Informe 2025: Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

NP: ESPACIO PÚBLICO. –

Situación general del derecho 2025

Enero – diciembre 2025

El ejercicio de la libertad de expresión durante el año 2025 se mantuvo bajo un esquema de restricciones estructurales que buscaron limitar el debate público y controlar el flujo de información. En un entorno caracterizado por la opacidad institucional y la persistente crisis política, el Estado sofisticó sus mecanismos de control, no solo a través de la censura directa impuesta en medios tradicionales sino también mediante el entorno digital, limitando la labor individual tanto de periodistas como de la ciudadanía. 

Esta dinámica se ve agravada por la impunidad, ya que la ausencia de independencia judicial impide que las víctimas encuentren protección y respuesta oportuna, mientras que la aplicación discrecional de leyes restrictivas sirve para legitimar la arbitrariedad. En tal sentido, el 2025 no representa una ruptura con los años anteriores, sino la profundización de un modelo que prioriza la hegemonía narrativa del Estado por encima del pluralismo democrático.

Durante el 2025 registramos al menos 123 casos¹ y 238 denuncias de violaciones, cifras que representan una disminución del 60 % con relación al total de casos y del 62 % con respecto al total de violaciones ocurridas en el 2024. Esta variación proporcional no responde a medidas tomadas desde el Estado para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Por el contrario, responde al alto número de casos registrados en el 2024, a propósito del contexto post electoral y a los altos niveles de represión que se generaron en el marco de la elección presidencial del 28 de julio de ese año.

El registro mensual refleja que el periodo con mayor ocurrencia de casos fue enero, mes que acumuló el 33,33 % del total anual con 40 casos. Este repunte coincide con la toma de posesión presidencial y las movilizaciones convocadas por la oposición en el marco de la crisis de legitimidad derivada del 28 de julio de 2024. Tras un descenso en el primer trimestre, se observó un nuevo incremento en mayo (10,83 %) y julio (10,83 %).

La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.

• El 27 de julio, en el contexto de las elecciones municipales, funcionarios del Plan República impidieron que periodistas de varios medios de comunicación cubrieran el sufragio del candidato a la alcaldía de Iribarren, Henri Falcón. Los efectivos permitieron el acceso solo a reporteros gráficos y camarógrafos, quienes podían ingresar a tomar fotografías y salir inmediatamente del centro de votación Gimnasio Los Horcones, en Barquisimeto. El resto del equipo que esperó afuera no pudo registrar declaraciones ni realizar su trabajo completamente².
• Alrededor de 10 personas sin identificación hostigaron al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, y a la periodista María Graterol en el momento en que ambos grababan testimonios de pacientes y trabajadores del Hospital Magallanes de Catia, en Caracas. Zambrano y la periodista, quien trabaja para la Red Sindical, fueron abordados por civiles “que se identificaron como líderes de la comunidad”. Los acusaron de “promover una agenda”, “perjudicarlos” y “montar una guarimba”, cuando solo grababan las opiniones de las personas sobre la reciente canonización del doctor José Gregorio Hernández³.

Criminalización de la denuncia

Las privaciones de libertad durante el año 2025 revelaron el uso de la detención como una herramienta de castigo directo contra el discurso crítico, contabilizando un total de 44 detenciones arbitrarias. La mayoría de estas medidas fueron aplicadas a personas particulares, quienes suman 24 registros (54,55 %). De ese total, 17 fueron por el uso de internet y redes sociales. En 14 de estos casos se evidenció el uso o invocación de delitos deinstigación al odio. 

Las personas afectadas principalmente son trabajadoras/es públicos, estudiantes y liderazgos comunitarios quienes, ante el cierre de espacios en medios tradicionales, recurren a canales como TikTok o Whatsapp para difundir denuncias sobre situaciones de interés público que afectan su vida cotidiana o su entorno.

Es importante destacar, que en el corto plazo existen casos que no llegan a ser denunciados formalmente por los familiares ante las organizaciones de derechos humanos, debido al temor que existe ante las posibles represalias adicionales o el empeoramiento de la situación jurídica de las personas detenidas. Esto significa que los datos cuantitativos acá presentados pueden variar posteriormente, en función de las denuncias realizadas por las víctimas y sus familias con posterioridad. 

Dichas medidas también representan un indicador de la ausencia de condiciones para denunciar de forma segura, la desconfianza generalizada hacia las autoridades, y la ocurrencia de amenazas puntuales en represalia por denunciar públicamente los casos⁴, situaciones que constituyen también violaciones a la libertad de expresión e información. 

