Según lo explicado por Nicolás Maduro, la reforma modificará 80 artículos de la Constitución y apunta a avanzar hacia un modelo comunal, un nuevo modelo económico nacional y combatir los “ataques fascistas”
(24-02-2025) En entrevista con Correo del Caroní el abogado constitucionalista y director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, planteó que la reforma constitucional genera suspicacia entre los especialistas y ciudadanos, ya que implica la instalación del Poder Comunal como Poder Público en un contexto de ausencia de garantías electorales en el país, especialmente, tomando como referencia la elección del pasado 28 de julio de la cual aún no se han presentado resultados disgregados.
En este sentido, un cambio en la Carta Magna podría poner en riesgo la progresividad de los derechos humanos y las libertades en el país, atribuyendo aún más poderes al Estado venezolano, que además ha venido siendo acusado de no respetar la voluntad popular por la comunidad internacional y observadores electorales.
La declaración se da a propósito de la propuesta de reforma constitucional presentada por Nicolás Maduro durante su memoria y cuenta del año 2024, en el que decretó la creación de la Comisión Unitaria para la Reforma Constitucional integrada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la diputada Cilia Flores; el diputado Hermann Escarrá; y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta comisión tiene 90 días para presentar formalmente el texto de reforma constitucional.
Según el mandatario, la reforma apuntará a consolidar un modelo de Estado comunal, un nuevo modelo de desarrollo económico y la formulación de una carta magna antifascista. Esta última medida apunta a disipar la oposición venezolana, abiertamente considerada enemigos de la patria y fascistas, con “la creación de penas más draconianas para enfrentar las amenazas fascistas”.
Reforma y constituyente: ¿cuál es la diferencia?
Daniels explicó que la diferencia entre una reforma constitucional y una constituyente, medida como la tomada por Hugo Chávez durante su ascenso al poder en 1999, es que la reforma no debería cambiar la esencia de la Constitución vigente, la cual debe mantener los principios originales.
“La diferencia entre una constituyente y una reforma es que la constituyente puede crear una nueva constitución mientras que una reforma, de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución, implica un cambio parcial del texto constitucional siempre que no se modifique la estructura ni principios fundamentales de la Constitución. Esto quiere decir que en una reforma constitucional no podrían cambiar la forma de gobierno, es decir, si estamos en un Estado presidencialista no podríamos pasar a un estado parlamentario como ocurre en Europa. No podríamos pasar de una forma republicana a una forma monárquica”, puntualizó el jurista.
Sobre esto, el mandatario venezolano ha manifestado que se pretende cambiar 80 artículos de la Constitución, lo que representa 20% de todo el texto. Asimismo se pretende recrudecer las penas, combatir el fascismo y dar mayor protagonismo al poder comunal, recientemente beneficiado con las elecciones de jueces de paz.
“Más allá de lo numérico, se dice que se quiere construir un nuevo sistema de Estado democrático e incorporar el Poder Comunal. Ese elemento de nuevo sistema de Estado, para nosotros es un cambio en la estructura del Estado y, por tanto, no puede ir en una reforma constitucional porque, además, el Poder Comunal es un poder público que no está en la Constitución. En la única elección de rango nacional que el gobierno ha reconocido su derrota fue el referéndum revocatorio en el año 2007 y ahí el soberano venezolano se manifestó en contra del Poder Comunal. Solo por esta razón, donde se quiere plantear un nuevo sistema de Estado e incorporar un nuevo poder público, para nosotros excede los límites que la Constitución establece para realizar una reforma”, acotó el entrevistado.
Más control y restricciones: autocratización del sistema de gobierno
Esta movida se da en el marco de una cuestionada legitimidad por parte de la comunidad internacional hacia Nicolás Maduro, presunto ganador de la elección del 28 de julio con más del 51% de los votos. Según la opinión expresada por analistas en distintos medios de comunicación, la medida busca dar un paso más hacia un proceso de autocratización nacional, siendo una zarpada contundente a la disidencia política.
– ¿Considera que esta reforma busca blindar al gobierno de Maduro en el poder?
