Las medidas gubernamentales recientes no desmontan la estructura de persecución ni garantizan justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos
Caracas, 16 de septiembre de 2026. – La imagen que Venezuela proyecta hacia el exterior en los últimos meses sugiere una aparente flexibilización del entorno político. Sin embargo, la realidad que documentan los organismos internacionales de derechos humanos contrasta drásticamente con los discursos oficiales.
En su más reciente informe publicado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se emitió una advertencia contundente: el aparato represivo del Estado permanece plenamente operativo, intacto y listo para activarse.
Aunque el informe reconoce ciertas variaciones en el volumen de las persecuciones inmediatas respecto a periodos críticos anteriores, enfatiza que la infraestructura institucional que permitió graves violaciones a los derechos humanos —incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y persecución sistemática— no ha sido desmantelada.
1. Cambios superficiales vs. reformas estructurales
Uno de los puntos clave destacados por la Misión de la ONU es que las medidas adoptadas recientemente por el Estado venezolano son frágiles y reversibles. Las excarcelaciones puntuales y la reducción circunstancial en la frecuencia de las detenciones masivas no constituyen un avance hacia la restitución del Estado de derecho si no vienen acompañadas de reformas profundas.
«La falta de reformas institucionales reales en el sistema de justicia y los cuerpos de seguridad mantiene a la sociedad civil en una vulnerabilidad constante. Las estructuras represivas están pausadas, no desmanteladas.»
Sin la independencia del Poder Judicial y la eliminación del uso instrumental de la justicia penal contra voces disidentes, cualquier alivio en las condiciones de persecución responde únicamente a tácticas de conveniencia política.
2. Un balance alarmante: tortura, detenciones y patrones de intimidación
El reporte pone de manifiesto cifras y patrones coercitivos que demuestran la vigencia de la represión:
- Casos de tortura: La Misión continuó documentando tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en centros de detención del Estado, registrando decenas de casos en lo que va de 2026.
- Presos políticos: Cientos de personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, en muchos casos sufriendo dilaciones procesales injustificadas y condiciones insalubres de reclusión.
- Detenciones de corta duración: Se observa una transición metodológica hacia el uso de detenciones arbitrarias breves e interrogatorios intimidatorios contra defensores de DDHH, periodistas y líderes comunitarios, buscando neutralizar el activismo sin asumir el costo político de detenciones prolongadas.
3. Impunidad garantizada: perpetradores en puestos clave
El informe resalta que no ha habido una rendición de cuentas efectiva por los crímenes cometidos en los últimos años. Altos mandos e integrantes de las cadenas de mando de las fuerzas de seguridad —anteriormente señalados por la ONU como presuntos responsables de violaciones graves— continúan ocupando cargos clave o han sido promovidos dentro del esquema de poder.
Esta continuidad del personal represivo no solo garantiza impunidad a los victimarios, sino que revalida un mensaje de desamparo absoluto para las víctimas y sus familias, imposibilitando el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Desde Caleidoscopio Humano nos sumamos a las alertas y recomendaciones formuladas por la Misión Internacional de la ONU:
- Cese definitivo de la persecución: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
- Liberación incondicional: Exigir la libertad inmediata y plena de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
- Desmantelamiento del sistema represivo: Derogar la legislación restrictiva contra las ONG y restablecer la autonomía del Poder Judicial.
- Justicia y rendición de cuentas: Cooperar de manera transparente con las investigaciones internacionales para procesar a los responsables de violaciones de DDHH.
Las aperturas políticas no pueden evaluarse por concesiones unilaterales ni pactos coyunturales; el único termómetro real para medir el cambio en Venezuela es el respeto irrestricto a los derechos humanos de la población.
- 📄 Leer el informe completo en la web de la ACNUDH / OHCHR
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