Fuente original: DIÁLOGO POLÍTICO. –
A partir del intervencionismo estadounidense en Venezuela la incógnita es qué modelo de transición democrática atravesará el país. Repasamos casos históricos en la región
Las transiciones del autoritarismo a la democracia en América Latina durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI han seguido patrones diversos, influenciados por factores internos y externos. Aunque cada país presenta particularidades, es posible identificar modelos que explican las dinámicas predominantes en la región. Entre ellos destacan la transición pactada, la transición por colapso, la transición controlada y la transición impulsada por movilización social. Cada uno refleja diferentes grados de negociación, conflicto y participación ciudadana.
Transición pactada
Este modelo se caracteriza por acuerdos entre sectores del régimen autoritario y actores de la oposición para garantizar una salida ordenada hacia la democracia. El objetivo principal es evitar una ruptura violenta y preservar ciertos intereses de las élites gobernantes.
En América Latina, el caso paradigmático es Chile. Tras años de dictadura militar bajo Augusto Pinochet, la transición se inició con el plebiscito de 1988, donde la opción por el cambio ganó de manera pacífica. Sin embargo, el pacto incluyó garantías para los militares, como la permanencia de Pinochet como comandante en jefe y la existencia de senadores designados. Algo similar sucedió en Uruguay con el Pacto del Club Naval en 1985.
Este tipo de transición suele generar democracias con limitaciones iniciales, donde persisten enclaves autoritarios y estructuras heredadas del régimen anterior. La ventaja es la estabilidad inicial, pero el costo es una democratización incompleta que requiere reformas posteriores para profundizar la participación y la rendición de cuentas.
Transición por colapso
En este modelo, el régimen autoritario se derrumba debido a crisis económicas, pérdida de legitimidad y fracturas internas, sin que exista un pacto formal con la oposición. La caída del régimen abre espacio para una democratización rápida, aunque con riesgos de inestabilidad.
Un ejemplo es Argentina en 1983. La dictadura militar, debilitada por la derrota en la Guerra de las Malvinas y una grave crisis económica, perdió apoyo social y político, lo que obligó a convocar elecciones sin condiciones. La transición fue abrupta y permitió un cambio profundo, pero también dejó desafíos como la falta de mecanismos para procesar las violaciones de derechos humanos y la necesidad de reconstruir instituciones democráticas desde cero.
Este modelo tiende a generar democracias más abiertas en el corto plazo, aunque vulnerables a crisis posteriores por la ausencia de consensos básicos entre actores políticos.
Transición controlada (desde arriba)
En este caso, el régimen autoritario dirige el proceso de apertura política de manera gradual y bajo su control, buscando mantener influencia en el nuevo sistema. Se trata de una liberalización limitada que avanza en etapas, con reformas institucionales diseñadas para proteger a las élites salientes.
México es un ejemplo emblemático. Durante décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejerció un control hegemónico, pero a partir de los años ochenta inició reformas electorales que permitieron mayor competencia política. La transición culminó en el año 2000 con la victoria de la oposición, pero el proceso fue largo y marcado por la persistencia de prácticas clientelares y estructuras corporativas.
Este modelo ofrece estabilidad y continuidad institucional, pero puede retrasar la consolidación democrática y perpetuar desigualdades en el acceso al poder.
Transición impulsada por movilización social
Este modelo surge cuando la presión popular, a través de protestas masivas y movimientos sociales, fuerza la apertura política y la salida del régimen autoritario. A diferencia del colapso, aquí la sociedad civil desempeña un papel central y organizado, articulando demandas de democratización.
El caso de Bolivia en los 80 ilustra esta dinámica. Tras una serie de dictaduras militares, las movilizaciones sindicales y populares, junto con la crisis económica, obligaron a los militares a convocar elecciones y entregar el poder. Este tipo de transición fortalece la legitimidad democrática inicial, pero también puede generar tensiones si las expectativas sociales no se cumplen rápidamente. Además, la falta de acuerdos institucionales previos puede derivar en inestabilidad política y conflictos recurrentes.
Transición por intervención extranjera
Otro tipo de salida del régimen autoritario, que no encaja plenamente en los modelos clásicos de transición, es la transición inducida por intervención extranjera. En estos casos, el quiebre del régimen se produce por la acción decisiva de un actor externo que altera el equilibrio de poder interno.
El caso paradigmático en América Latina es Panamá en 1989. Tras más de dos décadas de control militar, primero bajo Omar Torrijos y luego bajo Manuel Antonio Noriega, el régimen panameño colapsó a partir de la invasión militar de Estados Unidos, Operación Causa Justa. La intervención derrocó al régimen, capturó a Noriega e instaló en el poder a Guillermo Endara, vencedor reconocido de las elecciones anuladas meses antes.
La transición panameña no fue negociada ni conducida por la oposición local. Tampoco fue el resultado directo de una movilización social capaz de imponer una salida democrática. Fue, más bien, una ruptura exógena, impulsada por una decisión geopolítica que desmanteló el núcleo del poder autoritario y forzó una reorganización institucional bajo tutela externa.
Un rasgo distintivo de esta transición fue la abolición de las Fuerzas Armadas, una decisión inédita en la región que redujo drásticamente la capacidad de veto militar y facilitó la estabilización democrática posterior, ya que el actor coercitivo fue eliminado. Sin embargo, el proceso dejó una relación estructuralmente asimétrica con Estados Unidos, por dependencia en materia de seguridad.
El caso panameño muestra que la intervención extranjera puede garantizar estabilidad democrática, pero introduce un costo persistente en términos de soberanía.
¿Transición ideal?
Las transiciones democráticas en América Latina confirman que el fin de un régimen autoritario no garantiza, por sí solo, una democracia plena. El modo de salida —negociado, colapsado, controlado, movilizado o inducido— define tanto las reglas del nuevo sistema como sus límites estructurales. La región enseña que la democracia puede estabilizarse incluso en condiciones adversas, pero también que ninguna transición es neutral: cada una redistribuye poder, legitimidad y soberanía, y deja abiertas preguntas que solo el tiempo y la política pueden responder.
