Un reporte sobre la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles desde la perspectiva de Clima21
- La transición energética es un proceso en marcha a escala global. La Conferencia de Santa Marta evidencia avances concretos, pero también tensiones y omisiones. Por su parte, Venezuela permanece ausente de una discusión clave para su futuro económico, ambiental y social.
El evento que acaba de finalizar en Santa Marta, Colombia, marcó un cambio importante en la política y la acción climática global. Por primera vez, más de 50 países, junto a organizaciones sociales, científicos e indígenas, se reunieron para discutir rutas no sobre si abandonar los combustibles fósiles, sino sobre cómo hacerlo.
De la retórica climática a la implementación
Durante décadas, las cumbres climáticas reconocieron la existencia de evidencias irrefutables de que el cambio climático es causado por el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, sus resultados se limitaron a declaraciones de intención sin compromisos vinculantes.
En Santa Marta se produjo un cambio relevante en este ciclo de inacción. El centro de la discusión fue la búsqueda de vías para implementar, de manera sostenible y justa, el abandono de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) como principales generadores de energía.
Este objetivo es complejo y con múltiples aristas que deben ser consideradas con cuidado. En ese sentido, se abordaron temas como: cómo descarbonizar la economía sin aumentar la deuda pública de los países empobrecidos, y de evitar nuevos extractivismos de minerales críticos usados en las energías limpias.
Para ello, se presentaron propuestas orientadas a la creación de modelos fiscales que protejan a las personas de menores ingresos, así como la constitución de un Fondo Social para el Clima destinado a financiar soluciones de movilidad limpia y calefacción.
Entre los resultados más importantes de las discusiones destacan:
- El establecimiento de una hoja de ruta para una transición obligatoria, eficiente y fácilmente monitoreable.
- La creación de una coalición de más de 50 países para avanzar en este proceso, junto con la convocatoria a una nueva reunión en 2027.
- La instalación de un panel científico internacional que contribuirá a orientar la toma de decisiones con base en criterios científicos, económicos y de viabilidad tecnológica.
La contribución de la sociedad civil
Otro logro importante fue la participación de representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas y la academia.
Estos actores exigieron que la transición energética justa deje de ser un concepto y se convierta en una condición no negociable en futuras negociaciones.
Entre los temas más relevantes discutidos se incluyen:
- Que los países responsables de la crisis climática aporten financiamiento para los procesos de transición en países menos favorecidos, como forma de reparación por los daños generados, sin generar nuevas deudas.
- Que los procesos de transición eviten reproducir injusticias o generar nuevos daños, especialmente para las comunidades que dependen actualmente de los hidrocarburos.
- El respeto a la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas.
- Que, sin justicia financiera ni alivio de deuda, existe un riego muy grave de aumentar las desigualdades entre países.
- Reconocer que no puede existir una transición justa sin derechos humanos.
¿El tema ambiental desapareció?
Aunque en esta conferencia los temas ambientales no fueron completamente excluidos, dejaron de ocupar el centro del debate para dar paso a discusiones enfocadas en la implementación, el financiamiento y las políticas necesarias para impulsar la transición.
Sin embargo, este desplazamiento encierra un riesgo significativo: que la acción climática termine reducida a cálculos económicos y decisiones políticas, relegando aspectos esenciales como la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y la reparación de los daños ambientales acumulados.
Si la transición energética se desconecta de su base socioambiental, corre el peligro de reproducir las mismas lógicas extractivas que busca superar. Por ello, es indispensable mantener el componente ambiental en el centro del debate, no solo como justificación, sino como criterio orientador de las decisiones.
La transición no debe ser únicamente viable, sino también verdaderamente sostenible y ambientalmente justa.
Asimismo, si la transición debe tener como columna vertebral los derechos humanos, esto debe incluir tanto el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, así como el fortalecimiento del acceso a la información pública, la participación efectiva y la justicia ambiental.
Venezuela: Ausente de una discusión decisiva
Mientras el mundo comienza a reorganizarse en torno al fin de los combustibles fósiles, Venezuela permanece al margen.
No existe información oficial que confirme la presencia de una delegación del gobierno venezolano en esta conferencia. Esta ausencia sería consistente con su trayectoria previa, caracterizada por la defensa de su derecho soberano a expandir la producción petrolera.
Sin embargo, no solo se evidenció la ausencia del Estado venezolano, sino también, en gran medida, de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes.
Esta desconexión en un espacio de esta naturaleza constituye una señal preocupante frente a una de las transformaciones económicas y ambientales más profundas del siglo XXI.
Las implicaciones para el país son significativas:
- Venezuela no está participando en la construcción de las reglas que definirán el futuro del sector energético global.
- Mientras otros países diseñan hojas de ruta, acceden a financiamiento y construyen alianzas, el país corre el riesgo de quedar atrapada en un modelo petrolero en declive.
- Se pierde acceso a financiamiento y cooperación internacional para proyectos urgentes, como la reconstrucción del sistema eléctrico y la modernización del transporte.
No estar presente implica, en la práctica, renunciar a estas oportunidades. Además, limita la posibilidad de posicionar temas críticos como los impactos socioambientales del extractivismo y los derechos humanos de las comunidades afectadas.
La transición energética como un eje prioritario de la transición nacional
Pensar la transición energética en Venezuela no es un tema secundario, es una necesidad estratégica.
Un país cuya economía, institucionalidad y tejido social han estado históricamente anclados al petróleo no puede permitirse ignorar el cambio de paradigma global que implica el abandono de los combustibles fósiles.
La transición energética debe entenderse como:
- Una oportunidad para diversificar la economía.
- Un mecanismo para reconstruir capacidades institucionales.
- Un camino para reparar deudas socioambientales acumuladas.
Pero, sobre todo, debe formar parte integral de cualquier agenda de transición política y democrática. No habrá reconstrucción sostenible sin una transformación del modelo energético.
Pasemos a la acción
Lo ocurrido en Santa Marta deja una lección clara: la transición ya comenzó, con o sin Venezuela.
Por ello, es imperativo:
- Incorporar la transición energética justa en el centro del debate nacional, colocando a las personas en el centro, por encima de los intereses económicos de una minoría.
- Activar a la sociedad civil, la academia y el sector privado para construir propuestas viables, justas y sostenibles a nivel nacional, regional y local.
- Reconectar con los espacios internacionales, no como observadores, sino como actores.
- Diseñar una hoja de ruta propia, adaptada a las realidades ambientales, económicas, sociales y territoriales del país.
La historia energética del siglo XXI se está escribiendo ahora.
La pregunta en este momento no es si Venezuela participará en ella, sino en qué lugar lo hará: como protagonista de su transformación o como rehén de su pasado basado en el extractivismo y el rentismo petrolero.
Actualmente falta voluntad y consciencia de los actores políticos y económicos para promover los cambios necesarios.
La sociedad civil deberá actuar para exigir cambios y convertirlos en agenda política urgente.
