Comerciantes informales solicitan a las autoridades municipales la asignación de un espacio fijo y la definición de horarios establecidos para la instalación de sus “tarantines”. Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado las conversaciones.
Fuente original: Crónica Uno. – A las 12:00 a. m. del 5 de agosto el estruendo de varios camiones irrumpió sin previo aviso en la plaza Francisco Narváez de La Hoyada. Marily*, una comerciante informal de 28 años de edad, apenas pudo reaccionar.
En cuestión de minutos la mercancía que Marily guardaba en un depósito improvisado fue confiscada por funcionarios de la Alcaldía del Municipio Libertador y organismos de seguridad. Sin mediar palabras se llevaron ropa, zapatos y otros artículos que vendía en su puesto .
Marily cuenta que el desalojo no solo la dejó sin sustento, también la privó de su derecho a ejercer el trabajo.
“Se llevaron todo tipo de artículos que muchos de nosotros adquirimos a crédito o con préstamos. Ahora no nos permiten trabajar, además de que estamos endeudados y sin ingresos, tampoco nos dan opciones”.
A casi una semana del desalojo, tanto Marily como otros comerciantes informales solicitan a las autoridades una reubicación que les permita continuar con sus labores de manera organizada.
Su propuesta incluye la asignación de un espacio fijo y la definición de horarios establecidos para la instalación de sus “tarantines”. Sin embargo, hasta el momento no se han iniciado las conversaciones.
Mientras los comerciantes informales claman por una alternativa que les permita ganarse la vida, los ciudadanos aplauden la desocupación de las calles que por años estuvieron abarrotadas de mercancía.
Fuentes consultadas por Crónica Uno, quienes pidieron resguardar su identidad por seguridad, señalan que la venta ambulante que forma parte de la economía informal plantea un desafío legal y social complejo.
Aunque el comercio informal es la principal fuente de ingresos de muchas familias, su actividad en calles y vías públicas socava el derecho de la ciudadanía a la movilidad y la seguridad peatonal. Eso sin incluir la obligación que recae en la autoridades locales de garantizar el orden público y el libre tránsito según la ordenanzas municipales.
Especialistas sugieren al Estado venezolano establecer una negociación y pactar acuerdos para delimitar zonas y horarios de ventas, así como la corresponsabilidad en el mantenimiento de la limpieza.
Como posible solución a largo plazo sugieren la reubicación de los vendedores en mercados, o espacios donde se hagan cumplir las normativas, y el pago de los impuestos correspondientes.
Precariedad laboral y buhonería
Soliagyelis Durán, de 24 años de edad, es técnico superior en Administración y Finanzas. Aunque se enorgullece de la carrera que eligió, no la ejerce por la falta de empleo. En cada entrevista laboral le exigen un mínimo de tres o cuatro años de experiencia, sin considerar que es una recién graduada. Tampoco le ofrecen beneficios contractuales ni un salario competitivo.
La urgencia por obtener ingresos y colaborar en su hogar la llevó a la economía informal, en abril de 2024. Primero revendió maquillaje de una marca venezolana a través de Instagram y luego franelas estampadas.
“Crecí en mi pequeño negocio hasta que monté mi puesto en La Hoyada y me iba mejor que en cualquier empresa”, dice.
Soliagyelis aspira a tener una tienda física, pero lamenta que parte de su sueño se haya truncado con el desalojo.
“Ahorraba, pero el día del desalojo perdí más de $900 en mercancía y me costará bastante recuperarme. Nadie se hace responsable. Es más fácil juzgarnos por vender en la calle que entender que tenemos el mismo derecho a subsistir”.
De acuerdo con un informe sobre la informalidad laboral, una gran proporción de los comerciantes, como Soliagyelis, deciden emprender como respuesta a la “escasa oferta laboral y salarios insuficientes” en el sector formal.
En 2020 los ocupados por cuenta propia representaban 45 % del total de empleados, un aumento significativo desde 31 % que se registró en 2014.
El incremento de la buhonería posiciona a Venezuela como el cuarto país de Latinoamérica con mayor tasa de informalidad laboral, al alcanzar 70 % frente a un promedio regional del 50 %, según estimaciones de la consultora financiera Ecoanalítica para inicios de 2025.
