Hasta el 14 de agosto, el Foro Penal registraba más de 11.000 personas sujetas a medidas cautelares restrictivas de su libertad. Prohibición de salir de sus estados o del país, hablar con medios de comunicación, usar redes sociales o presentarse periódicamente ante un tribunal son algunas de las condiciones que rigen las excarcelaciones por razones políticas. En tanto, los juicios siguen con evidentes retrasos y las condenas se mantienen
Las excarcelaciones que ha anunciado el Ejecutivo venezolano, a través del Programa para la Paz y la Convivencia, exponen de nuevo el problema que enfrentan centenares de personas procesadas por motivos políticos: el recuperar una vida a medias, atado a las decisiones de un tribunal que, actualmente, se sigue manejando por decisiones dictadas desde el Poder Ejecutivo.
Hasta el 14 de agosto, el Foro Penal registraba más de 11.000 personas sujetas a medidas cautelares restrictivas de su libertad. Hasta las 5:00 p.m. del 19 de agosto, la organización ha podido verificar la excarcelación de 87 presos políticos.
Gonzalo Himiob, abogado y director vicepresidente del Foro Penal, indica que “varía mucho el tipo de medida que se le impone a una personas y depende también de la forma jurídica que asuma su excarcelación. Por ejemplo, de las 186 personas que salieron por Ley de Amnistía, no están sujetas a ninguna medida porque se les dio libertad plena. Hay otras personas a las que se les concedió una medida humanitaria, particularmente a los que ya estaban condenados”.
De estos últimos, en algunos casos no se impusieron medidas adicionales. Sin embargo, puntualiza Himiob, está la situación de Emirlendris Benítez, a quien se le impuso una presentación cada 90 días ante tribunales.
Prohibición de salir de sus estados o del país, hablar con medios de comunicación, usar redes sociales o la presentación periódica ante un tribunal son otras de las medidas que enfrentan los excarcelados por razones políticas. En tanto, los juicios siguen y las condenas se mantienen.
En estos casos, resalta el director del Foro Penal, se materializan violaciones graves al derecho a la justicia pues algunas condiciones son “difíciles de cumplir. Por ejemplo, señala el abogado, presentarse en tribunales se ha convertido en un verdadero viacrucis. Hay otras limitaciones como la prohibición de salir del país que limitan su derecho al libre tránsito”.
«Me dijeron que me mantenga atento de lo que está pasando porque en cualquier momento se inicia el juicio… La mesa de negociación con la señora Dinorah Figuera, lo que se estaba pidiendo era la libertad plena, no estas medidas cautelares. Ciertamente siento alegría porque estoy en la calle con mi familia, mi esposa e hijos, pero con miedo a la vez porque no sé qué pensar, a qué atenerme con esta gente (el gobierno)».
Esa reflexión la hace Jesús Alberto García Páez, un extrabajador petrolero detenido el 14 de noviembre de 2023 y quien formó parte de las excarcelaciones del pasado 14 de agosto. Su abogado defensor, cuyo cambio le notificaron a principios de mes, ni siquiera estaba al tanto de que ya había salido del Internado Judicial El Rodeo I, donde estuvo dos años y seis meses.
García dice sentirse «amarrado» debido a las condiciones en que se producen las libertades bajo medidas cautelares. Él debe presentarse cada 30 días en el Palacio de Justicia en Caracas. El lunes 17, cuando se trasladó a los tribunales para determinar su situación, todavía aparecía en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) como solicitado.
«No encuentro qué hacer. Todavía aparezco solicitado por el Siipol, no puedo pedir trabajo en ningún sitio porque aparezco solicitado. Si me detiene la policía y me piden la cédula aparezco solicitado y me pueden regresar. Entonces estoy esperando con un susto en la calle», relata.
Al trasladarse al Palacio de Justicia, comenta Jesús, estaba atento a cualquier policía o patrulla en la calle. Su esposa le dijo que no era ningún delincuente, pero al no tener certezas sobre su libertad Jesús no se confía. «Es un susto constante, estás en la calle pero todo te da miedo. No puedes conciliar el sueño, tienes miedo todo el tiempo. Pido que se termine todo esto».