• El Tribunal Quinto de Control del Palacio de Justicia de Coro, estado Falcón, ratificó privativa de libertad para el ciudadano y médico Alexis Zárraga⁵, quien fue arrestado de forma arbitraria el 14 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo acusaciones de “instigación al odio”. Según informaron distintos medios locales, Zárraga habría publicado mensajes críticos con el gobierno de Nicolás Maduro en grupos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.
• El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado⁶, fue detenido el 20 de marzo por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes, tras publicar denuncias en su cuenta de Facebook. Según informó en la red social X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Alvarado fue detenido por la GNB cuando se dirigía a su casa en la localidad de Apartadero y trasladado a un comando del mismo cuerpo en Agua Blanca, estado Portuguesa. Alvarado fue juzgado por incitación al odio y condenado a 15 años de prisión. El 23 de enero, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes anuló la sentencia en su contra y fue excarcelado posteriormente.
• El 29 de agosto funcionarios de la Policía Municipal de Caracas encarcelaron al líder comunitario Manuel Sánchez⁷, a quien acusaron de instigación al odio, por la difusión de denuncias en la red social TikTok, en las que criticaba la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. En noviembre, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Décimo Segundo de Ejecución, Sanchez fue sentenciado a 10 años de prisión. El 8 de diciembre de 2025 lo trasladaron a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda.

Cierre de emisoras radiales

El derecho a la información en las regiones se vio mermado por el cierre de al menos siete emisoras de radio en cinco estados del país. Estas medidas, ejecutadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bajo opacos argumentos administrativos, consolidan la política de asfixia a los medios locales y profundizan los desiertos informativos en el interior de Venezuela, limitando el acceso de las comunidades a fuentes de noticias plurales e independientes.

• Conatel ordenó el 21 de febrero el cierre de las emisoras Victoria 100.9 FMy Stilos 93.1 FM que operaban en la localidad de Biscucuy, estado Portuguesa, así como el decomiso de sus equipos⁸. El periodista y locutor de Stilos 93.1 FM, Pedro José Espino, dijo que el cierre de esa emisora se produjo alrededor de las 8:30 a. m. del 21 de febrero. Detalló que los funcionarios de la Conatel se llevaron la computadora, el monitor y los transmisores. Espino afirma que el cierre de Stilos 93.1 FM tuvo motivaciones políticas, pese a que los programas informativos se enfocaban en problemas de las comunidades y mantenían un “tono bajo” en temas que podían ser críticos con el gobierno.
• Conatel ordenó el 26 de noviembre el cierre de la emisora La Radio 93.7 FM que salía al aire en el municipio Carlos Soublette, en el estado La Guaira⁹. A la estación se presentaron cuatro funcionarios del ente estatal, levantaron un acta sobre el cierre y confiscaron los equipos de transmisión: enlace, consola, micrófono y transmisor. Alegaron que la radio estaba de manera ilegal. La emisora cumplió 12 años de labor el 13 de noviembre y su cierre dejó sin empleo a cuatro trabajadores directos y a 14 productores independientes. 

Víctimas y victimarios

En cuanto al perfil de las víctimas, la labor de periodistas y reporteros continúa siendo la más vulnerable, sumando 44 registros (34,11 %). No obstante, destaca un patrón de persecución que trasciende al gremio periodístico, afectando significativamente a personas particulares (21,71 %)¹⁰, medios de comunicación (13,18 %) y a la ciudadanía en general (11,63 %). Esta diversificación de víctimas, que incluye también a trabajadores de páginas web, camarógrafos y miembros de ONG, da cuenta del entorno de restricción ampliado donde cualquier actor social que intente difundir información u opiniones de interés público queda expuesto a represalias por parte de las autoridades. Del total de víctimas registradas, el 78 % son hombres, mientras que el 22 % son mujeres.

• Al equipo de prensa del canal argentino C5N: Nicolás Monafó, Adrián Salonia, periodistas; y al camarógrafo Sebastián Solís¹¹, los expulsaron el 9 de diciembre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Salonia denunció a través de su cuenta en la red social Instagram que una vez que el avión aterrizó a las 2:00 a.m., el equipo de migración del terminal aéreo les exigió documentos, les tomaron fotografías e interrogaron. Luego de dos horas, les indicaron que no tenían permiso de ingresar al país. “Nos condujeron a un pasillo y de ahí a la manga de un avión. Fuimos expulsados rápidamente sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos aún esperando el regreso hacia Buenos Aires”, publicó Salonia en una historia en Instagram.
• El periodista Rory Branker, editor y periodista de La Patilla, fue detenido el 20 de febrero cuando salía de su residencia junto a su pareja en su vehículo, en la ciudad de Caracas. Mientras al trabajador de La Patilla se lo llevaban a otro lugar, a su pareja la llevaron a su casa para hacer un allanamiento, sin orden una orden judicial que autorizara el procedimiento. El 26 de febrero, el ministro del interior Diosdado Cabello admitió la detención del periodista, sin ofrecer detalles de su situación jurídica o paradero. El 27 de agosto, la CIDH le otorgó medidas cautelares. Branker estuvo casi 7 meses en desaparición forzada. Fue excarcelado el 4 de febrero de 2026. 