Intentos fallidos en el tiempo
El 12 de agosto el equipo de Crónica Uno hizo un recorrido por la plaza Francisco Narváez de La Hoyada. Aunque los espacios permanecen despejados y bajo patrullaje policial, aún se observan a los comerciantes informales que intentan vender su mercancía mientras eluden a los efectivos de seguridad.
Christian*, un comerciante informal que vende ropa masculina en La Hoyada desde hace tres años, denunció que durante el operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Caracas, los funcionarios confiscaron únicamente la mercancía de los vendedores más pequeños.
Según su testimonio los dueños de varios puestos, quienes manejan un volumen de mercancía mayor, presuntamente evadieron la confiscación con un pago a las autoridades.
“Fuimos emboscados durante la noche y se llevaron casi todo. Pero los que tienen hasta cinco puestos y sitio dentro de los mercadillos están trabajando como si nada. Mientras, nosotros seguimos sin respuestas”.
Mientras las autoridades se concentraron en La Hoyada y sus alrededores, en otras zonas emblemáticas de la ciudad, como Chacaíto y Sabana Grande, los buhoneros comerciantes informales continúan su actividad económica sin inconvenientes. Vendedores consultados por Crónica Uno coincidieron en que no han recibido notificación para desocupar el bulevar.
En la ciudad el desalojo de buhoneros no es un fenómeno reciente. Se sustenta en las ordenanzas municipales diseñadas para regular el uso de las vías y áreas comunes. En marzo de 2024, fue publicado en Gaceta Oficial el marco regulatorio de la economía en espacios públicos a cielo abierto para el municipio Libertador.
Esta normativa y otras similares en alcaldías como Chacao y Sucre establecen reglas para el comercio ambulante, prohíben la ocupación permanente de calles y facultan a las autoridades para desocupar áreas y confiscar mercancía en caso de incumplimiento.
Distintas administraciones intentaron, con base en esta legislación, erradicar el comercio informal en el pasado. No obstante, al poco tiempo resurgió en los mismos lugares o en zonas aledañas.
Un ejemplo fue el desalojo de los buhoneros de Sabana Grande en 2007, como parte de un proyecto de recuperación del espacio público que buscaba reubicar a 2900 comerciantes. Más recientemente, en 2019, vendedores informales protestaron contra los desalojos en Petare.
Visión de expertos y ciudadanos
María Nuria de Cesaris, experta en planificación urbana, explicó que los desalojos sin alternativas no son una solución viable para el problema del comercio informal.
Destacó que la naturaleza del trabajo de los vendedores ambulantes depende del flujo de personas que transitan por el espacio público, por lo que reubicarlos en sitios sin tráfico peatonal simplemente anula su medio de subsistencia.
En las calles los ciudadanos manifiestan su apoyo a los desalojos. Argumentan que la ocupación de calles y espacios públicos genera desorden, dificulta el tránsito peatonal y vehicular.
“Soy una persona con movilidad reducida y tenía tiempo sin visitar La Hoyada porque era imposible transitar. Más de una vez tropecé con los tarantines. Ahora sin comerciantes se puede pasear libremente. Creo que deberían aplicarlo en sectores como Catia”, comentó Carmen García, una enfermera jubilada, de 72 años.
La solución, según la especialista, pasa por una negociación exhaustiva que involucre a todos los actores: los comerciantes informales, los ciudadanos que usan el espacio público y quienes tienen locales en la zona.
Un funcionario de la Alcaldía del Municipio Libertador, quien pidió el anonimato, reveló que no se han iniciado conversaciones formales con los buhoneros para su reubicación.
Según la fuente, las autoridades aún no establecen un plan concreto ni han propuesto alternativas a los comerciantes, lo que extiende aún más el conflicto por el uso del espacio público.
Cesaris sugirió varias estrategias para conciliar los intereses de todas las partes. Propuso el establecimiento de normas y controles que no solo delimiten zonas y horarios, sino que también eviten la formación de mafias que acaparen los puestos.
Como ejemplos de soluciones exitosas, mencionó los mercados ambulantes, que rotan por distintas calles en días específicos de la semana, una práctica que ha tenido lugar en zonas como Chacao, lo que permite el comercio sin obstruir el tránsito.
