Exigieron que el Estado cumpla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Fuente: efecto Cocuyo. – La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) aseguró que después de las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio hay nueve personas con discapacidad aún detenidas, por lo que exhortaron al gobierno a garantizar sus derechos y cumplir las convenciones internacionales de protección sobre estos casos.
«Al cumplirse tres meses de estas detenciones queremos solicitar a las autoridades competentes garantizar el derecho al acceso a la justicia y la libertad y seguridad de la persona, contemplado en los artículos 13 y 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)», dijeron en un comunicado de prensa con fecha del martes 29 de octubre.
Cifraron en nueve el número de personas con discapacidad presas en el contexto poselectoral, cuando la población venezolana salió a la calle a rechazar la proclamación que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales del 28 de julio.
Un joven sordo, un adolescente con autismo y nueve personas con discapacidad presas
Consorven detalló que entre las personas detenidas por estos hechos hay un joven sordo que no conoce el lenguaje de señas, por lo que para él comunicarse tiene serias limitaciones.
«Es muy preocupante la situación de este ciudadano, ya que no tiene conocimientos de la lengua de señas venezolana y tampoco sabe leer ni escribir, en tanto no se están garantizando sus derechos como persona sorda a tener acceso a la información y comunicación de manera ajustada en todo lo relacionado al proceso penal que se está llevando en su contra», dijeron.
A su vez mencionaron el caso de un adolescente de 17 años con trastorno del espectro autista. La organización cita a sus familiares que les comentaron que el jovencito se mostró «confundido y nervioso» después de su aprehensión y que desde entonces no cuenta con «acompañamiento de profesionales para el acceso a la información».
Sobre las nueve personas con discapacidad denunciaron que «no se le están garantizando la accesibilidad ni los ajustes razonables, a los fines de comprender por qué están privados de libertad y recibir las orientaciones legales relacionadas al proceso».
Sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recordaron las obligaciones del Estado venezolano con esta población.
«El Estado asegurará el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, el ajuste de los procedimientos tomando en cuenta la discapacidad, la edad y a tener acceso en igualdad de condiciones a las garantías fundamentales y a ser tratadas bajo los principios y objetivos establecidos en ésta Convención, incluyendo la aplicación de los ajustes razonables».
