Censura

Apagón informativo: el impacto de las fallas eléctricas en el trabajo de la prensa venezolana

  • El apagón nacional ocurrido el 30 de agosto de 2024 dejó sin electricidad desde las 4:50 a. m. a los 23 estados y el Distrito Capital. El servicio comenzó a restablecerse en algunos sectores a partir de las 3:30 p. m., pero otros se mantuvieron a oscuras hasta por 24 horas continuas
  • Antes, durante y después del apagón nacional, medios y trabajadores de la prensa enfrentaron fallas eléctricas y de telecomunicaciones, que aún se mantienen. El progresivo deterioro de estos servicios afecta la labor periodística desde hace más de 15 años, lo que vulnera el derecho a la información de la ciudadanía
  • Quienes ejercen el periodismo en Venezuela llegan a invertir entre 50 y 3.000 dólares en equipos que suplan la falta de energía eléctrica y en servicios privados de conexión a internet, en un contexto de crisis económica y precariedad salarial

IPYS- Venezuela

(05-10-2024) El viernes 30 de agosto de 2024, los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital quedaron a oscuras. A partir de las 4:50 a.m. comenzó el segundo gran apagón que se ha registrado en el país, tras el ocurrido el 7 de marzo de 2019, cuya duración se extendió hasta por cinco días en varias regiones del país. Esta vez el servicio eléctrico se restableció antes, pero gran parte del territorio nacional permaneció sin electricidad entre 10 y 18 horas continuas.

Según el informe de Ve sin Filtro, un programa de la organización Conexión Segura y Libre, el apagón nacional generó una disminución significativa en la conectividad a internet, que cayó hasta 27% de su nivel habitual. Este reporte también refleja el impacto crítico del apagón en los estados Delta Amacuro, Sucre, Guárico, Cojedes, Miranda, Monagas y Bolívar, donde la conectividad se redujo a niveles que oscilaron entre 5% y 11% del valor normal.

IPYS Venezuela consultó con 29 trabajadores de la prensa y directores de medios ubicados en 20 estados del país y el Distrito Capital para conocer el impacto del apagón nacional en sus labores, así como el costo económico que tiene para ellos hacer periodismo en un contexto de precariedad del servicio eléctrico y de las telecomunicaciones.

Emisoras apagadas y medios digitales informando a medias

Las emisoras de radio y televisoras regionales no pudieron transmitir sus señales durante varias horas. De acuerdo con los resultados de la consulta hecha por IPYS Venezuela, en 10 estados del país ninguna estación radial pudo estar al aire mientras duró el apagón (Amazonas, Anzoátegui, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre, Trujillo, Vargas y Yaracuy).

En otros 10 estados (Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Zulia) algunas emisoras continuaron transmitiendo durante las primeras horas del día, porque cuentan con plantas eléctricas. Sin embargo, el uso de las mismas requiere de combustible, cuyo acceso es limitado en gran parte del país. Por ello, las radios con plantas eléctricas igual interrumpieron sus transmisiones en algún momento para evitar mayor gasto de gasolina o gasoil. En siete estados del país (Barinas, Bolívar, Carabobo, Mérida, Nueva Esparta, Trujillo y Zulia) los trabajadores de la prensa consultados indicaron que la mayoría de las emisoras que lograron estar al aire no difundieron información sobre el apagón.

En el caso de los medios digitales, en 17 de los 20 estados consultados por IPYS Venezuela sí hubo publicaciones informativas, principalmente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, pero escasas y con retrasos, debido a las fallas de conectividad. Reporteros que laboran para medios nacionales o internacionales tuvieron que usar equipos de suministro de energía como baterías portátiles, UPS (fuente de poder ininterrumpida, por sus siglas en inglés) y plantas eléctricas, pero no todos cuentan con estas opciones.

“Algunos periodistas se reunieron en casa de un reportero gráfico que prendió su planta eléctrica por ratos para poder enviar el material informativo a los medios de comunicación. Otros trabajaron desde centros comerciales”, contó a IPYS Venezuela una periodista del estado Carabobo.

“Los pocos periodistas que podían informar, y muy por encima también por la censura y el miedo, se movieron a centros comerciales que tienen plantas eléctricas, donde ofrecieron equipos en sus pasillos para que la gente cargara sus teléfonos. Allí también se podía tener mejor señal de internet”, refirió otra trabajadora de la prensa del estado Falcón, donde el apagón se prolongó por 24 horas continuas en varios sectores.

El costo de hacer periodismo con fallas eléctricas y de conectividad

Pero las limitaciones al trabajo informativo no solo ocurrieron durante el apagón nacional. Antes y después, medios y trabajadores de la prensa enfrentan las consecuencias de un sistema eléctrico deteriorado que causa constantes fluctuaciones de voltaje y cortes programados o imprevistos. Esta situación afecta principalmente al interior del país, donde las fallas en el suministro eléctrico y los servicios de telecomunicaciones suman más de 15 años.

Durante 2024, incluyendo el apagón del 30 de agosto, IPYS Venezuela ha registrado seis incidentes de apagones o cortes eléctricos que afectaron la conexión a internet en todo el país o en seis entidades o más al mismo tiempo.

En una emisora del estado Mérida, una fluctuación de voltaje ocurrida el 18 de agosto dañó el transformador de la consola principal y un powerhouse (un generador de energía eléctrica a batería) que los dueños habían adquirido hace unos años para proteger los equipos durante los constantes apagones y fallas eléctricas. 