– Cuando se habla del Poder Comunal, uno podría pensar que parte de la estrategia sería que el sistema electoral cambiase de tal modo que el poder de elección recayese en el Poder Comunal. De esta manera, evitar las elecciones como las hemos venido realizando hasta ahora. Lo que debería ocurrir es que, si va a haber una reforma, debería ser para garantizar y dar mecanismos para que los electores tengan garantías de que su voto sea respetado y no ocurra lo que ha venido ocurriendo desde el 28 de julio hasta acá.
– ¿A qué apunta hablar de un nuevo modelo económico en el país?
– El Poder Público en Venezuela tiene todos los controles sobre la economía que son posibles. Es decir, en Venezuela lo que ha ocurrido es que el Estado ha dejado de regular la economía, pero las normas que habilitan al Estado para imponer precios, controlar precios, para intervenir en cualquier aspecto de la economía desde la producción hasta la exportación están ahí. No entendemos cuál puede ser un nuevo modelo porque ya el Estado venezolano puede intervenir cualquier aspecto de la economía si así lo desea. ¿Qué más poderes se pueden dar al Estado cuando los tiene todos en materia económica?
– ¿Qué consecuencias podría traer el tan mencionado fascismo? ¿Qué medidas podrían verse reflejadas en esta reforma?
– Se dijo que hasta la fecha se mantienen las conspiraciones. También que esta Constitución dejará claro que no se tolerará ninguna amenaza fascista. Cuando se dice que no se permitirán conspiraciones, esto es lo más preocupante porque puede implican cambios en el sistema penal venezolano desde la Constitución. Por ejemplo, un cambio podría ser incluir penas perpetuas. Tenemos 150 años que se derogaron las penas perpetuas. También está el hecho de que sea propuesto el que se le quite la nacionalidad a los venezolanos que se consideren traidores a la patria. Esto sería sumamente delicado porque ya en Nicaragua eso está ocurriendo. Cientos de nicaragüenses se les ha quitado la nacionalidad, en los casos que se han hecho públicos, no son nicaragüenses que tienen doble nacionalidad. Son personas que la única nacionalidad que tenían era la nicaragüense y a partir de ese momento se convirtieron en apátridas.
La respuesta hace referencia a una propuesta realizada por la diputada Iris Varela durante la discusión de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar en la Asamblea Nacional, entonces Varela propuso quitarles los documentos de identidad a aquellas personas que hayan apoyado las sanciones económicas contra Venezuela por considerarlos “traidores a la patria”.
En esta misma discusión se propuso la inhabilitación política a perpetuidad para quienes hayan promovido sanciones para el país. La propuesta fue ampliamente cuestionada, ya que la Constitución prohíbe las penas perpetuas y defiende el derecho a la identidad.
– ¿Cuáles son los riesgos de que se apruebe esta reforma constitucional para las libertades ciudadanas?
– Eso puede ser un peligro en esta Constitución. Lo mismo puede ocurrir con el límite máximo de penas, desde 1953, se estableció el límite de 30 años para las penas y, a partir de allí, se mantenía. Visto estas declaraciones, podría ser que este límite máximo aumente. Según el artículo 3 de la Constitución, la ley debe regirse por el principio de progresividad. Esto significa que, en materia de derechos humanos, usted debe ir tratando de que el principio del derecho se amplía. Si en un país la educación es gratuita hasta sexto grado, el Estado debe tratar que eso sea hasta el bachillerato o la universidad. Eso es la progresividad, que el derecho se mantenga y amplía.
Como ven, esto es algo que debe generar preocupación en la opinión pública, que merece que haya una discusión. Y más allá de que esto vaya a ser presentado a elecciones, esperemos que no se llegue allí. Es decir, que no sea porque se tenga que esperar a que la gente lo apruebe o no, sino que, desde la reacción de la sociedad civil en contra de este tipo de propuestas de llegar a materializarse, se impide que siquiera sea aprobada como propuesta. El tema de cualquier elección en Venezuela genera muchas dudas sobre si se va a respetar o no la voluntad de los electores.
