El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) presentó el monitoreo correspondiente al mes de mayo, tocante temas que van desde la persecución a trabajadores de la prensa hasta la discriminación para la aplicación de vacunas contra la Covid19.
Durante el mes de mayo de 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos al menos 43 actos de persecución y criminalización ejercidos por el gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la prensa, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de carácter político, líderes políticos y la población en general.
Estos actos incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones, el uso de la violencia bajo la aquiescencia del Estado, el cierre y bloqueo de medios de comunicación, la apertura de procedimientos judiciales, embargos, la creación de normas que restringen el espacio cívico y un fuerte control y discriminación contra la población a través de los beneficios otorgados con la inscripción y uso de la plataforma Sistema Patria.
Ataques contra la prensa
Durante el mes de mayo ocurrieron al menos 23 ataques contra trabajadores de la prensa. Específicamente 14 actos de amenazas, estigmatización o violencia, 2 detenciones arbitrarias, 4 aperturas de procedimientos judiciales, investigaciones o embargos, 3 bloqueos de páginas web y cierre de medios.
La prensa también ha sido afectada por la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, ocasionada por quienes hoy controlan el poder. La escasez de papel, el desabastecimiento de combustible, la inflación y el alto costo de los equipos, dejó al diario El Tiempo fuera de circulación en su versión impresa.
Restricciones al espacio cívico
También registramos 2 ataques contra las organizaciones de la sociedad civil. Javier Tarazona, director de FundaRedes, denunció haber recibido amenazas por parte de organizaciones irregulares que operan en el territorio nacional y también a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión.
El otro ataque fue derivado de una normativa que restringe el espacio cívico: la Providencia 001-2021, que si bien fue derogada y sustituida por la Providencia Administrativa 002-2021, de ningún modo suspendió el cerco contra las organizaciones de la sociedad civil, ya que siguen siendo sometidas a conseguir una habilitación para el ejercicio del derecho a la asociación.
Traslado de presos políticos
Documentamos en total 7 ataques contra personeros políticos. Específicamente 4 actos de detención, una solicitud de extradición de un líder de oposición, el traslado de presos políticos a cárceles comunes sin haber informado a sus familiares y a sus defensores, y un ataque al pluralismo político.
Control social a través del Sistema Patria
La población es constantemente amenazada, criminalizada y discriminada. Durante el mes de mayo hemos registrado al menos 11 actos ejercidos contra la población. Desglosados ocurrieron 5 actos de amenaza, violencia e intimidación, 2 detenciones arbitrarias y un acto de control social a través del Sistema Patria.
El Sistema Patria constituye un mecanismo de discriminación y estigmatización social. Ya durante el mes de abril alertábamos con preocupación cómo el gobierno de Nicolás Maduro ejerce un patrón de control y discriminación contra la población supeditando la asignación de las vacunas contra la COVID-19 a la inscripción en esta plataforma digital.
En el mes de mayo se siguió utilizando la emergencia sanitaria para obtener un mayor número de personas inscritas, para alegar un índice de popularidad que no puede ser medido por esta plataforma, considerando que la población se encuentra coaccionada a inscribirse. Ahora también se ofrecen descuentos en los servicios de electricidad y agua a través del Sistema Patria, incentivando a los usuarios a que se inscriban y realicen el pago a través de éste.
CIDH observa con preocupación la situación de Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación y ha instado al gobierno de Maduro a cesar estas acciones:
Frente a la detención del general retirado Ovidio Poggioli cuando ingresaba a Venezuela, la CIDH emitió el 13 de mayo de 2021 la Resolución 41/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
El 14 de mayo, luego del embargo al diario El Nacional, tras una medida del Tribunal Supremo de Justicia que declaró con lugar la demanda por daño moral interpuesta por el líder del chavismo Diosdado Cabello, la CIDH condenó este hecho y afirmó que esta acción profundiza el cierre prolongado y sostenido de los espacios democráticos en el país.
Por último, ante el traslado de los presos políticos venezolanos a cárceles comunes, la CIDH exhortó el pasado 29 de mayo a proteger la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Así como informar a familiares y a la defensa sobre su nueva ubicación y permitirle una evaluación médica independiente.
Reiteramos que los casos presentados en este monitoreo no necesariamente representan la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de mayo. Sin embargo, si constituyen una muestra significativa que demuestra la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy controlan el poder.
Lee el informe completo aquí.
