La profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela continúa ensañándose con los sectores más vulnerables, combinando la desatención institucional a las personas mayores y la niñez con una persistente política de persecución y retraso judicial contra presos políticos, activistas y adolescentes. Mientras la sociedad civil y diversas ONG denuncian el colapso de los servicios básicos y la crisis de protección infantil, la dilación de los tribunales y las secuelas de las detenciones arbitrarias evidencian la total precariedad de los derechos humanos en el país
Emmanuel Rivas .- Caleidoscopio Humano. –
La profundización de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha intensificado la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos, combinando la precarización sistemática con una persistente política de persecución y dilación judicial contra presos políticos, activistas y adolescentes.
Mientras la sociedad civil y diversas ONG denuncian un alarmante deterioro en la salud de más de 50 presos políticos, las recientes revelaciones de corrupción en el exterior que vinculan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con el desvío de fondos públicos venezolanos profundizan la indignación social, evidenciando un contraste dramático entre el desvalijamiento de los recursos de la nación y el colapso absoluto de las garantías básicas ciudadanas.
Envejecer en Venezuela sin derechos
En el marco del Día de las Personas Mayores, se registró una movilización en Caracas para denunciar la precariedad y la desatención institucional en la que vive este sector de la población, el cual sufre de manera desproporcionada los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Los manifestantes exigieron respeto por sus derechos fundamentales, señalando que la falta de políticas públicas con enfoque de edad los condena a una vejez marcada por la pobreza, la desnutrición y el colapso de las garantías básicas para una vida digna.
Uno de los puntos más críticos visibilizados durante la protesta fue el severo impacto de la crisis de los servicios públicos en la cotidianidad y salud de las personas mayores.
Una muestra de esta desatención es la situación que afecta al estado Sucre, donde diversas comunidades acumulan más de 90 días sin suministro de agua potable, una realidad que obliga a las personas mayores a realizar enormes esfuerzos físicos para conseguir el recurso o a depender de terceros, comprometiendo gravemente su higiene, su movilidad y su bienestar general.
CLIPPVE exige justicia frente al Ministerio Público por crisis carcelaria
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), junto a familiares de privados de libertad, se concentró frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir un pronunciamiento formal por parte de la Fiscalía respecto a los compromisos de excarcelación postergados.
Los manifestantes denunciaron el severo retraso en el cumplimiento de los procesos de liberación previamente anunciados, advirtiendo que la dilación institucional y la falta de transparencia en los tribunales prolongan la angustia de las familias y precarizan la situación legal de los detenidos.
Durante la movilización, los voceros consignaron un documento ante las autoridades judiciales para alertar sobre el alarmante deterioro de la salud de los internos en los distintos centros penitenciarios del país.
Tribunal de Terrorismo prolonga medidas restrictivas contra Luis Eduardo López
El periodista y activista Luis Eduardo López Torres acumula más de cuatro meses a la espera de una respuesta definitiva por parte del Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.
Tras haber sido excarcelado bajo medidas cautelares, luego de sufrir una detención arbitraria que se extendió desde el 14 de junio de 2024, López permanece sometido a restricciones judiciales que limitan su plena libertad.
Este retraso en el proceso alarga la persecución indirecta y el acoso institucional, una práctica sistemática registrada en el país, donde las excarcelaciones no significan una libertad total ni el cierre de los casos.
“Hasta que la última sea libre”
Familiares y activistas de derechos humanos se concentraron a las afueras del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, para realizar un pancartazo y exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todas las mujeres privadas de libertad por motivos políticos.
Durante la manifestación, los asistentes visibilizaron los rostros y nombres de las detenidas, denunciando que las recientes revisiones de medidas judiciales han dejado por fuera a decenas de mujeres que continúan tras las rejas bajo procesos judiciales viciados, sin acceso a un debido proceso y separadas de manera arbitraria de sus familias y dependientes.
La manifestación pacífica también sirvió de escenario para alertar sobre las precarias condiciones de reclusión dentro del único penal judicial femenino del país, donde la falta de atención médica oportuna, la escasez de agua potable y las deficiencias en la alimentación agravan la vulnerabilidad de las mujeres detenidas.
