Dormir en plazas públicas, aguantar hambre y recorrer cientos de kilómetros sin recursos: este es el precio que pagan las mujeres venezolanas para intentar ver a sus familiares detenidos por motivos políticos. A través del caso de Rudy Jasmin Ibarra, cuya familia denuncia extorsiones iniciales y un juicio paralizado por años, se evidencia un patrón de invisibilización de los presos rurales, quienes enfrentan a un sistema de justicia que no solo ignora su inocencia, sino que castiga su procedencia humilde con el desarraigo y el olvido
(07-04-2026) Este martes, 7 de abril, familiares de privados de libertad por el caso de los denominados «falsos positivos» se concentraron frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional en Caracas para exigir a los parlamentarios una amnistía para sus seres queridos.
Los manifestantes, provenientes de los estados fronterizos del país, denunciaron irregularidades en los procesos judiciales y solicitaron la revisión inmediata de las causas, alegando que los detenidos fueron víctimas de montajes durante operativos contra grupos irregulares.
El que se trate de jóvenes provenientes de zonas vulnerables del país, no es una casualidad.
El sistema penitenciario y judicial en Venezuela ha consolidado una estrategia de «desgaste silencioso» contra los presos por motivos políticos y sus familias, especialmente aquellas provenientes de zonas rurales y sectores vulnerables.
El traslado de detenidos desde sus estados de origen hacia Caracas, se ha convertido en una extensión de la tortura que recae principalmente sobre los hombros de las mujeres.
El caso de Rudy Ibarra
Un rostro visible de esta crisis es el de Rudy Ibarra, detenida en la población de Naranjales, en el estado Táchira.
Más de 800 kilómetros separan a Naranjales de los tribunales en Caracas, una distancia que la familia de Rudy recorre sin recursos y bajo condiciones de desamparo.
Tras más de dos años y medio de proceso, su caso ejemplifica las arbitrariedades del sistema de justicia venezolano: dos juicios interrumpidos sin causa legal, ausencia de pruebas por parte de la Fiscalía y la reciente negativa de aplicación de medidas de amnistía o beneficios procesales.
Su hermana, Diana Ibarra, ha tenido que asumir el rol de vocera y cargar con toda la logística que implica una lucha que ha desarticulado su núcleo familiar.
“Pedimos a las autoridades que hagan justicia, porque los están acusando injustamente; además, no tenemos una fuente de empleo que nos permita costear estos traslados constantes a Caracas”, denunció Ibarra Rubio.
El traslado como mecanismo de tortura familiar
Para las familias del interior del país, el traslado de un detenido a la capital no es solo un cambio de jurisdicción, sino una condena económica y emocional.
De acuerdo con el testimonio de la familia de Rudy, su detención estuvo marcada por intentos de extorsión iniciales donde se exigieron sumas de hasta 15,000 dólares bajo amenazas de muerte contra sus hijos.
Al no contar con los recursos, el proceso judicial avanzó hacia la capital, alejándola de su entorno.
La responsabilidad de los cuidados y la búsqueda de justicia recae mayoritariamente en mujeres (madres, hermanas, hijas). Estas deben viajar cientos de kilómetros, dormir en plazas públicas o refugios improvisados y depender de la caridad para alimentarse durante su estadía en Caracas.
«Reunimos entre todos los familiares únicamente para los pasajes. Pasamos el día en las plazas, haciendo diligencias, y comemos cuando podemos. Estamos aquí para hacerle saber al mundo las arbitrariedades que se cometen», agregó Diana Ibarra.
A esto se suma que estas detenciones arbitrarias han dejado a niños, niñas y adolescentes sin el cuidado materno y han provocado tragedias familiares colaterales. El padre de las hermanas Ibarra falleció recientemente tras sufrir un ACV, sin que se le permitiera ver a su hija por última vez.
Rudy Jasmin padece diversas patologías que no han recibido atención médica adecuada dentro del recinto penitenciario, aumentando el riesgo de daños irreversibles a su salud y a su integridad física.
Un sistema de justicia opaco
El caso de Rudy es solo uno de los cientos que existen en el país y revela un patrón de invisibilización con los presos políticos de zonas rurales.
Mientras los casos con “mayor perfil público” captan la atención nacional e internacional, las familias de bajos recursos enfrentan un muro burocrático donde los tribunales no ofrecen respuestas claras, prolongando la “detención preventiva” de manera indefinida.
Caleidoscopio Humano se une al clamor de los familiares que exigen la libertad inmediata de Rudy Jasmin Ibarra y de todos los detenidos injustamente, así como el cese de los traslados discrecionales que buscan quebrar la resistencia de quienes, desde la precariedad, no dejan de exigir justicia.
