“La crisis humanitaria en Venezuela es producto de las políticas de desmantelamiento institucional, la corrupción desmedida y las constantes violaciones a los DDHH”, afirma uno de los mensajes divulgados por organizaciones humanitarias en redes sociales.
(23-09-2021). Defensores de derechos humanos fundamentales cuestionan elementos del informe presentado el miércoles por Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue “sesgado” e incumplió con su mandato porque, según dijo, “no incluyó” referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones humanitarias que expusieron que la “emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella”.
“Esta es la carencia más grave de este informe, que no recoge la realidad de lo que ocurre en el país y que vincula todos los problemas de este a las sanciones cuando, en realidad, todo lo que vivimos ha sido originado por las políticas absolutamente contrarias a los derechos humanos y al mínimo vital de los venezolanos que ha realizado este gobierno y que además lo dicen otros órganos de Naciones Unidas”, expresó.
En el documento, entre otras cosas, Douhan argumenta que las sanciones
“han dificultado la importación de alimentos, lo que lleva a la población a depender de programas sociales de alimentos o a migrar del país”.
Con la etiqueta #LaCrisisFuePrimero, varias ONG se sumaron a una campaña en redes sociales.
La organización defensora de derechos humanos, Provea subrayó que el pueblo venezolano padece una emergencia humanitaria desde mucho antes que se impusieran sanciones a Venezuela.
“Unos 2,9 millones de personas ya sufrían de hambre en 2013-105. Culpar a las sanciones de una crisis ya existente es manipulación”, puntualizaron en su cuenta en Twitter.
Alex Saab
Respecto al punto del informe en el que Douhan manifestó “preocupación” por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien cataloga como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción.
“Es simplemente la realización de actividades de Estado para hacerle un juicio en los términos legales y con el derecho a la defensa y el debido proceso que corresponde por unos delitos que están contemplados no sólo en la legislación de Estados Unidos sino prácticamente en las legislaciones de todo el mundo”, comentó.
Respecto a la condición que tendría Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento.
“Entre otras cosas porque la condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde, no se es diplomático ante el mundo sino ante países concretos donde son acreditados y, en esas circunstancias, lamentamos que esa oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones haya sido utilizada para fines diferentes a la defensa de los derechos humanos”, agregó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Douhan reclama la “devolución del patrimonio de los recursos y activos” venezolanos.
“Valoramos los esfuerzos de la relatora Douhan quien dejó claro que estas medidas, bajo la forma de castigos colectivos aplicada por Estados Unidos con la complicidad de la Unión Europea, han violado flagrantemente el derecho internacional”, declaró el funcionario a través del canal del Estado.