Excarcelan a persona mayor de 73 años y encuentra su vivienda invadida por el policía que lo arrestó
José Breijo, de 73 años y con doble nacionalidad uruguaya y venezolana, fue excarcelado bajo la medida de arresto domiciliario tras pasar más de dos años detenido arbitrariamente en la cárcel de Tocuyito bajo acusaciones de supuesto terrorismo.
Sin embargo, al llegar a su residencia ubicada en Bello Monte, Caracas, descubrió que su vivienda había sido invadida y ocupada ilegalmente por un funcionario policial perteneciente al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el mismo cuerpo de seguridad que participó en su detención original.
Ante el reclamo del afectado y la presión de activistas y usuarios de redes sociales, el funcionario devolvió el inmueble completamente desvalijado y sin ninguna de las pertenencias del propietario.
Esta situación dejó a Breijo en un estado de extrema vulnerabilidad y desamparo institucional, ya que sus problemas de salud se agudizaron durante la detención.
Más de 50 presos políticos enfrentan condiciones graves de salud
La abogada y defensora de derechos humanos, Theresly Malavé, alertó sobre la crítica situación que atraviesan los privados de libertad por motivos políticos en Venezuela, afirmando que existen más de 50 personas bajo custodia del Estado que presentan condiciones graves de salud.
La abogada denunció que el hacinamiento, la mala alimentación y, de manera sistemática, la negativa de las autoridades penitenciarias y judiciales para otorgar traslados médicos o medidas humanitarias están acelerando el deterioro físico de los detenidos, poniendo en riesgo inminente sus vidas dentro de los centros de reclusión.
Malavé enfatizó que mantener a personas enfermas tras las rejas sin la debida atención médica especializada constituye una violación flagrante al derecho a la salud y a la integridad física, además de una forma de trato cruel e inhumano.
José Luis Rodríguez Zapatero: De mediador a saqueador
Las recientes revelaciones de la justicia española sobre el entramado financiero y de tráfico de influencias que rodea al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han profundizado la indignación en Venezuela, donde la sociedad civil vincula al expresidente español con el masivo desvío de los recursos públicos.
Mientras el país se hunde en una emergencia humanitaria compleja caracterizada por el colapso hospitalario, el colapso de la economía y altos niveles de pobreza multidimensional, las investigaciones exponen cómo se desviaron millones de dólares —incluyendo esquemas vinculados al rescate de la aerolínea Plus Ultra y operaciones petroleras— para financiar favores políticos y estructuras corporativas transnacionales.
Para los defensores de derechos humanos y actores políticos locales, las pruebas que hoy cursan en los tribunales confirman que la prolongada mediación de Zapatero no estuvo guiada por razones humanitarias, sino por intereses económicos que camuflaron el desfalco a la nación.
Cada tres días un menor de edad es víctima de abuso sexual en el Zulia
La Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA) reveló el crítico estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la niñez en el estado Zulia, al registrar que cada tres días un niño, niña o adolescente es víctima de abuso sexual.
Estas cifras reflejan la profundización de una crisis de protección infantil en la región, donde la desestructuración familiar producto de la migración forzada, el colapso de las instituciones locales y la falta de programas preventivos eficaces dejan a los menores de edad expuestos a entornos de alto riesgo dentro de sus propias comunidades y hogares.
Este patrón de violencia no solo destruye el desarrollo integral de la niñez zuliana, sino que expone la alarmante impunidad y la inacción del Estado para garantizar espacios seguros para niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
Las secuelas del arresto de Samantha Hernández
Ámbar Castillo, madre de la adolescente Samantha Hernández, de 16 años, quien permaneció privada de libertad durante seis meses en un centro de reclusión de menores en Caracas bajo cargos de supuesto terrorismo, denunció que su hija fue víctima de graves tratos crueles, inhumanos y degradantes que incluyeron aislamiento prolongado en celdas insalubres, privación sistemática de luz solar y una severa restricción de alimentos y agua potable.
«Mi hija Samantha recibió tratos crueles, perdió 16 kilos y no puede dormir (…) Lo que más quiero es sacarla de Venezuela. Temo por su integridad física. Ella está ahora en el ojo del huracán. Me la persiguen, me la tienen vigilada. Ella dice: ‘Mamá, me da miedo salir’ «, aseguró la madre de la adolescente.
Samantha sigue sometida a restrictivas medidas cautelares, incluida la prohibición de salida del país.
