De al menos 41 instituciones estatales responsables de responder al doble terremoto en Venezuela, solo 6 informaron el mismo día. Otras 14 lo hicieron en las siguientes 48 horas y 21 tardaron más de tres días o nunca comunicaron. Tres meses después, persisten los retrasos, la propaganda y los vacíos de información oficial.

NP: PROBOX. – El 02 de julio, ocho días después del  doble terremoto en Venezuela, Delcy Rodríguez ofreció una rueda de prensa para medios internacionales, de las que hace años no se veían en el país. En esta, la corresponsal de El País, María Martín, le preguntó por un despliegue estatal que los sobrevivientes describían como lento y descoordinado, con pocos funcionarios y falta de recursos básicos durante las primeras horas. Rodríguez rechazó esa versión: “Estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta… nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron”. Ante cuestionamientos similares de otros corresponsales, atribuyó las críticas a “laboratorios mediáticos” y “matrices” creadas para generar caos.

Pero esta versión puede contrastarse con unas preguntas concretas: ¿cuándo informó el Estado?, ¿qué informó? y ¿esa comunicación respondió realmente a lo que necesitaba la población en una emergencia? Para responderlas, desde ProBox monitoreamos 41 instituciones estatales con responsabilidades directas durante la crisis: desde el gobierno central y las gobernaciones más afectadas, hasta organismos técnicos, de rescate, identificación y entes encargados de servicios básicos.

El problema no fue solo la demora. El monitoreo muestra una respuesta institucional fragmentada en la que, incluso cuando hubo comunicación, muchas veces no sirvió para orientar a la población: apenas 5 de las 41 instituciones ofrecieron de forma completa la información que correspondía a su función, mientras 21 se limitaron a publicaciones propagandísticas, recorridos y agradecimientos sin datos útiles, o simplemente guardaron silencio.

Tres meses después, muchos de esos vacíos siguen sin cerrarse.

¿Cuánto tardó el Estado en informar?

El doblete sísmico ocurrió a las 6:04 de la tarde del 24 de junio, siendo el episodio de mayor magnitud registrado en Venezuela en más de un siglo. Ante una emergencia de esa escala, las primeras horas son clave para informar qué ocurrió, dónde buscar ayuda, cómo reportar desaparecidos o qué zonas evitar; por lo que el primer punto para evaluar la comunicación oficial no es solo si hubo mensajes, sino cuándo llegaron.

6:54 PM (50 minutos después)

Diosdado Cabello fue la primera voz oficial en dar declaraciones, y su intervención dejó fuera lo esencial: no dio información completa sobre las zonas afectadas, precisó que no había información exacta de la magnitud del evento sísmico y se centró en Caracas.

9:40 PM (casi cuatro horas después)

Delcy Rodríguez habló casi cuatro horas después del terremoto, y tampoco ofreció cifras sobre el estado más perjudicado, La Guaira, solo lo calificó como “duramente afectado”. El primer reporte con información sobre ese estado no llegó sino hasta las 12:04 de la madrugada del día siguiente, 25 de junio, casi seis horas después del doble terremoto, cuando se declaró zona de desastre.

10:40 PM (casi cinco horas después)

Funvisis, institución gubernamental responsable del monitoreo de la actividad sísmica y con funciones de prevención y comunicación ante este tipo de amenazas, tardó casi cinco horas en publicar su primer aviso del sismo principal con algunos datos sobre la magnitud y ubicación; pero esa información ya circulaba desde las 6:18 de la tarde, reportada primero por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y no por el organismo venezolano.

Esta demora inicial se confirma y se agrava al mirar el conjunto de las 41 instituciones que estudiamos. Apenas 6 de ellas (15%) comunicaron algo el mismo día del doblete sísmico, otras 14 lo hicieron en las siguientes 48 horas. El grupo más numeroso, sin embargo, es el tercero que agrupa a 21 instituciones (más de la mitad del total) que tardaron tres días o más en decir algo, o sencillamente nunca lo hicieron.

Registro de la primera comunicación sobre el doble terremoto del 24 de junio de 2026 de las 41 instituciones estatales venezolanas analizadas.

En ese último grupo aparecen organismos clave en una emergencia de este tipo: entes como el CICPC, el SENAMECF y el Ministerio Público, necesarios para informar sobre personas desaparecidas y fallecidas, identificación de víctimas y orientación a familiares; ministerios e instituciones responsables de servicios básicos y áreas fundamentales para la respuesta, como agua, alimentación, comunicaciones y transporte.

Las 41 instituciones analizadas tenían funciones directamente vinculadas con la atención de la emergencia y, por tanto, información específica que debían comunicar según sus competencias. El detalle de cada organismo estudiado, su rol y los reportes esperados pueden consultarse aquí.

El problema no fue solo cuándo hablaron sino qué dijeron

Comparamos las comunicaciones de cada institución con la información que debían ofrecer según su rol (cifras, protocolos, balances, alertas técnicas, listados o lineamientos) y las clasificamos en tres niveles:

• Cumplimiento total: si respondían de forma completa a lo esperado (5 instituciones, 12% del total).
• Cumplimiento parcial: si daban datos reales pero incompletos, fragmentados o sin continuidad (15 instituciones, 37% del total).
• Propaganda, gesto o silencio: si solo mostraban recorridos, visitas o agradecimientos sin información útil, o si no comunicaron nada (21 instituciones, 51% del total).

Solo 1 de cada 8 instituciones cumplió totalmente con la información que se esperaba de su función. Más de la mitad comunicó únicamente propaganda sin un solo dato accionable para la ciudadanía o no comunicó absolutamente nada hasta hoy, tres meses después.

