El Comité por la Libertad de los Presos Políticos detalló que los reclusos estarían enfrentando una severa crisis alimentaria La organización aseguró que familiares reportaron que varios presos presentan “hematomas” en distintas partes del cuerpo
Fuente original: El Diario. – El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el domingo 2 de noviembre que los privados de libertad del centro de reclusión Yare II, ubicado en el estado Miranda, estarían recibiendo “amenazas”, además de ser posiblemente “golpeados”.
“Se reporta que varios detenidos habrían sido golpeados y que sus familiares fueron amenazados para que no denuncien. Los presos estarían recibiendo tablazos, agresiones físicas constantes, llegando a presentar extensos hematomas en distintas partes de su cuerpo”, escribió la organización en X.
El Clippve precisó que los familiares de los reclusos reportaron que la comida que estarían entregando en el penal “sería muy mala” e insuficiente, por lo que los reclusos dependen de los “pocos alimentos” que las autoridades les permiten ingresar a la cárcel.
«Estas denuncias reflejan posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por la constitución, el derecho internacional y contrarios a las Reglas Mandela”, agregó.
Exigencias al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo
El Clippve hizo un llamado tanto al Ministerio Público como a la Defensoría del Pueblo para que atienda la denuncia de los familiares de los presos de Yare II y brinden protección y garantía tanto para los parientes, como a los privados de libertad.
También pidió que se investigue de manera “urgente e independiente” la situación y que se determinen responsabilidades.
“Llamamos al país a condenar con firmeza estas lamentables condiciones a las que estarían siendo sometidas personas inocentes en cárceles crueles, que evidencian el carácter inconstitucional, cruel e inhumano de un sistema que intenta profundizar el terrorismo de Estado, transgrediendo la dignidad human”, expresó la organización.
Hizo un llamado a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos para que “activen su mecanismos de monitoreo” y acompañen a los familiares que denuncian las presuntas violaciones de derechos contra los privados de libertad.
