Los líderes del gremio Édgar Cárdenas y Marco Ruiz documentan que durante el primer semestre de este año, el ejercicio del periodismo continuó condicionado por la censura, el bloqueo de medios digitales, la criminalización de la labor informativa y una inseguridad jurídica que ha llevado a muchos comunicadores a recurrir a la autocensura

FUENTE ORIGINAL: EL NACIONAL. –

La libertad de prensa en Venezuela se mantiene bajo restricciones estructurales tras la captura de Nicolás Maduro. Gremios periodísticos denunciaron que la censura, los bloqueos digitales y la criminalización impiden el ejercicio informativo pleno. Líderes del gremio documentan que durante el primer semestre de este año, el ejercicio del periodismo continuó condicionado por la censura, el bloqueo de medios digitales, la criminalización de la labor informativa y una inseguridad jurídica que ha llevado a muchos comunicadores a recurrir a la autocensura para protegerse.

Édgar Cárdenas, secretario general de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), reconoce que luego del 3 de enero se abrió una “rendija pequeña” que ha permitido informar un poco más de lo que se hacía antes de esa fecha, pero advierte que el panorama sigue siendo uno de los más restrictivos y complejos, sobre todo por los reportes de agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Agresiones contra la prensa
El CNP Caracas contabiliza 134 agresiones contra la prensa entre enero y julio. La intimidación, con 24 casos, fue la principal forma de ataque, seguida del impedimento de cobertura y las detenciones arbitrarias, con 23 casos cada una.

A estas agresiones se sumaron otras prácticas, como obligar a trabajadores de medios a borrar material, deportar a corresponsales extranjeros, ataques directos, hostigamiento, cierre de emisoras de radio, amenazas, decomiso de credenciales e intentos de robo de equipos.

“Más allá de lo que afirman las autoridades, el ecosistema comunicacional sigue funcionando bajo un esquema de control”, expresa Cárdenas, quien señala que persiste un marco jurídico —que incluye la Ley contra el Odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Simón Bolívar— sancionatorio y punitivo que vulnera los derechos a la libertad de información y de expresión, y es aplicado de manera discrecional.

“Esto impide el ejercicio pleno porque hay leyes como la Ley contra el Odio, que pareciera haberse convertido en el delito comodín. Siempre hemos insistido en ese término porque a los periodistas que detienen inmediatamente les aplican la Ley contra el Odio”, indica.

“Siempre el periodista está pensando en la posibilidad de ser detenido, de ser sancionado, de que se puedan tomar medidas en su contra. Eso obliga al periodista a autocensurarse, pensando en la seguridad propia y de sus familiares, inclusive los propios medios terminan viéndose autocensurados pensando precisamente en el funcionamiento del medio, en la seguridad de sus trabajadores. Esa es una realidad indiscutible y lamentablemente eso impide un trabajo firme y sin presión”, dice.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), también dice que la captura de Maduro abrió una nueva etapa para Venezuela. Resalta cambios como la excarcelación de periodistas detenidos por motivos políticos y la reducción de algunas de las prácticas de persecución más graves, aunque aclara que no se puede hablar de una transformación estructural.

“A enero de 2026, al menos 40 periodistas y trabajadores de la prensa estaban presos o sometidos a procesos judiciales. Hoy hay más espacio, pero sigue siendo un espacio frágil. Mientras los mecanismos restrictivos permanezcan intactos y no existan garantías de no repetición, los pocos avances pueden revertirse”, manifiesta.

Añade que el SNTP ha planteado sus inquietudes ante distintas instancias con capacidad real de decisión, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, el Programa para la Paz y la Convivencia y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Hemos insistido en abrir todos los canales posibles para colocar estos temas en la agenda pública e institucional. Pero que nos reciban, nos escuchen o tomen nota no significa que esas conversaciones se hayan traducido en decisiones. Hasta ahora, esa sigue siendo la principal brecha”, expresa Ruiz.