A la falta de respuesta oportuna se sumó otro vacío clave: no existió un punto único donde la ciudadanía pudiera consultar, días o semanas después, información oficial ordenada, verificable y actualizada sobre la emergencia. Por ejemplo, al revisar los portales institucionales, apenas 20 de 41 instituciones (49%) publicaron sobre el sismo, la mayoría no dejó ningún registro propio en sus páginas web.

La ausencia de información oficial también ocurrió en un contexto de restricciones al trabajo periodístico. Tras el doble terremoto, el acceso a La Guaira fue condicionado a registros y autorizaciones oficiales; IPYS Venezuela documentó obstáculos a la cobertura en zonas afectadas, y organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión expresaron preocupación por las limitaciones al acceso de periodistas, incluidos corresponsales extranjeros.

Esto sumado a que, para el momento del terremoto y durante los meses siguientes, más de 90 medios seguían bloqueados en internet; reduciendo aún más las posibilidades de verificar lo ocurrido y documentar las necesidades en terreno. Sólo recientemente, comenzaron a levantarse algunas de esas restricciones, aunque decenas de medios todavía permanecen bloqueados.

Funvisis y La Guaira: dos casos para entender el vacío informativo

Durante la emergencia había dos fuentes especialmente importantes: Funvisis para explicar qué estaba ocurriendo y la Gobernación de La Guaira para informar qué pasaba en el territorio más afectado. En ambos casos, la información llegó tarde o fue insuficiente.

En Funvisis, el retraso de la comunicación gubernamental las primeras horas, a través de su cuenta de X, fue sólo el comienzo. El comunicado técnico con los parámetros oficiales no apareció en sus canales hasta el 31 de julio, más de un mes después, y el presidente del organismo no dio declaraciones públicas hasta el 10 de agosto; 47 días posteriores al doble sismo, según el registro publicado en la página web de la institución.

Todo esto ocurrió además en medio de un fuerte deterioro de su capacidad técnica. Según un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, la red sismológica venezolana, que llegó a tener entre 250 y 300 estaciones operativas en los años noventa, tenía apenas entre 3 y 5 activas al momento del terremoto; una infraestructura que, según el geofísico Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de esa universidad, “desapareció porque no dieron recursos” y provocó que la institución guardara silencio en el momento más crítico.

En La Guaira faltó otra información: la del territorio. El estado con más víctimas y edificios colapsados tuvo la comunicación más débil de las cinco gobernaciones analizadas. Su página web no publicó (ni ha publicado aún al día de esta investigación, 24 de octubre) información sobre el terremoto y, en su cuenta oficial de Instagram, la primera publicación relacionada con la emergencia llegó más de 5 horas después, y se trató de la republicación de un video de Delcy Rodríguez.

También en Instagram, el gobernador, José Alejandro Terán, apareció casi 9 horas después, pero sus primeras publicaciones se enfocaron en agradecimientos a la Presidencia, republicaciones de la cuenta de Delcy Rodríguez y algunos recorridos; sin ofrecer un balance formal del estado ni orientaciones para la población. La primera entrevista extensa en la que habló sobre qué ocurrió, algunos rescates, servicios, etc., llegó 18 días después.

Su programa semanal en YouTube, donde solía resumir su gestión, se emitió por última vez tres días antes del terremoto y no volvió a salir durante la emergencia. El canal no se reactivó hasta septiembre, con un video de propaganda y otro más el 10 de septiembre: “La Guaira Renace – Una Historia Contada desde la Verdad”, una pieza en la que funcionarios y otras personas reconstruyen su versión de lo ocurrido el 24 de junio.

Funvisis y la Gobernación de La Guaira reflejan el patrón general: donde debía haber información técnica, territorial y verificable, hubo retrasos, silencios o propaganda. Incluso algunas de las instituciones más necesarias durante la emergencia dejaron sin respuestas útiles a la población cuando más las necesitaba.

Informar en situaciones de emergencia no es mostrar gestión

Diversos estándares internacionales, como el Marco de Sendai de Naciones Unidas, las guías de UNDRR, INSARAG y los estándares humanitarios Esfera/CHS coinciden en algo básico: durante una emergencia, la información debe llegar temprano, ser clara y servir para tomar decisiones. En las primeras horas esto implica explicar qué ocurrió, cuáles son las zonas y riesgos principales, dónde pedir ayuda y qué hacer. En los días siguientes, deben sumarse balances de víctimas y daños, rescates, refugios, necesidades y estado de los servicios básicos.

En Venezuela, buena parte de esa información llegó de forma incompleta o dejó de actualizarse. El último balance general identificado fue publicado por Jorge Rodríguez en Instagram el 24 de agosto: 6.509 fallecidos, 6.462 rescatados y 226.696 personas atendidas en hospitales. El dato de desaparecidos es todavía más crítico: el 25 de junio se informó de 157 personas y esa cifra nunca volvió a actualizarse. Ante la falta de un registro oficial actualizado, los ciudadanos crearon plataformas digitales para registrar desaparecidos y ayudar a familiares a localizarlos.

Tres meses después, sigue sin existir un balance público, completo y actualizado de la emergencia. Persisten vacíos informativos sobre desaparecidos, daños, personas refugiadas, servicios básicos y necesidades pendientes. A esto se suman las persistentes restricciones a la prensa y los bloqueos a medios independientes presente durante buena parte de este período, que redujeron otras vías para verificar lo ocurrido y hacer seguimiento efectivo a la respuesta estatal.