María Alejandra Silva / Caleidoscopio Humano
Activistas y defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ protestaron frente a la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas para rechazar la detención de 33 personas de este colectivo durante un procedimiento policial arbitrario en un local privado en Valencia, estado Carabobo.
“No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que motivó el allanamiento, lo que sí se sabe es que no hubo una orden judicial para realizar el allanamiento ni una orden de detención”, expresó Yendri Velásquez, activista de la comunidad y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.
Los 33 hombres fueron imputados con los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”, y solo 30 de ellos fueron excarcelados la noche del pasado miércoles, bajo “régimen de presentación” cada 30 días, mientras el dueño del local y dos empleados continúan detenidos.
Para las diferentes Organizaciones No Gubernamentales y activistas este hecho representa un gran precedente dar pie a nuevos procesos de criminalización por prejuicios basados en orientación sexual y una grave violación de derechos humanos.
Por su parte, la activista y abogada Richelle Briceño, aseguró que en todo el proceso judicial al que se enfrentaron los 33 hombres se demostró la “homofobia de Estado”, y que “los hechos no se circunscriben a ningún tipo penal que se encuentre en el Código Penal venezolano”, agregando que estos hechos tienen “un impacto importantísimo en la sociedad venezolana y sus libertades”.
Los defensores entregaron un documento en la institución de justicia para exigir la investigación de los funcionarios policiales, fiscales y jueza que estuvieron involucrados en el caso, así como a los periodistas y medios de comunicación que expusieron al escarnio público a través de las publicaciones de las fotografías de los detenidos y la nulidad completa del caso para otorgarle la libertad plena de todas las personas.
“Hay que recordar que algunos medios también expusieron el estado serológico VHI de algunas personas y eso va en contra de la Ley de Protección a los derechos de las personas con VHI y sus familias”, denunció Velásquez ante los medios de comunicación.
Por último, los activistas informaron que informaron la detención arbitraria ante la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), Volker Türk, también con el Relator Especial sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, y ante la Relatoría LGBTIQ+ de la Comisión Interamericana de DDHH.