De un total de 172 victimarios identificados, las Instituciones del Estado encabezan la lista con 75 registros (43,60%), seguidas por los Cuerpos de Seguridad con 51 casos (29,65%). Es particularmente relevante el papel de las operadoras privadas, que ocupan el tercer lugar con 26 registros (15,12%), lo que usualmente se traduce en la ejecución de bloqueos digitales y restricciones de acceso a internet por órdenes de entes gubernamentales. El resto de la cadena represiva se completa con la actuación de funcionarios (7,56%), grupos violentos (1,74%), consolidando una estructura de persecución donde el poder institucional es utilizado sistemáticamente para silenciar el flujo informativo.

Casos por ubicación 

Con respecto a la ocurrencia de casos por ubicación, destacan nuevamente la concentración de incidentes en el entorno digital, donde los casos vinculados a internet representan el 53,66 % del total (66 registros). Esta prevalencia del espacio virtual como escenario de agresión refleja el desplazamiento del control estatal hacia las redes sociales y plataformas digitales en general, mediante bloqueos y vigilancia digital. 

En el ámbito geográfico, el Distrito Capital se mantiene como la entidad con mayor cantidad de casos, seguido por los estados Táchira, Bolívar, Lara y La Guaira. 

Marco teórico metodológico

El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.

Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:

AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.

Para validar las posibles causas de violaciones graves en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario.

Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes.

1. Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones []
2. Espacio Público, 27 de julio de 2025. Cobertura perseguida el 27 de julio. Recuperado en https://espaciopublico.ong/cobertura-perseguida-el-27-de-julio/[]
3. Espacio Público, 28 de febrero de 2025. Hostigan a un activista y a una periodista por grabar en el Hospital Magallanes de Catia. Recuperado en https://espaciopublico.ong/hostigan-a-un-activista-y-a-una-periodista-por-grabar-en-el-hospital-magallanes-de-catia/[]
4. Espacio Público, 17 de diciembre de 2024. CICPC cita a Andreina Baduel por denuncias sobre los presos políticos. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/cicpc-cita-a-andreina-baduel-por-denuncias-sobre-presos-politicos/[]
5. Espacio Público, 18 de febrero de 2025. Privan de libertad a un médico en Falcón por publicar mensajes críticos en WhatsApp. Recuperado en https://espaciopublico.ong/privan-de-libertad-a-un-medico-por-mensajes-criticos-en-whatsapp/[]
6. Espacio Público, 25 de marzo de 2025. Detienen y acusan de instigación al odio al estudiante Juan Francisco Alvarado. Recuperado en https://espaciopublico.ong/detienen-por-instigacion-al-odio-al-estudiante-juan-alvarado/[]
7. Espacio Público, 29 de enero de 2026. Líder comunitario Manuel Sánchez condenado a 10 años de prisión por hacer denuncias en Tik Tok. Recuperado en https://espaciopublico.ong/manuel-sanchez-condenado-10-anos-hacer-denuncias-tik-tok/[]
8. Espacio Público, 24 de febrero de 2025. Conatel ordenó el cierre de dos emisoras en el estado Portuguesa. Recuperado en: https://espaciopublico.ong/conatel-cierra-victoria-100-9-fm-y-stilos-93-1-fm-en-portuguesa[]
9. Espacio Público, 27 de noviembre de 2025. Conatel cierra la emisora La Radio 93.7 FM en La Guaira. Recuperado en https://espaciopublico.ong/conatel-cierra-la-emisora-la-radio-93-7-fm-en-la-guaira/[]
10. Se entiende por particular a personas que no se dedican profesionalmente al periodismo, no trabajan en ninguna institución del Estado o medio de comunicación en general.[]
11. Espacio Público, 10 de diciembre de 2025. Expulsan de Venezuela al equipo de prensa del canal argentino C5N. Recuperado en https://espaciopublico.ong/expulsan-de-venezuela-al-equipo-de-prensa-del-canal-argentino-c5n/[]