La carga detrás de las excarcelaciones
La situación de indefensión que enfrentan los excarcelados se vio reflejada en el caso del preso político Sixto José Salamanca. El 18 de agosto, mientras se desplazaba en transporte público junto a su esposa por la localidad de Cúpira, estado Miranda, Salamanca fue nuevamente privado de libertad en un punto de control.
Martha Tineo, codirectora de Justicia, Encuentro y Perdón, indica que el caso de Salamanca pareciera responder a un error procesal. «Estamos esperando saber de qué manera y ojalá de inmediato se resuelva esta situación».
Desde el viernes, la organización ha podido verificar la excarcelación de 88 presos políticos, todos bajo medidas de presentación referente a presentación periódica ante tribunales y prohibición de salida del país.
«Esto limita que estas personas puedan recuperar ampliamente su sentido de la vida. El hecho de estarse movilizando permanentemente a Caracas para su presentación además causa daño en lo económico y logístico. Muchos de los prisioneros políticos viven fuera de Caracas, en el interior del país, por lo que el hecho de movilizarse permanentemente supone un costo que la mayoría no tiene las condiciones económicas para asumir», dice la activista.
Recuerda que decenas de ellas son familias empobrecidas «que durante años han dividido el poco dinero que tienen entre sostener a la familia y mantener a los prisioneros políticos. Las familias son las que surten desde el agua, los alimentos, los artículos de higiene personal, la vestimenta, absolutamente todo. Son personas duramente impactadas en lo económico y tener que asumir este gasto sigue lesionando duramente sus condiciones de vida».
Así lo ha dicho Reynaldo Cortés, un sindicalista del sector educación liberado bajo cautelares desde el 2023. «Estamos presos en la calle y en peores condiciones».
Cortés, quien es profesor, no ha podido ejercer de manera formal su carrera, pese a la deficiencia en el área de enseñanza en el país. Ha advertido que estas medidas vulneran los derechos al trabajo, movilización e incluso a la identidad, pues a algunos excarcelados se les niega la expedición de cédula y pasaporte.
Tineo insiste en que esta situación impide a los presos políticos continuar sus proyecto de vida o rehacerlo. “Incluso aquel que quisiera irse del país a buscar otras oportunidades lamentablemente no puede hacerlo. Otra forma de condena es mantener a estas personas amarradas a un proceso judicial”.
Juicios en pausa
Gonzalo Himiob señala que el hecho de ser excarcelado pero sin obtener esa libertad plena «implica que sigues sujeto a un proceso penal arbitrario por motivos políticos, lo cual por sí mismo ya es una violación al derecho a la libertad».
Explica que son demasiados casos; sin embargo, en general se percibe «mucha dilación y demora procesal… Hay juicios que están paralizados, hay juicios que no han comenzado, hay investigaciones que no avanzan o lo hacen de manera irregular».
Un ejemplo de ello es el «limbo» judicial, como lo bautizó el abogado Omar Mora Tosta, que pesa contra Dignora Hernández, Henry Alviárez y otros dirigentes de Vente Venezuela vinculados a una supuesta conspiración donde se planeaban ataques a instalaciones militares.
Mora Tosta explicó que tanto Hernández como Alviárez fueron notificados hace unos meses que su caso sería remitido a un tribunal del estado Barinas, debido a una supuesta descentralización de los tribunales antiterrorismo. Sin embargo, «a Barinas nunca llegó» el expediente y se convino que todos los acusados se presentaran ante el Tribunal 1 de Juicio con competencia en terrorismo, que está ubicado en Caracas.
«Ellos están sometidos a unas medidas cautelares a las que venimos responsablemente todos los meses a dejar constancia. Hoy no los dejaron presentarse. Esa arbitrariedad, esa muestra represiva no puede ser. Aquí hay tribunales que pareciera que el 3 de enero nunca ocurrió», señaló el abogado el 17 de agosto.
Asimismo, denunció que todavía se niega la posibilidad de que puedan designar su defensa privada, solicitar copias o tener acceso al expediente para poder defenderse. «Esto es absolutamente intolerable porque viola el debido proceso y el derecho a la defensa».