“El powerhouse quedó fuera: es un equipo viejo que habíamos logrado recuperar hace poco. Lo teníamos funcionando con unas baterías prestadas. El equipo está por el orden de los 3.000 dólares y las baterías por los 500 dólares cada una. Realmente es un gasto insostenible para una emisora promedio. Al no tener ese powerhouse, si se va la electricidad quedamos fuera del aire. Pero lo que más nos preocupa es que, al no tener ese soporte, los equipos reciben directamente el impacto de la inestabilidad, lo que se puede traducir en más afectaciones”, dijo el director de esa emisora, quien pidió resguardar su identidad.

En Trujillo, un trabajador de otro dial también reportó el daño de un equipo minutos antes del apagón del 30 de agosto. “[El apagón] no solo nos sacó del aire, que es lo más fuerte, sino que también tuvimos una falla en el procesador de audio debido a las fluctuaciones previas. En este momento estoy buscando el repuesto del equipo porque tengo la señal sin procesador”, contó.

El panorama actual para las y los periodistas en Venezuela es cada vez más desafiante, en particular fuera de la capital, donde las deficiencias eléctricas y de telecomunicaciones afectan gravemente el acceso a la información y la labor periodística. En un país con un sistema eléctrico en crisis, donde las herramientas y recursos tecnológicos son costosos y difíciles de mantener, la tarea de informar se convierte en un esfuerzo titánico.

Un periodista que resida fuera de Caracas necesita contar con equipos que le suministren energía eléctrica cuando ocurran apagones para proteger sus herramientas electrónicas de trabajo ante las constantes fluctuaciones de voltaje. También debe invertir en proveedores privados de internet, pues el servicio ABA que ofrece el principal proveedor del país, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), falla con frecuencia, además de aumentar constantemente sus tarifas. 

En Delta Amacuro, por ejemplo, se señaló que el servicio ABA de Cantv cuesta el equivalente a 100 dólares mensuales, mientras que la tarifa de proveedores privados es de 80 dólares. En Anzoátegui, el costo de instalación de internet privado por fibra óptica puede llegar hasta 270 dólares, con una mensualidad que oscila entre 25 y 35 dólares. En Amazonas, la única opción de internet privado es con conexión satelital, cuya tarifa mensual oscila entre 80 y 100 dólares.

Los dispositivos que proporcionan energía eléctrica de respaldo a los equipos que la requieren, sean baterías portátiles como power banks o UPS, cuestan entre 15 y hasta 300 dólares, dependiendo de sus características y tamaño. Sin embargo, sus vidas útiles se reducen cuando las fluctuaciones de voltaje son constantes, lo que afecta su rendimiento y requiere reemplazo de baterías.

“Para mantener conectividad, compré el año pasado un UPS que costó 60 dólares, pero se dañó, porque inicialmente duraba ocho horas y me permitía tener conectados dos equipos: el módem y un distribuidor de la señal del wifi. Esas ocho horas se redujeron a cuatro y, con los constantes apagones y fluctuaciones, se fue dañando y al final duraba 40 – 45 minutos, hasta que dejó de funcionar”, contó un periodista del estado Mérida.

Libertades informativas menguadas

En un contexto de medios tradicionales reducidos y afectados por la censura y la crisis económica, la falta de conectividad o sus limitaciones reducen la libertad informativa de la ciudadanía venezolana. Según los resultados del estudio Atlas del Silencio de IPYS Venezuela, 50% de los ciudadanos y ciudadanas consultados mostraron una gran dependencia de las redes sociales y los medios digitales para obtener información local en el país, para cuyo acceso los usuarios necesitan tener conexión a internet.

Después del 7 de marzo de 2019, en Venezuela han ocurrido otros apagones de gran alcance como consecuencia del deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por falta de mantenimiento e inversión. El deterioro del servicio eléctrico en el país ha aumentado desde antes de 2010, cuando el expresidente Hugo Chávez decretó la emergencia eléctrica nacional. “Ocho años antes del decreto los especialistas encargados del sector advirtieron que era necesario aumentar la generación térmica y culminar los proyectos hidroeléctricos que estaban iniciados para que la oferta de megavatios se mantuviera por encima de la demanda nacional”, señaló una investigación de CONNECTAS.

El 30 de agosto de 2024, el gobierno nacional acusó a líderes de la oposición de ser los responsables de este nuevo apagón. “Hemos sido víctimas, una vez más, de un sabotaje eléctrico”, dijo el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. 

Cinco días después, el 4 de septiembre, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión “Con el mazo dando”, que sale al aire por el canal del Estado VTV, que hay 11 personas detenidas por estar implicadas en el apagón nacional, que insistió en atribuir a un “ataque terrorista” de “fascistas”. Dos días antes, durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el funcionario mencionó al periodista Nelson Bocaranda por haber “profetizado” el apagón debido a una publicación hecha en X por el medio digital Runrunes 12 minutos después de la caída del sistema eléctrico.

Como señala el reporte de derechos digitales 2023 de IPYS Venezuela, Algoritmos del silencio, si bien “hay un aumento en la oferta de los servicios [de internet] por parte de los proveedores, los altos costos, la limitada cobertura en áreas remotas, los cortes de energía eléctrica, la crisis económica y la falta de políticas públicas hacen que el acceso universal a este derecho, crucial para el ejercicio de otros derechos, sea cada vez más inalcanzable para los ciudadanos”.

A pesar de estas adversidades, los profesionales de la comunicación siguen encontrando formas de adaptarse y persistir, lo que muestra el compromiso de la prensa por cumplir con su rol de informar, incluso en medio de las sombras.

IPYS Venezuela reitera la necesidad de planificar y ejecutar políticas públicas para garantizar el suministro eléctrico del país, así como el acceso a internet y servicios de telecomunicaciones, que permitan el trabajo de la prensa, el acceso a la información y el libre ejercicio de otros derechos humanos.

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