de las alcaldías y gobernación de Miranda, pero no se han mantenido medidas de bioseguridad en estos recintos.

La región de Altos Mirandinos comprende los municipios Carrizal, Los Salías y Guaicaipuro, este último donde se ubica la capital del estado Miranda, con ocho centros de detención preventiva; siete de carácter civil y uno militar.

Durante los casi dos años que han transcurrido entre restricciones de visitas, se han presentado fallas de servicios públicos y la incertidumbre de la pandemia se ha visto desmejorado, aún más, la condiciones en las que están privados de libertad unos 283 detenidos, de acuerdo al último monitoreo presentado por la ONG Una ventana a la Libertad.

La ausencia de información oficial sobre las medidas a tomarse para el cuidado de la salud de los internos, muchos de ellos hasta con dos o tres años detenidos en esos calabozos preparados solo para albergar personas por 48 horas, mantiene, luego de 15 meses, a los familiares en peligro de contagio y aún más a los detenidos. Los privados de libertad no tienen distanciamiento en los calabozos, tampoco tienen agua para el aseo personal y no se les suministran tapabocas. 

Las autoridades locales municipales, regionales y nacionales no han suministrado cifras oficiales sobre los posibles casos de contagio, y con el monitoreo realizado por la ONG Una Ventana a la Libertad, solo se han confirmados seis casos que fueron detectados en detenidos del Bloque de Búsqueda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el mes de junio de 2020.

Tampoco se conoce sobre si algún privado de libertad presentaba algún síntoma asociado con el coronavirus.   Las familias que tienen a un privado de libertad en los calabozos señalan que han pedido a las autoridades, en innumerables ocasiones, operativos de desinfección de esos espacios, pero solo se han realizado uno o dos jornadas de desinfección con hipoclorito de sodio, en uno de los centros de detención.

Carmen Utrera, quien tiene a su hijo y su esposo detenidos en los calabozos de la Policía municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, detalló que no hay ni siquiera como tomar la temperatura de las personas detenidas en esa sede, para evitar contagios provocados por la COVID-19, al ser la fiebre uno de los indicadores de la enfermedad. “Si un preso tiene tos ni siquiera es aislado del resto”, dijo.

El hacinamiento es la constante en estos calabozos, donde cohabitan aproximadamente 289 privados de libertad -22 de ellos mujeres-, en espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 176 personas.   

Señaló Utrera que: “en este lugar los presos están sin tapabocas y solo han recibido una jornada de salud durante la pandemia”. Detalló que solo llegan centros cristianos y otras organizaciones que llevan solo una comida cuando la prioridad es constatar el estado de salud de los 36 detenidos en esa sede, al cierre del mes de noviembre de 2021.

Operativos y pruebas 

A pesar de la situación en la que están los privados de libertad en los CDP, las autoridades no han comenzado operativos de desinfección y tampoco se ha realizado ni un solo despistaje del virus pandémico en los ocho centros. 

Tras los monitoreos de las ONG y medios de comunicación se reflejó que tampoco se aplicaron medidas de tomar pruebas de descarte a detenidos antes de ingresar a los calabozos.

Ese hermetismo ha impedido confirmar cuántos casos de COVID-19 se han contabilizado entre los privados de libertad que se encuentran en los CDP de los Altos Mirandinos. Si algún privado de libertad presenta síntomas asociados a la enfermedad, las autoridades son celosas con la información. Mientras tanto, los parientes de los presos aseguran que la falta de agua es el principal factor que impide a los presos prevenir esta enfermedad. Tampoco pueden mantener un metro de distancia entre ellos, porque el área de los calabozos es reducida.

En una de las jornadas, 15 detenidos en el centro de detención preventiva de la comandancia General de la Policía del Estado Bolivariano de Miranda (Polimiranda) en los Teques, municipio Guaicaipuro recibieron la primera dosis de la vacuna antiCOVID-19.

El personal de la Dirección Estadal de Salud, en compañía del Secretario de Asuntos Penitenciarios de Gobierno de Miranda, Yahir Muñoz, visitó la sede para atender a la población que se encuentra recluida en los calabozos.

Destacó Muñoz que las jornadas se efectuaron en todas las Salas de Retención de la Policía de Miranda, para prevenir el contagio del personal administrativo, obrero y policial, también se efectuó la inmunización a quienes se mantienen en la primera línea de atención de los privados de libertad.

En una semana atendieron a los detenidos en la sala de custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía del municipio Guaicaipuro y la policía regional, donde se inmunizan unos 200 privados de libertad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *