Conflicto armado entre FANB y guerrilla deviene en ataques contra civiles en frontera

Fuente: Correodelcaroní

Pobladores de municipios fronterizos del estado Apure han sido obligados a desplazarse hacia Colombia. Otros denuncian ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios del FAES en El Ripial. | Foto DPA


Cinco miembros de una familia de campesinos de la población La Victoria, parroquia Urdaneta del estado Apure, fueron raptados el jueves 25 de marzo de su vivienda por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y luego aparecieron asesinados y vestidos de guerrilleros, denuncia Raiza Isabel Remolina, sobrina de una de las víctimas.

“Fueron asesinados vilmente. Del barrio 5 de Julio fueron sacados mis familiares por los grupos del FAES del Gobierno nacional. Este grupo estaba revisando todas las casas en el sector La Victoria. Se metían a las casas y supuestamente estaban buscando guerrilleros en ese barrio”, relató en un video publicado por el periodista Junior Parra.

Cuatro de las cinco personas asesinadas han sido identificadas como Luz Dery Remolina, Jefferson Uriel Ramírez, Emilio Ramírez y Ehiner Yagran Anzola Villamizar.

“A mis familiares se los llevaron y aparecieron en El Ripial, un poco más lejos de donde ellos eran. Aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares, con su uniforme. A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas y un arma a su lado. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera. A su esposo también y a su cuñado”, aseguró la joven, quien enfatizó que sus parientes eran “gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares”, expresó Remolia.

En fotografías difundidas por redes sociales se observan los cuerpos de las cinco víctimas en el piso, boca arriba, con heridas de bala, y con armamentos cerca de su cuerpo.

Fabiola Álvarez, también familiar de las víctimas, aseguró que lo ocurrido fue “una masacre. Fue un falso positivo. Jamás fueron guerrilleros. Quiero que esto pare, que haya justicia y se respeten los derechos humanos”, afirmó.

Según con los reportes de las FAES en el presunto enfrentamiento fueron abatidos un grupo de supuestos disidentes de la guerrilla colombiana, en el sector de El Ripial, en el estado Apure, en un procedimiento en el que incautaron armas de fuego, granadas, explosivos, uniformes militares e insignias de las FARC.

Ante la denuncia, el fiscal general Tarek William Saab anunció en su cuenta de Twitter que el Ministerio Público designará a dos fiscales de protección de derechos humanos para investigar los sucesos ocurridos en la población de La Victoria, estado Apure, en coordinación con el comandante estratégico operacional de la FANB, Remigio Ceballos.

“En caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente”, manifestó.

Choque armado

Las FAES llegó al estado Apure como refuerzo de la Fuerza Armada Nacional que mantiene un conflicto con grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que inició el domingo 21 de marzo con el ataque por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas a un supuesto campamento del Frente 10 de un grupo disidente de las FARC, en La Victoria, municipio Páez del estado Apure.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que durante este operativo fueron capturadas 32 personas, fallecieron dos militares venezolanos y varios resultaron heridos. Además, Padrino López detalló que también fueron destruidos seis campamentos y se decomisó armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas.

Por su parte, la organización no gubernamental Provea alertó el mismo domingo 21 de marzo sobre la detención de campesinos y medianos productores del estado Apure, durante el procedimiento de la Fuerza Armada Nacional en la localidad de La Victoria.

La respuesta de las FARC no se hizo esperar y el martes, 23 de marzo, los miembros de las disidencias de las FARC atacaron unidades de la FAN en Venezuela y sedes de instituciones del Estado venezolano.

Como consecuencia del enfrentamiento, el pueblo perdió conexión eléctrica y quedó incomunicado.

Según un reporte del medio de comunicación El Pitazo la cantidad de heridos conocida es de 18 personas hasta el lunes 22 de marzo. La mayoría de las víctimas son militares que resultaron lesionados por minas antipersonales enterradas en el campo por la guerrilla.

El Ministerio de la Defensa también confirmó que había sido “neutralizado” un supuesto guerrillero identificado como alias Nando. Sin embargo, en un comunicado los guerrilleros aseguraron que no hay bajas por parte de su grupo.

Desplazados

A causa del conflicto, pobladores de la zona han tenido que cruzar el río Arauca hacia Colombia en busca de refugio. El número de personas desplazadas hacia la localidad colombiana de Arauquita por los choques armados entre la FAN y los disidentes de las FARC se elevó el jueves a 3.961, según las autoridades de Colombia.

La Asamblea Nacional de Maduro ha negado que permita la presencia de “grupos irregulares” en la frontera, rechazando las acusaciones que hizo el presidente de Colombia | Foto DPA

“Se trata de 3.961 personas, de las cuales 2.563 son venezolanas y hacen parte de 1.028 familias. Ese es el resultado de esta incursión terrorista en territorio venezolano”, afirmó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en una declaración.

Según la Alcaldía de Arauquita hay habilitados en esa localidad 15 albergues. Allí los desplazados que huyeron son atendidos con la ayuda de organizaciones sociales y agencias internacionales como la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Colombia.

Las autoridades detallaron que entre los desplazados hay 1.615 niños, 16 mujeres embarazadas, 109 lactantes y 183 adultos mayores de 60 años.

Comunicados

Las disidencias de las FARC difundieron un comunicado el martes 23 de marzo en el que denuncian que la FAN ha violado el derecho internacional humanitario.

Aseguran que han “iniciado una operación a gran escala, con el empleo de la Fuerza Aérea, y tropas por tierra, en los que el ataque de bombardeos, desplazamiento y agresiones se han hecho hacia la población civil”.

Además reportan saqueos, robos, cobro de extorsiones y todo tipo de agresiones contra la población civil por parte de los militares venezolanos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, publicó un comunicado oficial sobre los ocurrido en su cuenta de Twitter el miércoles 24 de marzo donde asegura que “el gobierno de Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadounidense y su grupo élite de siete mil efectivos recientemente creado ha instalado un corredor de actividades ilegales… destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados en contra de Venezuela”.

Conflicto armado interno

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, manifestó que de acuerdo con los hechos ocurridos en el estado Apure, Venezuela se está adentrado en un conflicto armado interno donde se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Explicó que, a pesar que la presencia de grupos irregulares tiene décadas en el país, se limitaban al control del territorio y al ejercicio de actividades ilícitas como el narcotráfico, pero sin confrontar a Fuerza Armada Nacional, porque, como han denunciado anteriormente, estos grupos contaban con la anuencia de las altas instancias del poder en Venezuela.

Por lo que considera que los recientes choques armados constituyen un cambio en la relación del Estado con grupos guerrilleros que ha tenido consecuencias directas en la población de este estado fronterizo.

Destacó que el desplazamiento de miles de venezolanos hacia Colombia, el ajusticiamiento de civiles y falsos positivos denunciados por los familiares de las víctimas son elementos suficientes para determinar que en Venezuela se ha violado el protocolo 2 del Convenio de Ginebra, que establece la protección a los civiles que viven en el contexto de un conflicto armado interno.

Indica que se deben invocar estos tratados por las represalias contra la población civil que han tomado las fuerzas armadas contra la población de La Victoria.

“A la tragedia de la emergencia humanitaria compleja ahora se suma otra tragedia por conflicto armado”, manifestó Daniels.

Además indicó que estas represalias usualmente son justificadas por la simpatía de los civiles hacia grupos irregulares, pero destacó que estas poblaciones han sido sometidas durante décadas a la presencia de grupos irregulares lo que los obliga a convivir. “No es estar a favor sino sobrevivir en contexto de violencia y quienes pagan son los venezolanos”.

Además condenó la decisión de enviar a las FAES, organismo que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por sus actuaciones ante instancias internacionales. (Con información de DPA | Runrunes)

 Colombia mueve sus tropas…El Ministerio de Defensa de Colombia ha ordenado el despliegue de tropas militares en la frontera que comparte con Venezuela, una decisión tomada en el marco de los enfrentamientos que se registran desde hace días entre la Fuerza Armada Nacional Boliviana (FANB) y grupos disidentes colombianos.Así lo ha trasladado el comandante de la Octava División del Ejército colombiano, Mauricio Zabala, que ha detallado que la movilización de tropas busca garantizar la seguridad de la población venezolana que huye de los combates y se refugia en el departamento de Arauca.Además pretende “verificar” que, con la población desplazada, “no se vayan a mezclar integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) que están siendo atacados en territorio venezolano”, ha explicado Zabala, informa Caracol Radio.Por su parte, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, ha alertado de que personas “sin escrúpulos” se estarían aprovechando de la ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos que están en el municipio de Arauquita.“Le pido a los organismos realizar muy bien su trabajo de identificación de las personas que sí necesitan ayuda”, ha señalado, al tiempo que ha cifrado los venezolanos presentes en la localidad en 3.900, según datos de “los Bomberos, Acnur y otras ONG”. En este sentido, las autoridades locales gestionarán un “censo” para evitar que personas que no han sido desplazadas por los combates se beneficien de la ayuda humanitaria.

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