A los expedientes judiciales sin acceso por parte de sus defensores privados se suma una total omisión de los padecimientos médicos que sufren los presos políticos. Al menos 39 personas todavía detenidas arbitrariamente sufren de enfermedades graves como diabetes y cáncer sin atención especializada
En la noche del 26 de mayo de 2026, el general Ramón Antonio Lozada Saavedra salió en libertad luego de 9 años de una detención arbitraria. En 2017 podía caminar, pero ahora sale en silla de ruedas y con señales evidentes de una movilidad reducida. Según sus familiares, no tuvo la atención médica oportuna hasta el 2023, después de sufrir su segundo accidente cerebrovascular en reclusión.
Horas antes de que liberaran al general, cerca del Helicoide, Jean Carlos Cariel denunciaba que su hermano Ricardo necesitaba atención médica en urgencias. Él se vale de un diagnóstico que tuvo su hermano antes de ser detenido arbitrariamente: Ricardo sufrió una fractura craneal en 2009 y ahora, en su reclusión forzada, tiene más de 8 días con dolores de cabeza, mareos y pérdida del equilibrio.
«Ha tenido una atención médica primaria y general, pero no especializada. Este caso necesita atención médica especializada», dijo Jean Carlos.
Otros familiares de presos políticos, como Gloria Morales —madre de Rosmel Méndez—, no pueden denunciar con exactitud la salud de quienes están detenidos. En una de sus últimas visitas, en febrero de 2026, ella notó que su hijo tenía la piel amarilla, pero no sabe qué está sufriendo o si un médico lo ha atendido.
Para los más de 401 presos políticos que aún quedan en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal y de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), la opacidad se manifiesta en los expedientes jurídicos y en los expedientes médicos. Al menos 39 personas, casi el 10 % de los casos que existen para el 27 de mayo de 2026, presentan un estado de salud crítico confirmado por sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Una opacidad que enferma
«Es a través de la información que nos suministran las madres y los familiares de los presos políticos que podemos conocer estos casos, porque el Estado, evidentemente, no tiene información pública. No tiene cifras, no tiene nada», denunció Diago Casanova, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
En denuncias reiteradas, recopiladas por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, se ha destacado las condiciones de insalubridad de los centros de de reclusión, que expone a los presos políticos y a los presos comunes ante enfermedades sin diagnóstico.
Tal es el caso de Rodolfo José Berrio Rojas, quien está detenido arbitrariamente desde octubre de 2025 y, en la cárcel de Tocorón, ha sufrido de distintas infecciones dermatológicas. Y, según la denuncia de los familiares de Rodolfo emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de mayo de 2026, ellos han entregado medicinas para tratar lo que ellos pueden ver, pero no tienen certeza si las autoridades entregan los fármacos al preso político.
Incluso, el Clippve denuncia que la lista de riesgos es aún mayor si se toma en cuenta los casos de presos políticos que sufren de traumas físicos y psicológicos que ni los familiares ni la sociedad civil han podido detectar durante el encierro forzado.
«Las condiciones de reclusión no han cambiado en lo absoluto, a pesar de las recientes liberaciones. Ni les garantizan el acceso al agua», denuncia Casanova. «Incluso, cuando los presos políticos se enferman, el personal del recinto penitenciario les dice que están mintiendo, que montan un show. Hay centros de reclusión, como [la cárcel de San Francisco de] Yare, en donde los funcionarios directivos del penal golpean a los presos cuando les duele una parte del cuerpo con un bate o una tabla cuyo rotulado dice “acetaminofén” u otros analgésicos y fármacos».
Excarcelados y desamparados
Para Martha Tineo, abogada y directora de JEP, la falta de atención médica para los presos políticos se mantiene incluso después de su excarcelación.
Uno de los casos más destacados del desamparo estatal a los presos políticos excarcelados fue el de Javier Tarazona, que luego de pasar cuatro años y siete meses detenido arbitrariamente, tuvo que hacerse exámenes médicos por su cuenta para detectar una fibrosis pulmonar que desarrolló durante su reclusión.
«Después de que estas personas salen de esas condiciones de alta vulnerabilidad y que deterioran su salud física y mental, les toca enfrentarse a un sistema de salud prácticamente inexistente, como le pasa a todos los venezolanos», destacó Tineo.
En un país donde existe una alta demanda de personal de salud, donde los fármacos son escasos y con costos que acrecientan las vulnerabilidades de las comunidades y las instalaciones no tienen mantenimiento por años, los presos políticos excarcelados mantienen un ciclo de revictimización aunque salgan de las cárceles.
La cifra de presos políticos con enfermedades graves pasó de 60 casos mínimos en diciembre de 2025 a 39 casos como mínimo en mayo de 2026, según los datos de JEP. Pero las 22 personas excarceladas monitorean su estado de salud física por su cuenta, con el apoyo de sus familiares.
La ONG asegura que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente necesitan atención psicológica y psiquiátrica urgente por los tratos crueles e inhumanos que sufren, pero el Estado no los atiende.
Tineo asevera que muchos presos políticos y sus familiares solicitan el acompañamiento psicológico que brindan las organizaciones civiles dedicadas a los derechos humanos, «pero sabemos que no es suficiente. No tenemos las capacidades financieras para dar una atención integral. Tampoco podemos sustituir a un Estado que debe velar por los derechos humanos de su población».