Venezuela mantiene el cerco contra la prensa pese a la ligera apertura política

Colegio Nacional de Periodistas y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentaron 134 agresiones y medidas restrictivas en el primer semestre de 2026.

134

Agresiones documentadas

Casos registrados por el CNP Caracas entre enero y julio de 2026.

40

Trabajadores judicializados

Periodistas presos o sometidos a procesos judiciales al inicio del año.Radiografía de agresionesMarco restrictivo

Tipos de ataques más frecuentes

24

Intimidación

23

Impedimento de cobertura

23

Detenciones arbitrarias

Otras prácticas reportadas: borrado de material, deportación de corresponsales, cierre de emisoras, hostigamiento y decomiso de equipos.

Casos críticos y entorno laboral

▼ Periodistas con causas judiciales abiertas

Sujetos a medidas cautelares, restricciones de tránsito y presentaciones periódicas:

Carlos CorreaRory BrankerJonathan CarrilloCarlos Julio RojasLuis LópezGabriel González▼ Condiciones laborales de los periodistas

El pluriempleo afecta a casi 70% de los trabajadores consultados en la encuesta del SNTP.

44,8%

dos empleos

24,2%

tres o más

Estatus: Crítico

Persiste un sistema que combina controles legales, institucionales y tecnológicos, con la amenaza latente de judicialización para inhibir coberturas de interés público.

Restricciones estructurales

El desafío, agrega el secretario del SNTP, es pasar de la interlocución a medidas concretas, verificables y sostenibles, que cambien las condiciones para ejercer el periodismo. “Muchas de estas restricciones no dependen de una sola decisión ni de un solo actor. Hay prácticas instaladas e instituciones que siguen funcionando con las mismas lógicas”, asegura.

Destaca que en Venezuela existen “restricciones estructurales” que limitan la posibilidad de informar con libertad, y que no se trata solo de episodios aislados de censura o de agresiones contra periodistas, sino de un sistema que combina controles legales, políticos, institucionales y tecnológicos, además de la amenaza de judicialización y cárcel.

Ruiz afirma que ese aparato restrictivo ha sido utilizado durante años para “inhibir la cobertura” de asuntos de interés público y criminalizar determinadas extensiones. Añade que a esto se le suman otras formas de censura y de presión previas, como bloqueos de medios y plataformas digitales, cierres de emisoras, restricciones para acceder a fuentes oficiales, impedimentos de cobertura y controles arbitrarios.

“También hay una narrativa oficial que estigmatiza y criminaliza tanto a periodistas y medios como a ciudadanos que recurren a la prensa porque no encuentran respuesta en las instituciones. Eso es especialmente grave porque convierte la denuncia pública, que muchas veces es la última vía de una persona para buscar justicia, en un factor de riesgo”, expresa.

Opacidad y bloqueo

Ruiz manifiesta que la opacidad sigue siendo un obstáculo porque hay poca o ninguna información disponible, escasos mecanismos efectivos para solicitarla y enorme discrecionalidad para decidir quién accede a funcionarios, datos o documentos de interés público.

El secretario de la seccional Caracas del CNP también advierte que el acceso a la información pública es sumamente limitado e insiste en que existe un “secretismo exacerbado” en el manejo de las cifras económicas, epidemiológicas, presupuestarias o relacionadas con los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio, lo que impide conocer de primera mano los datos de las fuentes oficiales.

Expone además el bloqueo de los medios digitales y advierte sobre las dificultades para acceder a sus contenidos, especialmente porque los usuarios deben recurrir a herramientas como las VPN, que requieren ciertos conocimientos técnicos.

“Vemos cómo, ante el declive de los propios medios tradicionales como la prensa escrita, que ya no la tenemos —que en el caso venezolano desaparece no precisamente por ese proceso de migración de lo analógico a lo digital, sino por el monopolio del papel, de otros insumos, los altos costos, y la misma situación económica—, los principales proveedores de servicios de internet bloquean por instrucciones, por presión, a medios de noticias independientes, distintas plataformas que verifican datos y hacen verificación de hechos o hasta las propias redes de mensajería”, expresa.

