Yorman David León y Ariadna Pinto fueron excarcelados, pero fallecieron tras complicaciones de salud que se agravaron en la prisión
Fuente original: Efecto Cocuyo. – Al menos cinco presos políticos han muerto bajo custodia del Estado tras las elecciones del 28 de julio de 2024, mientras que dos murieron después de ser excarcelados por serias complicaciones de salud por la falta de atención médica especializada en los centros de detención donde estuvieron arrestados.
Los familiares de las víctimas han denunciado a medios de comunicación, así como en organizaciones no gubernamentales, tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que sometieron en vida a sus seres queridos, sin que haya una respuesta de la gestión chavista ante estos reclamos.
Organizaciones no gubernamentales como el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) da la información sobre los decesos de estas personas, a las que detuvieron y acusaron de ser partícipes en las revueltas contra los resultados electorales presidenciales, que dejaron más de 2 mil personas presas. Hasta este 5 de mayo, al menos 896 continúan tras las rejas.
En Efecto Cocuyo elaboramos un listado de las personas que han muerto bajo la custodia del estado entre el 29 de julio de 2024 y mayo de 2025.
Jesús Manuel Martínez Medina
El primer caso del que se tiene registro fue el de Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años, perdió la vida en el hospital Luis Razetti de Barcelona, Anzoátegui, el 14 de noviembre de 2024.
A Martínez, miembro de Vente Venezuela, lo detuvieron el 29 de julio de 2024 en Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, por actuar como testigo de mesa durante las elecciones. Padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos. Bajo custodia en la sede policial de Lechería no recibió atención médica adecuada. Una infección en la pierna derivó en necrosis, lo que ocasionó su muerte cuando lo intervenían en el hospital para amputarle las dos piernas.
“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de los detenidos, pero este caso evidencia un abandono sistemático”, señaló HRW en su informe de noviembre de 2024.
Jesús Rafael Álvarez
En diciembre de 2024, ocurrió otra muerte, esta vez en el Internado Judicial de Tocuyito, Carabobo, uno de los centros de reclusión con más deterioro y hacinamiento. Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, falleció el 12 de diciembre de 2024. Lo apresaron el 2 de agosto en El Callao, estado Bolívar, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Jesús Álvarez, hijo del fallecido, denunció que su padre sufrió maltratos reiterados y fue privado de atención médica. La familia se enteró de su muerte a través de redes sociales y se enfrentó a negativas de las autoridades para entregar el cuerpo.
Oswald Alexander González Pérez
El 16 de diciembre de 2024, cinco días después de la muerte de Álvarez, Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, también falleció en Tocuyito. Al hombre lo detuvieron el 1 de agosto de 2024 en el estado Lara junto a su hijo de 19 años de edad.
González presentó síntomas de depresión, hipertensión y un fuerte dolor abdominal, posiblemente por una dolencia hepática o hepatitis.
Las autoridades penitenciarias lo diagnosticaron, en principio, con un cólico nefrítico y retrasaron su atención médica. “No nos daban información, lo dejaron morir”, denunció su familia.
Reinaldo Araujo
Reinaldo Araujo, líder del partido Vente Venezuela en el estado Trujillo, falleció el 24 de febrero, mientras se encontraba bajo custodia del Estado venezolano, según confirmó el Comité de Derechos Humanos de la organización.
Araujo, quien había sido detenido el 9 de enero de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Valera, murió tras un deterioro progresivo de su salud que no atendieron adecuadamente durante su reclusión.
La esposa de Araujo denunció previamente que el activista presentaba problemas de salud que se agravaron en prisión, pero las autoridades no le proporcionaron atención médica oportuna, según Vente Venezuela.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante
El pasado 3 de mayo, Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de 27 años, murió bajo custodia en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
A Amaro Bustamante lo arrestaron en el estado Cojedes tras las elecciones de 2024 y su muerte fue reportada como un suicidio, según un post en X de la cuenta oficial del Comité para la Liberación de los Presos Políticos.
Murieron después de ser excarcelados
Yorman David León, un joven de 28 años detenido por su presunta participación en protestas poselectorales, falleció el 4 de febrero, un mes después de recibir una medida de excarcelación de Tocorón.
A León lo arrestaron el 29 de julio de 2024 en Naguanagua, estado Carabobo, mientras se dirigía con su primo a una estación de servicio; lo acusaron de «terrorismo, traición a la patria» y otros delitos, y permaneció en la cárcel hasta su liberación el 4 de enero de 2025, junto a un grupo de 94 presos políticos.
Durante su reclusión, León enfrentó condiciones extremas de hacinamiento, falta de agua potable y consumió alimentos en mal estado, lo que lo llevó a desarrollar desnutrición y un estado de salud crítico. Tras su excarcelación, llegó a su casa con fiebre, hematomas, una fisura y el estómago obstruido, y tras chequeos médicos se le diagnosticó dengue, una enfermedad que, agravada por su desnutrición y la falta de atención médica durante su detención, le provocó un fallo multiorgánico que le causó la muerte.
Ariadna Pinto, segunda fallecida de Cojedes
El caso de Ariadna Pinto, de 20 años de edad, es el más reciente de una presa política que murió tiempo después de ser excarcelada. A pesar de que sus familiares rogaron por su liberación, sus días en prisión empeoraron una enfermedad con la que había vivido desde que era una niña gracias al control estricto.
A Ariadna la diagnosticaron con diabetes mellitus tipo I a los 10 años, una condición que su madre, Elizabeth Pinto, lograba controlar con un tratamiento sistemático. Sin embargo, tras su detención el 1 de agosto de 2024, su salud comenzó a deteriorarse gravemente, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos por la falta atención médica, lo que provocó retención de líquidos, convulsiones y descompensaciones severas. La joven falleció el 10 de mayo.
Violencia en las cárceles
La muerte de Pinto no es un caso aislado de presos que, aunque liberados, sucumben a las secuelas de su detención. “Muchos presos políticos liberados enfrentan problemas de salud irreversibles debido a la negligencia y los maltratos sufridos”, señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un comunicado de abril de 2025.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en un informe publicado en septiembre de 2024, señaló que las detenciones arbitrarias y las condiciones de reclusión en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Las muertes en custodia son un reflejo de la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Organizaciones locales e internacionales coinciden en que el Estado venezolano es directamente responsable de estas muertes. “El derecho internacional obliga a los gobiernos a garantizar la vida e integridad de los detenidos, pero en Venezuela esto se ignora deliberadamente”, señaló HRW en su informe de noviembre de 2024.
La negligencia médica, los maltratos y la falta de transparencia son patrones recurrentes en todos los casos documentados, además de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.
