Clippve exigió una explicación sobre los hechos ocurridos a la Alcaldía de Chacao por esta actuación “arbitraria e intimidatoria”
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el viernes 23 de octubre intento de restringir la libertad de expresión de víctimas y familiares de presos políticos en la plaza Francia de Altamira, municipio Chacao.
Integrantes de este comité se encontraban realizando grabaciones en ese lugar, cuando los abordaron funcionarios de la Policía de Chacao alegando que estaba “prohibido” grabar videos con las camisetas que tenían los mensajes que han acompañado la lucha de las víctimas y familiares de presos políticos en Venezuela.
“Sin ofrecer fundamento jurídico alguno, señalaron que recibían presuntas ‘presiones’ de sus superiores para exigirnos abandonar el lugar”, señaló Clippve en su cuenta de X.
Posteriormente, los funcionarios policiales les permitieron seguir con la grabación y se alejaron de supervisar la actividad. Sin embargo, el comité calificó esta acción de “arbitraria e intimidatoria”.
Clippve expresó su preocupación por este hecho
Los familiares de los presos políticos aseguraron que en el mismo lugar también se encontraban dos personas realizando grabaciones, pero los funcionarios de PoliChacao no se acercaron para llamarles la atención.
“Este hecho resulta especialmente preocupante en medio de anuncios sobre presuntos avances en las libertades políticas en Venezuela, celebrados por distintos actores nacionales e internacionales. La apertura democrática no puede medirse por declaraciones oficiales, sino por las garantías reales que tienen las personas para expresarse, organizarse y exigir sus derechos sin temor a represalias”, aseguró el comité en su publicación.
Clippve recordó que los artículos 57 y 58 de la Constitución garantizan la libertad de expresión, el uso de los medios de comunicación y difusión, y el derecho a la información sin censura.
Agregó que el artículo 52 protege el derecho de asociación, mientras que el artículo 55 establece la obligación de los cuerpos de seguridad de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas.
“Ningún funcionario puede imponer restricciones arbitrarias al ejercicio de estos derechos por el contenido de los mensajes que expresamos. Desde Clippve exigimos a las autoridades del municipio Chacao esclarecer lo ocurrido y garantizar que sus funcionarios respeten el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales”, añadió.
El comité también realizó un llamado a la comunidad intencional y a la ciudadanía a mantenerse atentos a las restricciones a las libertades civiles y políticas documentadas en Venezuela.
Denuncias de restricciones a la libertad de prensa
Además de este incidente denunciado por Clippve, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el viernes 23 de octubre que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a la periodista María Arraez, de La Verdad Vargas, acceder al campo de golf de Caraballeda, en La Guaira, para grabar y conversar con las cerca de 400 familias damnificadas que permanecen allí.
La restricción ocurrió después de que, la noche del jueves 22 de octubre, los afectados protestaron por la disminución de la ayuda para los afectados por los terremotos y las condiciones críticas del lugar, donde permanecen sobre un terreno fangoso, detalló el sindicato en su cuenta de X.
El 22 de octubre, el SNTP reportó que funcionarios de seguridad impidieron a equipos de Televen y Venevisión grabar avances informativos y realizar pases en directo desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN), sede del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
De acuerdo con la organización gremial, los reporteros intentaban grabar sus reportes desde el balcón de prensa, donde habitualmente realizan la cobertura de las sesiones parlamentarias, cuando fueron abordados por los funcionarios.
El SNTP indicó que los efectivos alegaron razones de seguridad y privacidad para impedirles trabajar dentro del salón, durante la jornada en la que se designó y juramentó a los nuevos integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales.