Asimismo, Cárdenas subraya un patrón de procedimientos administrativos por parte de Conatel.

“Aquí las prioridades son el desbloqueo de los medios digitales. Las facilidades para el libre ejercicio del periodismo es apegarse a la ley, no hay que crear ninguna norma ni ninguna nueva ley; lo que hay que garantizar es la efectividad del marco jurídico que existe, donde haya protección para el trabajo periodístico y el libre ejercicio de la libertad de expresión; que la gente pueda opinar libremente a través de cualquier plataforma o recurso”, reclama.

Enfatiza que ese es un derecho inalienable e indiscutible previsto en la normativa del país.

“La persecución no desapareció”

Ruiz afirma que la persecución “no desapareció” en Venezuela después del 3 de enero, aunque sostiene que sí “cambió de intensidad y, en algunos casos, de forma”. Así lo refleja la documentación que el sindicato ha recopilado en todo el país a través de su red de delegados voluntarios, indica.

Según esos datos, durante los primeros siete meses del año, el SNTP registró al menos 46 incidentes contra periodistas y medios de comunicación, entre restricciones de cobertura, hostigamientos, amenazas, revisión de dispositivos, detenciones y otras acciones que interfieren con el trabajo periodístico.

“Lo que vemos es que esos mecanismos de control siguen activándose cuando una cobertura resulta incómoda o se produce en contextos especialmente sensibles”, dice.

Édgar Cárdenas critica la intimidación que surgió luego de los terremotos. Por reportar la falta de asistencia estatal durante la emergencia y dar espacio a sobrevivientes que denunciaban dificultades para rescatar a sus familiares y solicitaban ayuda urgente, trabajadores de la prensa, nacionales e internacionales, fueron acusados por el régimen chavista.

Delcy Rodríguez los vinculó con supuestos “laboratorios mediáticos” que buscaban difundir desinformación y generar caos en las zonas afectadas.

“Se mantuvo una política de intimidación por parte de los cuerpos de seguridad y grupos afines a esta esfera gubernamental, y esto abarca desde la retención temporal de equipos, el borrado de material, el amedrentamiento directo. Eso evidentemente incide porque el periodista se autocensura en resguardo de su seguridad, de sus equipos y del equipo técnico que lo respalda”, expresa.

“Más allá de las exigencias, hay una oposición permanente del gobierno venezolano a una apertura de la libertad que deben tener los ciudadanos y medios de comunicación de informar oportunamente. Suponemos que esto no ocurre porque no son afectos a la transparencia. Es tener control porque, quien maneja la información, maneja todo prácticamente. Un contenido de datos estadísticos, de cifras muy importantes, es una información que la sociedad requiere conocer”, reitera.

Después de los señalamientos de Rodríguez, el Ministerio de Comunicación, a cargo de Miguel Pérez Pirela, acusó en el microdocumental La autopsia de una mentira a varios medios de comunicación, entre ellos El Nacional, de difundir y amplificar noticias falsas relacionadas con el estado La Guaira y de promover como un “espectáculo” la tragedia, aun cuando muchas de las publicaciones estaban basadas en testimonios de los propios sobrevivientes.

“Prácticamente culpan a los medios de comunicación de una campaña de desestabilización y de noticias falsas, y tratan de satanizarlos”, lamenta Cárdenas. “La libertad de prensa no se mide solo por la posibilidad de publicar, sino también por las consecuencias de hacerlo y por cuánto esas amenazas condicionan las decisiones editoriales y el ejercicio mismo del periodismo”, comenta Ruiz.

Periodistas sin libertad plena

El secretario general del SNTP señala que seis periodistas excarcelados mantienen sus causas penales abiertas y continúan sujetos a medidas cautelares, restricciones al libre tránsito y la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales.

“Eso condiciona su vida personal y profesional”, alerta. 

