Comunidad transgénero espera con optimismo y cautela que CNE les permita ejercer su derecho a la identidad

Crónica.Uno

Richelle Briceño, excandidata a diputada en el 2020, señaló que tras reuniones con el ente rector, ha notado que existe, al menos en algunos grupos, la voluntad de hacer los cambios necesarios para que las personas transgénero puedan modificar sus nombres para que estos estén acordes con su identidad.


(22-04-2022). “No es una lucha nueva, es una lucha de hace muchos años frente a instituciones como la Asamblea Nacional (AN), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, así describió Richelle Briceño la búsqueda de las personas transgénero en Venezuela por lograr que se reconozca su derecho a cambiar su nombre.

Esta lucha, según explicó la abogada, activista de derechos humanos y excandidata a diputada de la AN, tiene al menos 12 años, desde que en el 2010 se modificó el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil (LORC) para permitir a las personas transgénero el cambio de nombre. Sin embargo, pese a que está plasmado en un instrumento jurídico de tanto peso, la realidad en Venezuela es otra.

Artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil

Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad.

Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre o representante; si es adolescente mayor de catorce años podrá solicitar personalmente el cambio de nombre propio; una vez alcanzada la mayoría de edad podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez.

En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa.

El registrador y la registradora civil procederá a la tramitación del cambio de nombre propio, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa.

Ella misma, al momento de aspirar a un puesto en el Poder Legislativo sufrió la discriminación de ser presentada en documentos oficiales ante en CNE con un nombre que, según sus palabras, “ni me identifica ni me define”.

No es el único contratiempo ni discriminación que sufren las personas transgénero en Venezuela. Cualquier acto administrativo como acudir a un banco, solicitar documentos de algún ente gubernamental, e inclusive el derecho de ejercer el voto, siempre se ve obstaculizado por el incumplimiento del artículo 146 de la LORC.

«Cuando el nombre y la fotografía que aparecen en una cédula no se corresponde con la persona que la porta, ahí la discriminación es mayor. Un acto como ir a votar, que para una persona puede durar minuto y medio o menos, para una persona transgénero se transforma en 20-30 minutos, o el famoso ‘espere un minuto mientras verificamos’ que puede tardar aún más”, narró Briceño.

Sin embargo, un cambio para esta realidad podría estar cerca. Esto gracias a una serie de reuniones, la más reciente este miércoles, que se han llevado a cabo en el CNE con asesores jurídicos y activistas de la comunidad.

Briceño narró que este acercamiento comenzó desde el 2 de septiembre del 2021, cuando luego de una protesta en el centro de Caracas un grupo de activistas y miembros de la comunidad transgénero pudo entrar a la sede del CNE y allí solicitaron ser recibidos por una autoridad. El rector Alexis Corredor atendió su llamado.

El encuentro transcurrió de buena manera y Corredor se comprometió a dar una respuesta ya que para él se trataba de un tema con un carácter “humanista y de derechos humanos”. Las elecciones del 21 de noviembre paralizaron el acercamiento, pero para el 31 de marzo de este año la primera reunión se llevó a cabo.

Briceño dijo que dos abogados en representación del CNE se reunieron con los voceros de la comunidad trans, les atendieron y escucharon sus argumentos en relación al 146 de la LORC. El encuentro culminó con una cita para el 20 de abril.

En la reunión de este miércoles el número de juristas representando al órgano comicial se elevó de dos a seis y el tema se volvió a tratar. Briceño señaló que en este, como en los demás encuentros, se notó una disposición real en solucionar el incumplimiento de la ley.

«Dentro de lo que se habló hay un elemento importante de resaltar, notamos una disposición real de abordar el tema, pero a pesar de que esta disposición existe, todavía no se ha creado un mecanismo fácil y expedito para que el artículo 146 se cumpla. De hecho, preocupa que de los abogados presentes dos dijeron que se debe solicitar una interpretación a la Sala Constitucional”, explicó.

La activista por los derechos humanos dijo que el argumento dado por los abogados para solicitar la interpretación de un artículo que a todas luces parece ser bastante claro es que “hay que blindar cualquier actuación administrativa no vaya a ser que algo termine mal hecho”. Para ella estos alegatos simplemente no tienen ningún tipo de fundamentos legales.

“Yo les expliqué que ese argumento no tiene sentido porque en el país se han llevado a cabo cambios de nombres para otras personas ¿por qué para los transgénero no?, ¿cuál es la distinción?”, se preguntó Briceño.

Esta dualidad del CNE es la que hace que los defensores de las personas transgénero y de su derecho a la identidad se sientan optimistas, pero al mismo tiempo cautelosos de lo que pueda pasar. Sin embargo, seguirán insistiendo, no solo con este, sino con otros reclamos justos de la comunidad Lgbtiq+.

“No se ha pautado otra fecha porque los abogados deben pasar la información a los rectores (del CNE) quienes tratarán el tema entre ellos ante de la próxima reunión. El compromiso está en que luego de eso nos volveremos a ver”, indicó.

Pese a que las reuniones hasta ahora solo han girado en torno al derecho de los ciudadanos transgénero a cambiar su identidad para que esta esté acorde a quienes son, no es el único tema que esperan tratar en los próximos meses. Los derechos de las familias homoparentales, el derecho de la comunidad Lgbtiq+ a tener partidos políticos, y el registro de matrimonios del mismo género celebrados fuera del país, son otras metas que se buscan alcanzar y que se espera se traten con las autoridades del CNE.

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