Según el monitoreo realizado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), del 1 al 31 de agosto de 2021 se registraron al menos 43 actos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas, reporteros, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, líderes políticos y la población venezolana.
A partir del análisis de los casos publicados por las fuentes de información digital nacionales e internacionales, y las denuncias que llegan directamente a nuestro portal de denuncias, se identificaron categorías colectivas de personas que no han podido ser cuantificadas individualmente. En este sentido, estos actos a pesar de afectar a un conjunto de personas, han sido considerados como un solo acto de persecución o criminalización.
Identificamos durante el mes de agosto 31 actos de intimidación y hostigamiento, que incluyen señalamientos, imposibilidad de documentar un hecho noticioso, estigmatización en el ejercicio de la profesión, cuatro emisoras de radio salieron del aire momentáneamente debido a los efectos de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, mientras que un programa de radio salió del aire por motivos políticos y dos páginas web fueron bloqueadas.
Periodistas víctimas
En la totalidad de víctimas de persecución y criminalización, identificamos 33 periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación. Cuatro emisoras de radio salieron del aire momentáneamente debido a las fallas eléctricas que desde el pasado afectan a todo el país y que en contextos de contingencias climáticas la precaria condición del servicio de electricidad se agrava, un programa de radio salió del aire en todas las emisoras en las cuales era transmitido, una página web fue víctima de un ataque cibernético, y dos procedimientos judiciales se encuentran abiertos: el primero se refiere a una orden de aprehensión por motivos políticos, y el segundo a la continuidad del proceso arbitrario contra el diario El Nacional, luego del tribunal haber declarado con lugar la demanda a favor de Diosdado Cabello.
Las acciones ejecutadas contra los trabajadores de la comunicación incluyen categorías de sujetos que no ha sido posible identificar y registrar en términos numéricos, ya que múltiples trabajadores fueron hostigados, amenazados y les impidieron registrar las actividades deportivas que se desarrollaron en el mes de agosto. Particularmente en el contexto del partido de fútbol entre la selección venezolana y la argentina, y la llegada de los atletas que representaron al país en las pasadas olimpiadas celebradas en Tokio.
Actos contra la población, organizaciones y líderes políticos
Registramos por otra parte cuatro actos de persecución y criminalización ejercidos contra la población. De manera disgregada identificamos tres actos de intimidación a través del control que se ejerce contra los trabajadores del sector público, solicitando información privada que no se relaciona con la actividad laboral que estos desarrollan, supeditando además su participación en las elecciones primarias del PSUV para mantener los beneficios económicos y sociales que reciben. Asimismo, registramos una detención arbitraria contra una docente universitaria. Los actos contra la población incluyen sujetos que no ha sido posible identificar, por tanto, es necesario tomar en cuenta que estos actos abarcan múltiples víctimas de la violación de sus derechos humanos.
Tres organizaciones (Provea, Convite y Fundehullan) fueron víctimas de actos de intimidación, incluyendo estigmatizaciones por redes sociales y a través de los medios de comunicación del Estado. Y Cáritas enfrentó obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria.
Por último, se registró el caso del alcalde del municipio Girardot, en Cojedes, Orlando Aular, quien fue víctima de actos de grave violencia física en la que estuvo en riesgo su vida, cuando funcionarios de seguridad del Estado dispararon en su contra.
Persecución y criminalización durante las primarias del PSUV
Las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se desarrollaron en medio de una profunda censura e intimidación. Trabajadores del sector público del estado Bolívar denunciaron que por trabajar en un ministerio o en otras áreas del sector público fueron obligados a votar en las elecciones primarias del partido político de Nicolás Maduro.
Los medios de comunicación también fueron víctimas de la intimidación y la censura. Los periodistas que se encontraban en los centros de votación de distintos estados con la intención de cubrir las elecciones primarias del PSUV fueron amedrentados por funcionarios públicos. Algunos fueron obligados a borrar la información cuando se encontraban tomando las denuncias de los electores y otros fueron fotografiados e impedidos de realizar sus labores.
Este patrón de intimidación y censura que se desarrolla en contextos electorales en Venezuela constituye una grave violación a los derechos políticos de la población. La coacción y presión ejercida contra la ciudadanía es parte de una acción sistemática que busca ejercer un control contra la sociedad, supeditando el goce de ciertos beneficios sociales o incluso un empleo en el sector público, a cambio de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, vulnerando principios fundamentales establecidos en la Constitución y en pactos internacionales, como lo es el voto universal, libre y secreto, lo cual implica que la ciudadanía libre de toda coacción, presión y amenaza pueda ejercer su derecho a la participación política.
Por otra parte, los impedimentos para el acceso a la información y para cubrir el evento electoral, así como los actos de intimidación, amedrentamiento e incluso violencia contra los periodistas forma parte de un patrón de censura que se agudiza en contextos electorales y que vulnera derechos humanos como el de opinión, expresión y acceso a la información libre y veraz. El rol de los periodistas es fundamental en la celebración de unas elecciones, como medio de información desde el inicio del cronograma electoral hasta los resultados post electorales. Los periodistas y trabajadores de la prensa y la comunicación, se convierten en una ventana de denuncia frente a las irregularidades que el gobierno de Nicolás Maduro a través de actos de persecución y criminalización ha buscado silenciar.