Ruiz menciona que Carlos Correa, Rory Branker, Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López y Gabriel González siguen judicializados y que los tribunales no dan respuestas oportunas a las diligencias de sus abogados, no fijan las audiencias durante largos períodos y que, cuando finalmente las convocan, son suspendidas.

“Esa parálisis prolonga indefinidamente procesos que ya deberían estar resueltos”, expresa.

Asimismo, enfatiza la situación de decenas de periodistas y trabajadores de medios que siguen fuera de Venezuela porque en su contra hay investigaciones, acusaciones o señalamientos sin sustento que convierten en un riesgo su regreso al país.

“Garantizar su retorno seguro también debe ser parte de cualquier proceso serio de reparación y recuperación de libertades. La verdadera reparación pasa por cerrar las causas, levantar las medidas y que nadie vuelva a ser privado de libertad por procesos que nunca debieron existir”, plantea

¿Qué esperar de la negociación?

El SNTP espera que la negociación que comenzó en Venezuela el 1 de agosto entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez produzca cambios concretos en favor de la libertad de prensa y de expresión.

Ruiz asegura que el gremio está a disposición para colaborar, aportar elementos para el análisis y el diagnóstico, y contribuir a definir las prioridades dentro de la agenda en discusión. Indica que durante la primera ronda de conversaciones el sindicato entregó a la delegación que lidera Dinorah Figuera un documento que recoge años de registros, identifica brechas y plantea propuestas concretas. 

“Valoramos especialmente que, por primera vez, la libertad de expresión y de prensa aparezca como una prioridad dentro de un proceso orientado a recuperar libertades y condiciones democráticas. Ahora corresponde ver si esa prioridad se traduce en decisiones”, manifiesta.

Afirma además que, para que haya avances reales, deben cerrarse los procesos judiciales y levantarse las medidas contra periodistas, construirse garantías para el retorno seguro de quienes están en el exilio y desmontarse los mecanismos de censura y bloqueo.

También considera que debe ampliarse el acceso a la información pública y revisarse el marco legal que ha permitido criminalizar la expresión.

Cárdenas, desde el CNP-Caracas, agrega que la aspiración del gremio es que con la negociación se permita el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en Venezuela. Recuerda que en mesas de diálogo pasadas, el colegio participó para tratar de establecer acuerdos.

Admite que ve con recelo la negociación porque cree necesario que, para avanzar en el proceso, primero deben ocurrir el levantamiento de los bloqueos a los medios digitales y garantizarse que estos puedan volver a ser accesibles para los usuarios. También subraya que hay seis periodistas y trabajadores de la prensa que no gozan de libertad plena por las medidas cautelares y procesos judiciales en su contra.

“Si esos pasos no se dan, nos genera mucha duda. Realmente aquí no habría que negociar nada si vamos a los aspectos fundamentales de la norma, la libertad de expresión está garantizada en nuestra propia Constitución y en el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos. El problema no es de garantías, porque ya están establecidas en la ley, sino de voluntad para hacer cumplir la ley”, apunta.

Condiciones laborales precarias

En ese entorno de persecución y de inseguridad, los trabajadores de la prensa también enfrentan la precariedad en sus condiciones laborales, que afecta la calidad y la independencia del trabajo.

Una encuesta realizada por el SNTP en Venezuela evidencia que el pluriempleo afecta a casi 70% de los trabajadores consultados: 44,8% tiene dos empleos y 24,2% cuenta con tres o más. El estudio, citado por Ruiz, también revela que, aunque 60% reporta una relación laboral fija o indeterminada, 30% trabaja sin un contrato escrito que establezca con claridad sus condiciones laborales.

“A esto se suma el deterioro del ecosistema de medios. En los últimos 15 años han cerrado cientos de medios de comunicación y muchas redacciones se han reducido de manera significativa. Eso significa menos puestos de trabajo, menos capacidad para cubrir el país y menos alternativas para que los periodistas ejerzan en condiciones dignas”, concluye.